Cuando en 1994 se usó por primera vez, se estimó que como producto final --de todo un largo proceso porque el paso previo es el padrón-- tendría ese costo.

Polaroid, la empresa que ha elaborado las micas, firmó tan sólo en 1992, año en que el proceso de fotocredencialización se echó a andar, un convenio por 100 millones de dólares con el Instituto Federal Electoral (IFE), y se comprometió a entregar 40 millones de credenciales, que era entonces el número de ciudadanos empadronados.

Los 37 dólares en que se presupuestó el costo de la mica fue el resultado de sumar lo que había costado al Registro Federal de Electores (RFE) comprar un gran equipo de cómputo y toda la tecnología necesaria para procesar los datos de más de 40 millones de mexicanos (que se sigue usando actualmente); los salarios y costos de movilizar a 70 mil personas que recorrieran el país con un fajo de hojas amarillas en la que el ciudadano vertía sus datos (se conoció como el censo electoral) y la elaboración del documento.

La empresa que ganó la licitación para hacer las credenciales --Polaroid-- entregó al RFE 10 mil cámaras fotográficas que fueron colocadas en los módulos para obtener la imagen de 40 millones de ciudadanos, así como suficiente película y papel fotográfico especial para la fotocredencialización.

Como se deseaba un documento infalsificable, se tomaron varias medidas que hacen esto prácticamente imposible: sus componentes están integrados de tal manera que se provoca su destrucción en cualquier intento de alterar los datos; tiene además un código de barras cubierto, sólo legible con luz infrarroja, y dos tramas, una visible y otra invisible, en el papel de la fotografía del elector.

Todos los materiales con que se elabora son importados y su costo se estima en un dólar con 30 centavos sólo del material, según informó el director de la planta de Polaroid-Querétaro durante el recorrido que realizó un grupo de reporteros por las instalaciones donde se maquila la credencial.

Como los partidos políticos son muy desconfiados, Polaroid le debe entregar al RFE una bitácora de desechos de material --con el fin de que nadie pueda intentar usarlos en la producción de otras micas-- que finalmente son triturados.

Fuentes del RFE explicaron que aún no se tiene una estimación de cuánto cuesta cada una de las credenciales nuevas que se entregaron para los comicios del 6 de julio. A éstas ya no se les puede cargar el costo del arranque del proceso de fotocredencialización en el país, sólo el de la modernización. Hoy, dicen, habría que hacer cálculos de depreciación, una gran cantidad de sumas y dividirla entre los 53 millones de micas repartidas por todo el país para estimar un precio actual por unidad.

Hace tres años el padrón electoral fue el centro de la polémica antes de la elección, tanto, que Carlos Almada --entonces director del RFE y ahora vocero presidencial-- y Samuel del Villar --representante en ese momento del PRD ante el Consejo General del IFE y principal impugnador del listado--sostuvieron un debate público sólo para analizarlo.

Los intentos del gobierno por mostrar que el listado era un instrumento confiable llevaron a Jorge Carpizo --secretario de Gobernación-- a proponer la elaboración de una ``auditoría'' al padrón. El Consejo General del IFE la aceptó. La realizaron en conjunto un grupo de empresas, que cobraron 19 millones 721 mil 075 pesos.

La verificación que por ley realizaron ese año al padrón nacional los partidos y el Registro Federal de Electores había costado ya 14 millones y medio de pesos, poco más de 4 millones de dólares a la paridad del momento. Pero antes, en los meses de noviembre y diciembre de 1993, se había realizado una más que incluyó sólo a ocho estados. Esta había costado 3 y medio millones de nuevos pesos.

En 1994 se gastaron en global alrededor de 37 y medio millones de nuevos pesos en verificaciones. El dólar estaba a 3.50, así que buscar rasurados y muertos en posibilidad de votar que pudieran poner en entredicho la confiabilidad de los resultados costó más de 10 millones de dólares.

De 1991 a noviembre de 1996, según un reporte del RFE, se invirtieron 43 y medio millones de pesos en verificar el padrón.

Este año, para el proceso electoral de julio, según cifras del consejero Juan Molinar, el Consejo General del IFE destinó a verificaciones casi 6 millones de pesos. Por lo que hace a la barrida del listado que realizaron el Registro Federal de Electores y los partidos, cuyos recursos salieron del presupuesto del RFE, su costo fue de 14 millones. Unos 20 millones de pesos en total.

Es decir, para los comicios de 1997 se han gastado unos 3 millones de dólares en verificar que el padrón no sea un instrumento de fraude.

Y al igual que en la credencial, se han tomado medidas para que sea infalsificable. Los 14 millones de hojas de papel seguridad en que se imprimen --fabricadas especialmente para el IFE-- tienen, como los billetes, una marca de agua. Adicionalmente, el papel seguridad cuenta con fibras visibles e invisibles; las primeras sólo se ven con luz ultravioleta.

Por primera vez en la historia los mexicanos irán a las urnas y se encontrarán con su fotografía en la mesa de casilla.

La poca confianza que los mexicanos tenían en el gobierno como organizador y garante de los procesos electorales se rompió la noche del 6 de julio de 1988, cuando el sistema de resultados electorales ``se cayó'', o lo que es lo mismo, ``se calló''. Un profundo silencio recorrió el país. Los candidatos presidenciales opositores marcharon por las calles proclamando el triunfo del Frente Democrático Nacional.

Fue tal el nivel de la ruptura de confianza entre gobierno y sociedad que se tuvo que crear un nuevo gran aparato para organizar elecciones cuyos resultados fueran mínimamente creíbles para la población.

Así nació el IFE en octubre de 1990, cuya estructura ha ido cambiando hasta ser un órgano en el que el gobierno no tiene representación; los partidos políticos sólo opinan pero no votan, y las decisiones las toma un grupo de nueve ciudadanos.

En junio de 1992 el Congreso aprobó modificaciones a la ley electoral con las cuales instruyó al IFE para expedir una nueva credencial con fotografía y actualizar y depurar simultáneamente el padrón electoral con la participación de los partidos en los órganos de vigilancia.

El padrón fue históricamente señalado por la oposición como instrumento de fraude; durante años dio para urnas embarazadas, carruseles y operaciones ratón loco.

Así, el padrón y la credencial para votar con fotografía se convirtieron en los instrumentos a perfeccionar en el naciente IFE. Se estima que de 1991 a este año el RFE, institución dependiente del IFE dedicada a elaborar el padrón y su producto final, la credencial, ha gastado alrededor de mil 300 millones de dólares en conseguir su empresa.

``La caída del sistema no fue un chiste'', dice Juan Molinar. La desconfianza en los procesos electorales y sus resultados le ha salido muy cara al país. La sociedad fue engañada muchas veces, los inumerables fraudes han requerido ``una fortuna'' para restañar la confianza. Pero, con todo y lo que se ha invertido, ``nos salen más baratas ahora las elecciones, porque las que se hacían antes daban lugar a la impunidad como base del sistema político''.

Es mucho dinero lo que se gasta hoy en elecciones, pero por primera vez en la historia del país sabemos cuánto cuestan; ``antes no se rendía cuentas a nadie, hoy el presupuesto del Instituto Federal Electoral es público y también el de los partidos. Sabemos que es caro, pero estoy seguro de que poco a poco vamos a ir reduciendo los costos de operación''.

Así que el costo de elecciones transparentes sólo está siendo del tamaño de la desconfianza que había sobre ellas. Aunque, en política, todo lo que se paga con dinero es barato.

Para que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) pueda declarar ``válido y definitivo'' el padrón, debe conocer antes los resultados de varias ``verificaciones' que le permitan formarse una opinión sobre ``la calidad'' del instrumento.

La más importante, porque se basa en trabajo de campo, es la revisión muestral (de diseño nacional) que la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del Registro Federal de Electores (RFE) realiza.

Esta revisión reportó que la lista nominal que se usará en los próximos comicios federales --integrado por 52 millones 233 mil 957 ciudadanos-- tiene inconsistencias o errores en 4.72 por ciento de los registros y una ``desactualización'' de 20 por ciento.

También alertó sobre el hecho de que tiene un ``rezago'' de 28.24 por ciento (esta categoría incluye al 20 por ciento de los ``desactualizados''). Es decir, el ``rezago'' es producto de que muchos no informan de su cambio de domicilio y otros no se dieron de alta, y está estimado en relación con el total de la población de 18 años y más que hay en el país.

La cobertura del padrón (ciudadanos empadronados) con respecto a la población de 18 años y más es de 90.83 por ciento. Pero de todas las personas en edad de votar sólo 86.42 por ciento tiene credencial; es decir, 13.58 por ciento de ciudadanos no tiene mica para sufragar el 6 de julio.

Si se levantara un censo en este momento, según esta verificación, se encontraría que sólo 69.04 por ciento de la población registrada en el padrón tiene credencial para votar en la sección donde reside. Es decir, entre la realidad de la calle y el padrón hay una fractura de 30.06 por ciento de distancia.

El levantamiento y procesamiento de datos de la verificación que realizaron conjuntamente el RFE y los partidos concluyó el 15 de mayo, y no sólo se realizó una revisión documental, sino que en el trabajo de campo se entrevistó a 90 mil ciudadanos.

El Comité Técnico está formado por un grupo de nueve científicos, a quienes el IFE contrató por honorarios y otorgó recursos para que con equipos independientes hicieran análisis del padrón desde distintos ángulos y detectaran sus inconsistencias.

Uno de estos análisis fue demográfico. Los especialistas compararon los datos del conteo de población del INEGI de 1995 con los del padrón para determinar si había coincidencias por grupo de población. Esto es lo que encontraron:

--25 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 19 años de edad (estimados en un millón) no está empadronado. Es el grupo de

edad más significativo que no aparece en el listado nominal.

--El RFE sólo baja del padrón a 57 por ciento de adultos mayores de 18 años que muere anualmente. El resto son muertos en el padrón que el Registro Civil no reportó.

--Hay un subempadronamiento de mujeres mayores de 50 años. Por varias razones las mujeres en este rango de edad tienden a no darse de alta en el padrón. 78 mil de ellas, que tienen entre 75 y 79 años, no están en la lista, como tampoco 40 por ciento de las que tienen más de 80 años, unas 200 mil.

Un equipo especializado y coordinado por Eugenio Filloy Yagüe --miembro del Comité Técnico-- realizó un análisis sobre la ``seguridad informática'' del RFE; es decir, sobre los patrones de seguridad que siguen los centros de cómputo de este organismo para guardar su bien más preciado: la información con los datos de más de 3 millones de mexicanos de quienes tienen también una fotografía.

El informe de este equipo reportó que ``hay una mayor preocupación por los aspectos de productividad que por los de seguridad, y que hay carencias en los aspectos de seguridad que deben resolverse cuando antes si se quiere realmente tener una certeza de que todo se está haciendo de la mejor manera posible''.

Se nota entre los trabajadores de áreas informáticas del RFE un ``compromiso con su trabajo'', agrega, pero ``las carencias en incentivos para el personal son probablemente el área de mayor riesgo para el adecuado funcionamiento del sistema''. Gran parte está contratado por honorarios, sin antigüedad ni Seguro Social.

El informe recomienda al Consejo General del IFE que se dé prioridad a los proyectos de digitalización de documentos y creación de la red de fibra óptica, ya que el RFE acumula muchos registros documentales de los cuales no tiene archivo en caso de que resultaran dañados, además de que todos los inmuebles donde se ubican los cuatro centros de cómputo del Registro en el país --Distrito Federal, Toluca, Cuernavaca y Conurbado-- tienen problemas de mantenimiento. (Mireya Cuéllar)