Su colega Jaime Cárdenas, por su parte, aclaró que en la aprobación de dichas sanciones se actuó ``con apego a la ley'' y tomando como parámetro las indicaciones que el Tribunal Electoral impuso para la fiscalización de los gastos partidistas.

Ante el anuncio de que el PRI impugnará mañana ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión de la Comisión de Fiscalización, además de las críticas vertidas por los priístas en contra del presidente de esta comisión, Alonso Lujambio, el consejero Cárdenas advirtió que sería ``lamentable'' que el TEPJF ``revalorara'' la decisión de los consejeros porque ello provocaría ``dudas'' sobre la actuación del propio tribunal.

``Si la decisión es favorable al PRI, se dirá que su actuación es parcial y nuevamente se pondrá en duda la autonomía del IFE, y si es desfavorable al partido, provocará comentarios adversos entre los afectados'', expresó.

Cárdenas explicó que las sanciones impuestas a los partidos (PRI, PT y PPS) se basaron en criterios ``jurídicos'' que el mismo Tribunal Electoral impuso el mes pasado, cuando los propios consejeros pretendieron (el TEPJF se opuso) crear una comisión para la fiscalización de los delitos electorales.

En aquella ocasión, recordó, los magistrados establecieron que la revisión de los gastos de los partidos tenía que hacerse de acuerdo con el artículo 49 del Código Federal de Procedimientos Electorales, y no el 270 al que alude el PRI, donde se prevé la participación de la Junta Ejecutiva del IFE y no sólo de la Comisión de Fiscalización.

``Sería lamentable que el tribunal no avalara los lineamientos que seguimos y que él mismo nos impuso'', consideró.

A su vez, Emilio Zebadúa subrayó: ``El PRI ha respondido con descalificaciones, críticas y adjetivos en contra de los consejeros electorales (cuando las decisiones le son adversas)'', comentó.

``La autonomía tiene sus ventajas y sus desventajas como actor subordinado a ese árbitro: a veces la decisión favorece y a veces desfavorece, pero en todo momento, como principio general, el actor que está sujeto a la autoridad arbitral tiene que respetar a esa autoridad, no sólo legal sino moral y políticamente'', subrayó.

Dijo que con descalificativos, los dirigentes del PRI no hacen ningún servicio a su propio partido, ``ni mucho menos le están haciendo un servicio al proceso de cambio político en el país''.

En tanto, fuentes del PRI señalaron que en la impugnación que presentará su partido ante el TEPJF se argumentará ``una interpretación errónea'' de la ley y su aplicación en forma retroactiva, lo que llevó a una decisión ``partidizada y tendenciosa''.

Adelantaron los informantes que el PRI analiza la posiblidad de demandar al consejero y presidente de la Comisión de Fiscalización, Alonso Lujambio, ``porque violó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales''.

Asimismo, confiaron en obtener un resultado ``satisfactorio'' del tribunal a fin de que éste anule la sanción ``o al menos la revalúe''.

Esta es la primera vez que corresponde al IFE imponer sanciones por irregularidades en los gastos de campaña; en las dos anteriores ocasiones relacionadas con los recursos utilizados durante 1994 y 1995, fue el tribunal el que, con base en los señalamientos del IFE, dictó las penas a que se hicieron acredores los partidos.

El consejero Cárdenas añadió que la decisión del IFE causó molestia no sólo por los señalamientos sino porque, por vez primera, se decidió disminuir los recursos que reciben los partidos. Recordó que en las dos ocasiones anteriores en que el tribunal intervino sólo impuso multas que consistían en el pago de cierto número de salarios mínimos generales.

En los gastos de 1994 se encontraron y documentaron irregularidades en las cuentas de PAN, PRI, PRD, PC y PVEM. Hubo también señalamientos que hizo el IFE en los gastos de campaña de 1994, pero que no argumentó adecuadamente por lo que el tribunal no pudo imponer una multa o sanción.

En 1995 el tribunal no sólo recurrió también a la multa de salarios mínimos para el PRD y el Partido Cardenista, que fueron quienes presentaron irregularidades en sus gastos, sino que a este último le aplicó una pena que consistía en pagar 800 salarios mínimos ``por no haber presentado ni un solo documento que comprobara sus gastos de campaña''.

Las irregularidades en el manejo de las cuentas de los partidos siempre se han dado, dijo Cárdenas, lo raro ahora es que se recurra a sanciones ``más severas'' que las que aplicaba el tribunal, concluyó.