La más reciente sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) volvió a mostrar hasta qué grado se pueden llegar a tensar las relaciones políticas de cara al próximo proceso electoral. El punto que mayor polémica causó fue la imposición de multas a tres partidos políticos por omisiones en la comprobación de gastos en el ejercicio de 1996. El dictamen de la comisión respectiva mereció graves calificativos que expresan las dudas que sobre la imparcialidad de algunos consejeros tienen algunos partidos políticos. Me parece que debiéramos intentar separar el debate en dos grandes planos y no confundir los posibles defectos de la ley con los atributos de quienes la aplican.

A poco andar, la nueva reglamentación electoral ha revelado contener, si no fallas, al menos lagunas que han debido ser llenadas con el recurso de la interpretación. Para fortuna de todos existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial para eventualmente reponer procesos. Ello ocurrió en el caso de la propuesta de creación de una comisión de consejeros para conocer posibles actos de coacción al voto, o con el exhorto que pronunciara el Consejo General, pero también ha ocurrido en otros casos, acaso menos espectaculares en que el Tribunal ha repuesto procedimientos. Ahora bien, derivar de ello que quienes integran el Consejo son gente impreparada que actúa de mala fe, es un exceso. Tampoco son infalibles, son simplemente un puñado de mexicanos que intentan cumplir con éxito su delicada misión.

Si el Tribunal siempre estuviera de acuerdo con el Consejo, no faltaría quien reclamara colusión. La existencia de un organismo jurisdiccional tiene el sentido de revisar aquellas decisiones que se derivan de una interpretación equivocada de la norma. Pero el punto sigue siendo el mismo: mientras la Ley siga teniendo puntos a interpretar, será inevitable que el Tribunal tenga que revisar cotidianamente decisiones del Consejo. Por otro lado, mientras más fallos vaya produciendo el Tribunal, el propio Consejo irá siendo más preciso en la elaboración de sus dictámenes. Esa dinámica, que pudiera ser una evolución institucional natural, sin embargo se carga rápidamente de dramatismo.

El Consejo hubo de actuar, porque así lo marca la ley, para dictaminar las finanzas de los partidos fatalmente a poco más de un mes de los comicios. Los partidos sancionados se sintieron agraviados y no sólo han anunciado su intención de recurrir al Tribunal, sino que han amenazado con iniciar juicio político en contra de los consejeros. Ello es una desproporción. Por ejemplo, el alegato de derecho de audiencia que se reclamaba, desde mi punto de vista entra en un terreno muy farragoso; no me queda claro cómo se debiera aplicar dicho derecho: por un lado está consagrado en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que refiere la audiencia para actos de la Junta General Ejecutiva, por otro lado el 49a., que es el que acota la actuación de las comisiones de consejeros, no contempla el derecho de audiencia para los partidos. ¿A cuál artículo habría que apelar para conceder el derecho reclamado? Por supuesto que existen explicaciones para desahogar otras acusaciones que se les hacen a los consejeros. Acaso todas puedan ser polémicas, sujetas a intepretación, pero lo más delicado es el tono alcanzado en el Consejo.

El Tribunal pronto habrá de fallar sobre los recursos que interpondrán los partidos afectados. Si el fallo es contrario al acuerdo de los consejeros, lo que resta es esperar que no se repitan las reacciones del pasado que mecámicamente ubicaron al Tribunal en un bando y al Consejo en otro. Profundizar el enfrentamiento es estéril; ambos cuerpos concurren para perfeccionar la norma y ampliar la certidumbre, no podría ser de otra manera. Ojalá que en las pocas semanas que quedan para la realización de las elecciones el clima no se siga tensando, y no se atente, mediante reacciones exageradas en contra de la transparencia del proceso electoral. Que la mesura llegue es lo mejor que nos puede pasar.