Bernardo Bátiz V.
El PRI ante la ley

La ley electoral actual es el resultado de presiones diversas, de partidos, sociedad civil, organismos no gubernamentales y de la presencia del EZLN, también lo es de negociaciones y concertacesiones entre la oposición y el gobierno, y de resistencias de los sectores más recalcitrantes del sistema, que son también los más renuentes a cambios favorecedores de la democracia.

Esta ley, el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales --Cofipe como se le conoce--, no es mucho mejor que otras anteriores, y sus reformas son la culminación de otras reformas anteriores, parches sobre parches, que se van aprobando según soplan los vientos y arrecian los conflictos y presiones de todas partes. Así, la ley no es un cuerpo articulado para dotar de lógica al proceso electoral y facilitar que con él se llegue al fin para el cual existe, y que no es otro que facilitar y ordenar el voto del mayo número posible de ciudadanos mexicanos y luego contabilizar veraz y honradamente para saber con certeza cuál es la preferencia política de la mayoría y cuáles son las minorías, qué proporción guardan entre sí y, por tanto, cómo estarán representadas en los órganos de gobierno.

Pero no siendo óptima, la ley incluyó ya nuevas instituciones electorales como el Consejo del IFE y el Tribunal Federal Electoral, que abren causas inéditas a las inquietudes políticas y a las acciones de autoridad.

Una de estas inesperadas formas de actuar, en este caso de la autoridad electoral, ha sido la multa impuesta al PRI, al PT y PPS, por no haber rendido oportunamente las cuentas de los dineros oficiales que reciben.

Yo creo que al ciudadano común, simpatizante o no de algún partido de oposición, le debe de haber agradado que el poderoso PRI fuera sujeto de una sanción y precisamente por no rendir cuentas.

A todos nos sorprendió el hecho, pero como se ha podido ver por la reacción del ``instituto político'', calificada no sin razón como ``desmesurada'' por el consejero Emilio Zebadúa, a quien más desconcertó fue a los propios dirigentes del Institucional.

La razón es muy sencilla. Durante años ellos mismos, los priístas, eran los legisladores y los intérpretes de la ley; por decenas de años, estuvieron acostumbrados a tener siempre de su lado a las autoridades electorales y a encontrar siempre interpretaciones ad-hoc a los preceptos legales. La ley electoral, las autoridades electorales, el Colegio Electoral de triste memoria, todo, estaba a su favor, y de pronto se topan con un Consejo General del IFE que, si bien no tiene el control de todos los hilos del aparato electoral, está demostrando que sabe usar los que sí tiene y que está dispuesto a responder a las expectativas de la cada vez más politizada sociedad mexicana.

El PRI se topó con lo que otros partidos y cualquier ciudadano común y corriente tiene que afrontar cotidianamente, con la ley, con una ley que si bien él hizo en parte, ya no puede interpretar y arreglar a su modo, la multa, que no es en sí misma tan importante, se convierte en un símbolo, en el símbolo de que los tiempos son otros y de que, en efecto, como todos deseamos y esperamos, el cambio democrático está al alcance de la mano.

El PRI se topó con lo que por años fue inusitado y quizá sin razón. Me viene a la cabeza una broma del periodista bajacaliforniano José León Toscano, director, redactor y reportero de La Comadre de la Cotorra, quien a los que leían su periódico sin pagarlo, pidiéndolo prestado a otros o de ``gorra'' en una peluquería o en alguna sala de espera, lanzaba entre otras estas maldiciones gitanas: ``que le salga un barro en la nariz y le dé catarro'' y ``que lo corran del PRI por tramposo''.