Postura ante la Asamblea General inaugurada ayer

Claudia Herrera Beltrán Ť El gobierno mexicano admitió oficialmente que propondrá cambios sustanciales en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de evitar ``abusos de derecho'' por parte de ese órgano. Entre ellos, defenderá que se prohiba a las ONG internacionales presentar denuncias ante la CIDH, pues las considera ``alejadas de la realidad histórica cultural mexicana'', y que los ombudsman sean los conductos para hacer llegar las quejas ante ese organismo de la OEA.

El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Angel González Félix, informó por primera vez la postura oficial del gobierno mexicano en una carta que hizo llegar a organismos no gubernamentales mexicanos que han insistido en conocer las modificaciones que México podría proponer en la Asamblea General de la OEA que iniciará hoy en Lima, Perú.

Según el documento, el gobierno mexicano defenderá ante la OEA que la CIDH sea ``más analítica'' con las quejas y que sólo acepte denuncias cuando se trate de casos en los que se hayan agotado los recursos legales internos.

El gobierno mexicano también pugnará porque los reportes y recomendaciones de la CIDH sean confidenciales ya que, en su opinión, la ``publicidad con tintes amarillistas que realizan las organizaciones no gubernamentales en los casos en cuestión vicia la solución legal que puedan dar los gobiernos a los peticionarios''.

Por eso, el gobierno de nuestro país considera que los documentos que emite el organismo de la OEA ``no deben ser del dominio público'', pues considera que ésto afecta la resolución de los casos.

Asimismo, apoya el cambio de sede de la CIDH de Washington a San José de Costa Rica, con el fin de dejar en la misma ciudad a la comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para reducir los costos económicos de las citadas organizaciones.

Sobre la participación de defensores de derechos humanos extranjeros, dice que la representación gubernamental de nuestro país se pronunciará porque se prohiba a un tercer país o un organismo internacional que presenten denuncias por su cuenta o sean ``copeticionarios''. Para la SRE no tienen razón para intervenir en los asuntos nacionales porque ``están alejados de la realidad histórica y cultural mexicana''.

A su vez, se pronunciará porque las comisiones de derechos humanos gubernamentales (ombudsman o procuradurías nacionales) sean los principales conductos para que la CIDH conozca las denuncias.

Su argumento es que ``muchas de las denuncias que presentan las organizaciones no gubernamentales no están bien fundamentadas ni conformadas y no se agotan los recursos legales internos de cada país antes de llegar a la denuncia internacional''.

Estas modificaciones que propondrá la parte gubernamental ante la OEA, dice González Félix, están impulsando un cambio ``positivo'' hacia la seguridad y certeza jurídicas que, a consideración de México, requieren los procedimientos de la CIDH para beneficio de los usuarios.

Señala que se pronunciará por esos cambios porque sería ``ilógico'' que las autoridades mexicanas, después de haber aceptado este compromiso internacional, intentaran coartar a las víctimas de violaciones de derechos humanos el ejercicio de sus derechos ``con argucias legaloides, trastocando todo el sistema interamericano de protección y defensa de los derechos humanos''.

Reunión de ONG con el reponsable de derechos humanos de la SRE

La explicación de González Félix fue enviada al Centro Miguel Agustín Pro Juárez dos semanas después de que representantes de ese organismo, de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sostuvieran una reunión con el coordinador de Derechos Humanos de la cancillería, Ricardo Cámara, quien se comprometió a enviar por escrito la postura gubernamental.

Margarita Espino, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, explicó los pormenores del encuentro con Cámara, en el que el funcionario informó verbalmente la postura que el gobierno mexicano sostuvo en la conferencia de expertos de la OEA el 2 de abril en Washington y que despertó una polémica en México sin que las autoridades mexicanas aclararan lo que señalaron en ese foro.

Según Espino, durante la reunión que se realizó el 14 de mayo en la sede de la cancillería, Cámara se quejó de que no obstante que el gobierno mexicano otorgó todas las facilidades a la CIDH para que realizara su visita in loco el año pasado, ``en varias ocasiones se excedieron''.

En relación con las peticiones que se hacen a la comisión para que los gobiernos apliquen medidas cautelares cuando se amenaza a defensores de derechos humanos, Cámara dijo que estas medidas no deben ser producto de ``chismes telefónicos'' ni ser utilizadas para defender ``vivos''.

Incluso, el funcionario de la cancillería les recomendó a los defensores de derechos humanos que cuando tuvieran algún problema con cualquier Ministerio Público, acudieran a él, para que por sus ``contactos'' ayudara a resolver situaciones difíciles que pudieran tener las ONG, indicó Espino.

Cámara expresó (según una memoria de los organismos) que el sistema de la CIDH va en contra del sistema jurídico mexicano y que por ello el organismo internacional pretende investigar casos que en nuestro país ya están cerrados, y puso como ejemplo el de Aguas Blancas.

El funcionario de la cancillería advirtió que México no está viviendo una dictadura y que la comisión interamericana actúa como si México estuviera en un sistema así, y lo atribuyó a que el organismo utiliza conceptos que en el momento de la creación de la CIDH eran ciertos pero que no se apegan a lo que pasa en nuestro país.

Sobre las indemnizaciones a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, advirtió que la reparación del daño no se cuantifique muy alto, porque en su opinión puede pasar en México lo que ha sucedido en Estados Unidos, donde la indemnización se ha convertido en un asunto monetario.

Los organismos no gubernamentales se abstuvieron de revelar el contenido de la reunión en espera de que Ricardo Cámara enviara por escrito la postura del gobierno mexicano y ellos pudieran opinar al respecto, sin embargo la cancillería hizo llegar esta información hasta el viernes pasado, a dos días de que inicie la Asamblea General de la OEA y, posiblemente, se discutan estos cambios en el seno de la CIDH.