El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-2000 (Pronafide), presentado ayer por el presidente Ernesto Zedillo y por el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, parte sin duda de propósitos y objetivos de indiscutible pertinencia: lograr que la economía crezca anualmente más del 5 por ciento, generar más de un millón de empleos al año, aumentar el nivel real de los salarios, fortalecer la capacidad del Estado para atender las demandas sociales y romper el círculo de las crisis económicas cíclicas que ha padecido el país desde hace por lo menos 20 años. Igualmente deseables y plausibles resultan las denominadas ``metas sociales'', entre las cuales destacan la expansión de la cobertura de la educación, la salud, la alimentación y los servicios, el combate a la extrema pobreza y a la marginación, el apoyo a la producción agropecuaria, el abatimiento del déficit de vivienda y la inversión en infraestructura.

Si bien los objetivos del Pronafide resultarán probablemente plausibles para muchos sectores, los instrumentos y las vías para alcanzarlos no tienen, en cambio, el mismo nivel de consenso entre los diferentes actores de la sociedad. De hecho, la política económica gubernamental enfrenta el escepticismo generalizado de la población, de acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por la Fundación Arturo Resenblueth: según este sondeo, 75 por ciento de los consultados afirma que el gobierno de la República no está atento a las necesidades de la población, 81 por ciento piensa que no hay congruencia entre el decir y el hacer de las autoridades federales y 70 por ciento considera que es incorrecta la política económica del país.

El generalizado pesimismo ciudadano que deja entrever la encuesta mencionada es producto de una pesada herencia de descrédito, pues al menos en los cuatro últimos sexenios se han formulado múltiples programas económicos que no sólo no alcanzaron sus metas, sino que terminaron en severas crisis --1976, 1982, 1987 y 1995-- y en enormes sacrificios para la población; una herencia que debiera ser tomada en cuenta por los estrategas económicos y de comunicación del Ejecutivo federal.

Por ello, aunque sería deseable una respuesta positiva de la sociedad al Pronafide, los 20 años previos de fracasos en materia económica hacen improbable que este programa reciba un apoyo entusiasta e inmediato de la población, no al menos mientras las propuestas formuladas en este programa no se traduzcan en beneficios concretos y duraderos.

Al margen del escepticismo social, el Pronafide tiene frente a sí diversas circunstancias riesgosas, tanto en el ámbito económico como en el político. En el primer caso, no debe soslayarse la existencia de insistentes presiones procedentes de los grandes exportadores, los cuales exigen, en función de sus intereses sectoriales, la adopción de inmediatas medidas devaluatorias. No deben ignorarse tampoco los atendibles señalamientos sobre los peligros inherentes a la actual estrategia cambiaria.

Por otra parte, en el terreno político, cabe señalar que las crisis que se han registrado en el país en las últimas dos décadas han estado relacionadas directamente con reservas y temores sobre la estabilidad política del país: circunstancias de transición sexenal, desencuentros al interior de los grupos políticos y empresariales afines al régimen, signos de inestabilidad como los asesinatos de 1994. En esta perspectiva, la estabilidad política parece una condición indispensable para el éxito de cualquier propuesta económica de mediano o largo plazo, incluido el Pronafide.

En el momento actual la hegemonía de una sola fuerza partidaria ya no es capaz de garantizar la deseada estabilidad política; por el contrario, ésta debe buscarse, hoy, en un régimen de partidos, en un efectivo pluralismo, en un estricto apego a la legislación electoral y a reglas comiciales equitativas, y en la asimilación de la alternancia en el poder como expresión de procesos democráticos rutinarios y normales.

Por ello, sería deseable que las distintas fuerzas políticas, en sus actuales campañas, así como los líderes de los sectores económicos, mantuvieran una actitud cívica y responsable y se abstuvieran de establecer falsas vinculaciones entre los resultados electorales y el buen desempeño económico del país, y de condicionar las posibilidades del desarrollo a la conservación, por parte del partido oficial, de la mayoría de puestos de representación popular. De lograrse las condiciones mencionadas, se incrementarán las posibilidades de éxito del programa económico presentado ayer.