Se intenta cerrar espacios a la sociedad civil, dice el Cejil

Claudia Herrera Beltrán Ť El representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Ariel Dulitsky, dijo que las modificaciones que propone el gobierno mexicano en el sistema interamericano de protección de los derechos

humanos buscan ``cerrar los espacios de denuncia que tiene la sociedad civil'', sobre todo ahora que hay más quejas por violaciones de derechos en México.

Desde Washington, Dulitzky dijo en entrevista telefónica que el aumento de quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por abusos en México ha afectado tanto al gobierno que pretende restringir el acceso de las víctimas al organismo.

Cejil es la principal organización no gubernamental (ONG) internacional con la que se han coordinado defensores de derechos humanos de México para presentar quejas ante la CIDH. Según Dulitzky, en los últimos dos años Cejil ha tramitado alrededor de 15 casos ante esa instancia dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

No hay datos oficiales sobre el número de quejas contra el gobierno mexicano, pero deben rebasar las 150, ya que tan sólo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional presentó 120 durante la visita que hizo la CIDH a México el año pasado, explicó.

Para Dulitzky, el sistema interamericano de protección de derechos humanos --que se sustenta en la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos-- todavía no ha desarrollado sus potencialidades y modificarlo como propone el gobierno mexicano sería un ``atentado contra los principios que dieron origen a estos organismos''.

Dulitzky dijo que antes de hacer cambios en la CIDH, los gobiernos deben acatar las recomendaciones que emite y aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana. México se suma a la minoría de países que no reconoce a la Corte, organismo judicial que tiene más peso que la Comisión, porque no sólo hace recomendaciones, sino que puede resolver las controversias que se le presenten.

``Nos preocupa mucho que el gobierno mexicano no haya acatado la recomendación de la Comisión Interamericana sobre la liberación del general Gallardo y que ahora pretenda promover cambios en ese organismo. Carece de autoridad para hacerlo'', advirtió el representante de Cejil, organismo que tiene sus oficinas generales en San José Costa Rica y otras en Washington.

Países como Colombia y Argentina han sido merecedores de numerosas recomendaciones de la CIDH y no sólo las han acatado, sino que han promulgado leyes estrictas para indemnizar a las víctimas y promovido acuerdos de solución amistosa con los quejosos para evitar la recomendación, explicó.

Señaló que la postura del gobierno ante ese sistema de protección de los derechos humanos ``ha dejado mucho que desear'', pues en repetidas ocasiones ha descalificado los informes de organismos internacionales y ha expulsado a observadores extranjeros.

Junto con algunas ONG mexicanas, Cejil ha presentado los casos del general Gallardo, de Aguas Blancas y del ejido Morelia. Además, ahora tramita quejas referentes la muerte en San Luis Potosí del diputado Pedro Peredo, a manos de priístas; la detención de supuestos zapatistas en Yanga, Veracruz; las ejecuciones en la Huasteca veracruzana, así como las amenazas y el hostigamiento contra defensores de derechos humanos.