La civilidad electoral ha sido quebrada. La campaña del PAN y el PRI en el Distrito Federal abandonó el campo de la propuesta a la ciudadanía, para convertirse en andanada ciega de acusaciones infundadas o calumniosas contra Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD, que bordean la ilegalidad y sólo buscan vencer por el miedo irracional o desprestigiar con la mentira. Los ciudadanos de la capital y la civilidad exigen que termine este enlodamiento y se compita con ideas y propuestas.

Un ejemplo es la identificación entre marchas, desorden urbano, violencia, PRD y Cárdenas, hecha monótono discurso sin contenido del PRI y el PAN. El caos vial en la ciudad obedece a múltiples causas combinadas: gigantismo urbano, exceso de viajes diarios, dominio del automóvil privado y déficit del transporte público, uso de sistemas inadecuados de transporte como microbuses, ineficiencia y corrupción de la policía de tránsito, obras viales mal programadas y peor organizadas, accidentes de tránsito, lluvia e insuficiencia del drenaje, actos oficiales ostentosos (visita de Clinton, por ejemplo), etcétera.

Las marchas y plantones son sólo agravantes. El PRI, que ha gobernado siempre a la capital, sería el culpable de ese caos estructural.

Las marchas y plantones son causados por los dramáticos efectos sociales de la crisis económica, la imposición autoritaria de la política económica y social depredadora de las condiciones de vida de la población, el desempleo y la caída brutal del salario real, la pobreza extrema, las promesas incumplidas, la conculcación de derechos humanos y constitucionales, la ausencia de un Estado de derecho y la incorrecta aplicación de la justicia, la falta de democracia y transparencia electoral, los desalojos violentos y la represión (campesinos, colonos, ambulantes, etcétera), los megaproyectos y obras urbanas no consultadas con los afectados, la sordera y ceguera de las autoridades ante las demandas, la falta de ámbitos públicos y transparentes para la participación ciudadana, la negociación y concertación entre población y gobierno, el clientelismo y patrimonialismo dominantes en la gestión gubernamental, etcétera.

Parte importante de las marchas y plantones (maestros, barrenderos de Tabasco), obedecen a que los problemas no se resuelven a tiempo y por el diálogo en los estados, y los afectados vienen a la capital a buscar ser oídos por el centro del poder: el Presidente y su gabinete.

Por la misma razón, a nivel local, los problemas confluyen en el centro histórico donde están el Presidente, el regente y su aparato. Los responsables serían, por tanto, el régimen centralista, el partido político que ha gobernado siempre y sus políticas.

Puesto que sus causas afectan cada vez más a toda la sociedad, quienes participan en marchas y plantones forman parte de muy diferentes sectores sociales, incluidos vecinos de Las Lomas y Polanco; son hombres, mujeres y niños, jubilados, campesinos, obreros y empleados; pequeños empresarios o ciudadanos arruinados por la banca; maestros de nuestros hijos o nuestros hijos rechazados de la preparatoria o la universidad; padres de familia y ciudadanos como cualquier otro de la ciudad o el país. ¿Cómo puede un candidato o un partido autonombrarse juez y abrogarse el derecho de condenarlos como violentos, casi delincuentes, sobre todo cuando la Constitución consagra el derecho de protesta, demanda y manifestación? Muchos de los conflictos por las marchas son iniciados por la represión o bloqueo innecesario y agresivo de los cuerpos policiales a nombre de un orden que sus guardianes rompen con su acción y omisiones.

¿Cómo saben los candidatos del PRI y del PAN cuál es la filiación política de los manifestantes? Si el PRI se dice mayoría, muchos de ellos, suponemos, militan o votan en ese partido, pero por la gravedad de la situación optan por manifestarse; por ejemplo, los ambulantes, controlados por el partido gobernante. No hay ley que prohíba a un partido solidarizarse con una movilización social amparada por la Constitución, ni por ello se le puede acusar de violento.

Cárdenas plantea claramente las soluciones democráticas a este problema: atacar a fondo las causas estructurales que generan este tipo de movilización social; atender los problemas a tiempo, eficientemente y en su lugar de origen antes de que se vuelvan conflicto y lleven a la movilización callejera; oír a la ciudadanía y gobernar con ella; eliminar corporativismo, clientelismo y patrimonialismo como métodos de gestión y negociación del gobierno; abrir espacios claros y públicos para la participación ciudadana y la concertación de acciones; y respetar los derechos ciudadanos y la ley, sin recurrir a la represión.

El PRI y el PAN no ofrecen alternativa racional ni democrática alguna; sólo el maniqueo desprestigio y condena de los manifestantes, la limitación del derecho constitucional, la ineficaz reglamentación y la represión.