La imagen de La Jornada del 27 de mayo es precisa. Rescata el momento en el que las palabras sobran. Un indígena rarámuri yace en el suelo tratando de defenderse de dos uniformados. Mientras uno de los hombres lo patea, el otro le jala una pierna. Los dos policías están flanqueados por varios de sus camaradas, algunos con perros, otros con escudos de plástico. ¿Acaso estamos viendo en esta foto una muestra más de la ``cortesía'' de la policía estadunidense contra uno de nuestros paisanos que se atrevió a cruzar la frontera sin documentos?

No. El hecho sucedió en Chihuahua y fue protagonizado por 250 elementos de la policía municipal y estatal y un grupo de 150 personas, entre hombres, mujeres y niños, del ejido Monterde, ubicado en la Sierra Tarahumara, que protestaba pacíficamente. El saldo fue, de acuerdo a la información oficial, de 36 indígenas lesionados e, inexplicablemente, 44 agentes policiacos.

Este hombre en el suelo podría ser uno de los millones de mexicanos pertenecientes a los pueblos indígenas, lo único que cambiaría sería la escenografía, pero la indefensión es en esencia la misma. Habría que preguntar al licenciado Burgoa Orihuela si el derecho les alcanza para defenderse a esos indígenas golpeados en Chihuahua, como no les ha alcanzado a muchísimos en Chiapas y en el resto del país.

Pero ¿qué solicitaba este peligroso grupo de indígenas? ¿Pedía la renuncia del gobernador? ¿Acaso quería tomar alevosamente el palacio de gobierno? ¿Pedía cosas imposibles como vivienda, mejor alimentación, salud o educación?

No. Pedían justicia. Estaban exigiendo acción judicial contra el ex administrador ejidal, quien supuestamente los defraudó. Solicitaban el derecho elemental de todo mexicano para que las autoridades gubernamentales los escuchen.

La prensa señala que cuando algunos periodistas se acercaron a preguntarles por qué luchaban, se encontraron con el hecho de que varios de ellos no sabían español. Eso lo explica todo. Tal vez algunas autoridades estatales de Chihuahua crean, de acuerdo a un tristemente célebre ex presidente municipal de San Cristóbal, que los indios monolingües no tienen derechos.

Desde luego, la acción policiaca en sí misma no puede achacarse automáticamente al gobernador Barrio Terrazas. Podría pasar como un lamentable incidente que se investigaría y se castigaría. Pero la postura del gobernador y de las autoridades de justicia de la entidad no dejan lugar a dudas de que esta acción fue apoyada y se hizo porque, aunque usted no lo crea, el gobierno estatal fue ``orillado''.

La acción, según comentó el gobernador a los diarios, se llevó a cabo para no permitir que Chihuahua o cualquier otro lugar de la entidad se convierta en otro DF. La saña que mostraron las fuerzas del orden fue, si no ordenada, avalada. ¿Este es, por cierto, el México que los panistas quieren que veamos?

También la prensa nos informa que el origen de este conflicto está ya en vías de arreglarse. Qué bueno. Pero la represión ahí queda como una muestra más de los abusos que a diario se cometen en contra de la población indígena, lo único que se modifica es el entorno, pero ocurre lo mismo en el norte de Chiapas, en Guerrero o en la ciudad de México.

¿Qué sucede cuando no hay indiscretos fotógrafos que documenten los hechos, y molestos periodistas que nos cuenten lo que pasó? Las injusticias que están encubiertas para la opinión pública, ¿qué posibilidades tinen de castigarse?

No debe tomarse la represión a este grupo integrado por rarámuris y tepehuanes como un asunto sólo para la historia de la infamia. Es una muestra de la indefensión y de las condiciones en las que viven estos mexicanos.

Es hora ya de traer al tapete de la discusión nacional algo más que la retahíla de acusaciones y golpes bajos. Es tiempo de que reflexionemos seriamente sobre la necesidad de un cambio de raíz en la relación de la sociedad con los pueblos indígenas.

La petición está hecha, no hagamos oídos sordos al grito lanzado por los indígenas mexicanos: nunca más un México sin nosotros