Mireya Cuéllar Ť El mapache no se esconde en el padrón electoral. El instrumento ``está desactualizado pero es confiable''.

A esa conclusión llega el consejero Juan Molinar Horcasitas, quien desde el Consejo General del IFE coordinó las distintas verificaciones realizadas en los últimos meses al listado nominal que se usará el 6 de julio.

Este martes el Consejo General del IFE deberá emitir una declaración formal en torno del padrón, con lo cual dará su aval al listado que estará en las mesas de casilla.

``Para mí ha dejado de ser un instrumento de desconfianza; no sólo creo que no hay mapache en el padrón, lo sé porque tengo los datos, he acumulado una gran cantidad de información que me dice eso'', comenta Molinar después de revisar los resultados de más de tres verificaciones (la de la Comisión Nacional de Vigilancia, en la que participaron los partidos; la del Comité Técnico, encabezada por un grupo de científicos; la de un grupo de apoyo que barrió secciones ``atípicas''É)

``Cuando hablo de que el padrón es confiable quiero decir que no ha sido manipulado por el Registro Federal de Electores para beneficiar a una u otra organización, y que el nivel de inconsistencias que tiene es relativamente bajo y en su mayoría son producto del comportamiento normal de la población''.

En la víspera de las elecciones presidenciales de 1994 el centro de las desconfianzas fue el padrón electoral. Hoy, de cara al 6 de julio, las múltiples verificaciones han alertado sobre su ``desactualización'', que es de 20 por ciento. Es decir, muchos ciudadanos cambiaron de domicilio y no se han dado de alta con su nueva dirección. Tienen una credencial con datos anteriores y si desean votar deberán visitar su antiguo domicilio.

Esta desactualización no es imputable más que al ciudadano, afirma Molinar; son conductas de la población que impactan la calidad del padrón y lo deterioran.

La gente no se interesa por actualizar el domicilio que lleva en su credencial porque para fines de identificación no es necesario.

Para el consejero se avecina un debate en el país sobre los temas de la credencial para votar, la cédula única de identidad y la seguridad de la información que los ciudadanos entregan al RFE.

La sociedad deberá decidir, subrayó, qué clase de padrón electoral desea; si lo quiere tener muy actualizado deberá encontrar instrumentos que estimulen a la población a reportar sus cambios de domicilio quizá aplicando una ley punitiva, ``cosa que no me gustaría'', o haciendo convenios con las instituciones que la aceptan como identificación para que demanden que esté actualizada.

Otra posibilidad es levantar un censo electoral cada diez años o cada seis, como se hizo en 1991 --datos que sirvieron de base al actual padrón--, pero eso es muy caro. Es el censo más caro que se ha hecho en el país: ``Si la sociedad quiere pagar eso, se puede hacer''.

Una opción más es asumir que iremos a elecciones con padrones que tienen un cierto porcentaje de ``desactualización'', pero que son confiables.

Sabemos, dice el consejero, que el padrón está desactualizado porque hicimos un ejercicio muestral que fue muy caro. Este ejercicio nos alerta sobre el problema, pero no nos dice cómo resolverlo.

La ``desactualización'' es uno de los problemas ``de tipo institucional'' que Molinar le encuentra al listado nominal: 20 por ciento de los empadronados vive en un lugar distinto, pero si no lo notifica al RFE éste no puede hacer nada, y hay 0.6 por ciento de muertos que no se puede quitar porque el Registro Civil no lo ha notificado.

Hay problemas del padrón que sí pueden imputarse al RFE, como que 2.4 por ciento de los domicilios estén mal referenciados --es decir, hubo error al establecer el número de sección electoral a la que pertenecen--, y que haya 0.2 por ciento de ciudadanos que tienen credencial pero no aparecen en el padrón.

Está también a la vista la discusión sobre la cédula única de identidad --un transitorio de la Constitución dice que, de ser posible, antes de las elecciones del año 2000 deberá funcionar--. Este es un tema que rebasa al IFE, es una reforma constitucional que tendrá un impacto sobre este organismo y en particular sobre el RFE, pero todavía está por definirse cómo se hará y cuáles serán sus alcances.