Los enfrentamientos armados en el estado de Guerrero tienen objetivamente el sentido de una provocación en el marco de los actuales procesos electorales. De mantenerse y profundizarse, ayudarán al PRI y a su gobierno a imponer la ``política del miedo'', dirigida en lo fundamental a dislocar los procesos comiciales de zonas rurales donde domina el perredismo, y a generar un ambiente de terror y de zozobra que inhiba el voto o lo incline hacia las candidaturas tricolores.

El objetivo mínimo de implantar dicha ``política del miedo'' sería frenar la carrera ascendente del perredismo guerrerense, como parte de una estrategia más general para reducir los porcentajes electorales del PRD en el nivel nacional y sus correspondientes cuotas de representación en la próxima legislatura; el objetivo máximo sería polarizar el ambiente político nacional para poner en jaque al candidato del partido del sol azteca en el Distrito Federal, hoy por hoy virtual triunfador de la contienda por la jefatura del gobierno capitalino.

Por ello es que no debe caber la menor duda de que el promotor fundamental de la violencia en Guerrero es el propio gobierno, por mucho que algunos voceros del EPR presuman de haber llevado a cabo las últimas acciones ofensivas. En dicho marco, los eperristas no sólo equivocan ``la vía'' al pretender que sus actividades militares abrirán el camino hacia un cambio democrático en México; también yerran al prestarse a un juego cuya perversidad no tiene límites, y cuyos efectos inmediatos han sido el asesinato de gente inocente, la persecución de militantes de organizaciones sociales, el cerco de poblaciones enteras, la intimidación y la implantación de la referida ``política del miedo''.

La actual intervención del Ejército en la entidad sureña puede ser caracterizada literalmente como una cacería masiva de campesinos y ciudadanos identificados con la lucha democrática, que en su mayoría visten los colores amarillo y negro o están dispuestos a votar por éstos el próximo 6 de julio. Así lo registran, entre otras fuentes, diversas organizaciones no gubernamentales que vienen de visitar el estado sureño. ``Represión indiscriminada por parte del Ejército Mexicano contra autoridades ejidales y población civil, agresiones a perredistas, prácticas de tortura contra los detenidos, casos de desapariciones y amplia presencia militar'': tal es el resumen del informe presentado por las organizaciones civiles mencionadas. El --inocultable-- uso de helicópteros Huey por parte del Ejército Federal detectado por la inteligencia militar estadunidense (La Jornada 3 de junio) da una idea clara del sentido y de la profundidad de la ofensiva.

No ha sido muy diferente la manera en que el gobierno ha pretendido manipular la situación política en el estado de Chiapas. Guardando toda proporción y distancia, el nivel de hostigamiento, cerco y agresión física y simbólica por parte del Ejército y de fuerzas priístas contra simpatizantes perredistas, zapatistas y poblaciones enteras sólo es comparable a la que se vivió en los primeros días de la insurrección de 1994, o la que sufrieron los indígenas de Los Altos y de la Selva en febrero de 1995.

Lo que sí es o ha sido diferente entre lo que sucede en Chiapas y en Guerrero es que, en la primera, el EZLN ha decidido replegarse y guardar silencio para dar paso a la voz de los sufragios el próximo 6 de julio; pero también y sobre todo para no caer en el gambito priísta de la provocación con la que se quiere forjar el voto del miedo o el no-voto. Y ello habla, sin lugar a dudas, del abismo existente entre las concepciones ideológicas y políticas del zapatismo frente a otras variantes de acción armada, como la de los eperristas.

La esperanza del cambio democrático se centra de nueva cuenta en los procesos electorales. Y no porque haya que construir un monumento-fetiche al voto, a los partidos políticos y a la democracia representativa, sino porque en dicho plano se juega y se ``resuelve'' hoy la crisis terminal del sistema de partido de Estado.

En Guerrero debe imponerse una tregua. Permitir que se implante un estado de guerra sólo ayuda a la política priísta. La sociedad civil y las fuerzas democráticas de México deben actuar allí, y rápido.