Aún es tiempo de una salida negociada: general Garfias

Jesús Aranda, Rosa Icela Rodríguez y Maribel Gutiérrez, corresponsal Ť El presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Luis Garfias, señaló que si bien el Ejército Mexicano actúa legalmente al combatir al EPR, aún es tiempo de que autoridades federales y estatales busquen una salida negociada al conflicto en Guerrero, ante el riesgo de que la situación ``se haga más complicada y más difícil''.

Por su parte, los diputados perredistas Juan Guerra y Leticia Burgos Ochoa demandaron al Ejército Popular Revolucionario (EPR) ``una explicación'' por haber roto unilateralmente la tregua que el mismo grupo se había comprometido a cumplir. La sociedad debe conocer si la palabra empeñada por los eperristas es de confiar o no, subrayaron.

A su vez, el senador del PRD, Félix Salgado Macedonio, dijo en conferencia de prensa en Acapulco que el Ejército Mexicano utiliza en Guerrero armamento que envía Estados Unidos -en cooperación con el gobierno de México para combatir el narcotráfico- en la persecución al EPR.

Señaló que en las regiones que están militarizadas hay evidencias de que se usan helicópteros con armamento sofisticado, tanques y armas ``que no se habían visto''.

En tanto, el general Garfias comentó que los soldados muertos en el primero de los dos ataques recientes contra el Ejército eran integrantes de una patrulla de sanidad que se dirigía a prestar ayuda social a comunidades apartadas, razón por la que la pérdida de sus vidas es tan lamentable.

Garfias descartó la posibilidad de que en los enfrentamientos en Guerrero hayan participado los helicópteros proporcionados por Estados Unidos para combatir el narcotráfico, toda vez que las naves no estaban artilladas. ``Seguramente tenemos helicópteros mejor equipados para esas situaciones'', indicó.

Comentó que a diferencia del EZLN, los integrantes del EPR se han dedicado a atacar instalaciones civiles y militares, por eso la decisión de los altos mandos castrenses de acabar con estas agresiones.

Petición a José Woldenberg

A su vez, la diputada Burgos Ochoa solicitó que la directiva del Instituto Federal Electoral (IFE) -encabezada por José Woldenberg- realice un recorrido para constatar las condiciones de las campañas y se suspendan las elecciones en aquellos distritos en donde sea necesario.

La legisladora perredista indicó que la situación de persecución y retenes armados puede significar que allá no hay un gobierno civil sino uno militar, que no gobierna Angel Aguirre sino el Ejército Mexicano. Sería importante que el gobernador dijera a la opinión pública cuántos efectivos militares hay en la entidad.

Además, llamó al EPR a mantener la tregua en todo, no sólo en no accionar armas, sino en la estrategia de propaganda con volantes y pintas, ``porque perjudica el proceso electoral tanto la aparición del EPR como que el Ejército ande rondando las comunidades''.

En este contexto, se están deteniendo las campañas de los partidos en las zonas en conflicto. Las candidatas perredistas María de la Luz Ramos y Norma Miranda tuvieron que suspender el proselitismo en los municipios, pero lo más grave es la salida de campesinos de sus comunidades.

En tanto, Salgado Macedonio dijo en Acapulco que las actividades del Ejército en Guerrero violan la Constitución, pues los militares desarrollan tareas que no les corresponden, como la detención de campesinos militantes del PRD, a quienes pretenden involucrar con el grupo armado, y los retenes y cateos que lesionan los derechos ciudadanos, en un virtual ``estado de excepción'' no declarado.

Demandó el retiro del Ejército a sus cuarteles y una reunión urgente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, para pedir que comparezca el secretario del ramo, Enrique Cervantes Aguirre, para informar sobre la presencia castrense en Guerrero.

``Es importante que el general Cervantes Aguirre informe si hay guerra o no en Guerrero, si se persigue al EPR y los recursos que utiliza el Ejército, y por qué escogieron este momento en que se pone en peligro el proceso electoral''. Consideró que no es con el Ejército como se puede combatir a los grupos armados, sino atacando los rezagos sociales.

Opinó que ``es irresponsable'' la declaración del principal jefe militar en las costas y la sierra de Guerrero, Alfredo Oropeza Garnica. ``¿Cómo van a ir con todo contra el EPR precisamente en un momento de efervescencia electoral? ¿Cómo vamos a ir a un proceso electoral bajo las balas, sin el respeto a las garantías individuales?''

Destacó que el Ejército está agrediendo directamente a perredistas, como el caso de Pascual Rodríguez María, de 55 años, arrestado por soldados en las cercanías de Coacoyulichán, municipio de Cuautepec, y Martín Barrientos Cortés, aprehendido por tropas que entraron en El Cucuyachi, municipio de Atoyac, y hasta la fecha ninguna autoridad da informes del lugar donde se encuentra.

Rodríguez María, presidente del comisariado ejidal de Coacoyulichán, fue detenido el 29 de junio por soldados que previamete capturaron a tres campesinos, a quienes obligaron a servirles de guía para localizarlo, y querían que los llevara a una huerta donde acampó una columna del EPR que pasó por la región meses atrás.

Los familiares de Pascual Rodríguez, acompañados por el candidato a diputado del PRD en la Costa Chica, Apolinar Segueda, fueron a buscarlo al cuartel militar de Cruz Grande, donde el mayor Pastor Navarrete Hurtado negó que las tropas hubieran hecho esa detención.

Después, en el mismo cuartel informaron a los familiares que lo habían detenido porque cuando lo interrogaron dio un nombre distinto, le encontraron una pistola 9 milímetros y ``por sospechoso'' de ser colaborador de las tropas del EPR.

Rodríguez fue presentado por el Ejército al Ministerio Público Federal de Acapulco, acusado de portación de arma prohibida. Esta mañana rindió su declaración preparatoria en el juzgado cuatro de distrito de Acapulco.

Pascual informó a su esposa que después de que fue detenido, los soldados lo torturaron durante hora y media, sumergiéndole la cabeza en un arroyo, y le preguntaban sobre el EPR. También le dijeron que estaban buscando a sus hijos.

Segueda dijo que hasta el momento, los alrededores de Coacoyulichán están ocupados por soldados que peinan las huertas y el monte, y en los caminos hay patrullajes militares en 11 tanquetas.

Acoso en Aguas Blancas

Viudas y madres de campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas informaron hoy que sus hijos son hostigados por militares y grupos policiacos que los acusan de pertenecer al EPR.

Acompañados por su abogado José Sánchez, habitantes de Atoyaquillo y Paso Real, en la sierra de Coyuca de Benítez, señalaron que hace cuatro días, después del enfrentamiento entre el EPR y el Ejército Mexicano en El Guanábano, llegaron a esa área de la sierra cientos de soldados y establecieron un campamento en el cerro más alto al lado del vado de Aguas Blancas, donde el 28 de junio de 1996 hizo su primera aparición pública el EPR.

Ante el acoso y el hostigamiento, que aumentó desde el martes pasado, constituyeron el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Viudas, Familiares y Heridos, en el que participan entre otros afectados las viudas Paula Mendoza, Paula Galeana y la madre de dos de los campesinos muertos, Martina Reza; demandan la salida del Ejército de la sierra y cese de la persecución contra familiares y dirigentes que los apoyaron.