Debe el gobierno cumplir el pacto de San Andrés: OIT

Martha García Ť El incumplimiento del gobierno mexicano frente a los acuerdos de San Andrés ha sido criticado ``duramente'' en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la cual debe una explicación como firmante del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, afirmó el director de la Oficina para América Central y Panamá del mencionado organismo, Ian Chambers.

Al participar en el Seminario Internacional sobre Derechos Indígenas --que ayer concluyó después de cinco días de sesiones en la ciudad de México-- el funcionario dijo que la ratificación de ese instrumento le permite a la comunidad internacional examinar el grado de cumplimiento por parte del gobierno de México de sus compromisos.

Tal fue la respuesta de Chambers a la duda del representante zapoteco del ayuntamiento constitucional de Yalalag, Oaxaca, Joel Aquino, acerca de ``cómo obligar a las autoridades a cumplir los acuerdos de San Andrés'', adquiridos por el gobierno y el EZLN el 6 de febrero de 1996, documento base de las reformas constitucionales sobre Derechos y Cultura Indígenas, redactadas por la Comisión de Concordia y Pacificación y rechazadas por la parte oficial.

Respeto a lo acordado

El funcionario de la OIT destacó: ``Los acuerdos de San Andrés corresponden, tanto en su sustancia como en su forma, con lo previsto en el Convenio 169. Es decir, son asuntos negociados y discutidos entre gobierno y pueblos indígenas'' (como lo exige el convenio citado en su artículo 6, entre otros). De esa forma, ``hubo consulta, negociación de soluciones y queda, aparentemente, el cumplimiento''.

Agregó que si ello no se hace porque el gobierno de México no considera --por motivos suyos-- legítima la negociación o los acuerdos, entonces habría que explicar el por qué. Chambers recordó que la ``fundación'' de todo derecho es: ``si hay acuerdo legítimo, hay que respetarlo''.

Frente a expertos internacionales y representantes indígenas de distintas organizaciones del país, aseguró con toda ``certidumbre'' la posición de la OIT sobre el conflicto en Chiapas: ``México ha sido criticado duramente por la Conferencia Internacional del Trabajo el año pasado, específicamente con relación a Chiapas''.

Dijo que se tomó nota ``muy positivamente'' de los acuerdos de San Andrés, ``suponiendo que iban a aplicarse''. Sin embargo, ante la actitud gubernamental, prevé que por la falta de esa aplicación y por no haber una explicación al respecto, ``en términos de su imagen internacional, temo que México va a padecer''. En ese caso, aclaró, es un asunto del gobierno mexicano decidir en ``términos de su legitimidad exterior y exterior; es un asunto de los votantes mexicanos''.

Hasta ahí los comentarios del funcionario de la OIT para la región, en el foro organizado por la Asociación Mexicana de Naciones Unidas (AMNU) y el Instituto Nacional Indigenista (INI), en donde también se comparó la propuesta lanzada por la Cocopa en Derechos y Cultura Indígenas con los lineamientos del Convenio 169.

En ese foro, en el que se analizó el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, promovido por la Organización de Estados Americanos, se resaltó el respaldo del gobierno de México a esta iniciativa, la cual es apoyada por las organizaciones indígenas del país.

Por otra parte, dirigentes de las comunidades yaqui, nahua, zapoteca, mazateca, mixteca, tzeltal --entre ellos algunos comisionados del Congreso Nacional Indígena-- reclamaron la necesidad de incluir los derechos colectivos de los pueblos indígenas con base en el documento de la OIT, firmado por 11 países. Entre los ausentes notables, por contar con población indígena, estuvieron Guatemala y Ecuador.

De los principios establecidos en el Convenio 169 --considerado el instrumento de avanzada en el derecho internacional-- recogidos en los acuerdos de San Andrés y la propuesta sobre Derechos y Cultura Indígenas, está la definición de pueblos y el reconocimiento de la autonomía como una ``garantía constitucional de estos pueblos y sus comunidades y el ejercicio de su derecho a la libre determinación en los territorios que actualmente ocupan'', como lo señalara en la inauguración de este seminario el director general del INI, Carlos Tello.

En ese espacio de discusión, los conferencistas lamentaron la inasistencia de los impugnadores de los acuerdos de San Andrés y de las reformas constitucionales a siete artículos (cuarto, 115, 18, 26, 53, 73 y 116) sostenidas por la Cocopa. Sólo la presencia del delegado gubernamental para la paz en Chiapas, Pedro Joaquín Coldwell, el primer día, fue considerada como un ``buen gesto''.

Sin embargo, a los ``defensores del constitucionalismo'' se les reclamó apertura hacia los derechos colectivos.

La participación del dirigente quechua Luis Fernando Sarango, dejó claro el reclamo indígena: ``Consideren --dijo-- que el derecho actual está viejo y caduco e impide el cambio social''. Asimismo, invitó a reflexionar sobre la ``pluralidad jurídica'' sustentada en los grupos indígenas. El también abogado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) añadió que esos sistemas jurídicos proscritos ``están al borde de la muerte'' por imponer un derecho como el de los estados nacionales.

Cuestiona Aquino a los asesores del gobierno

La crítica para los asesores gubernamentales corrió a cargo del representante de Yalalag, Joel Aquino, para quien estas personas sólo son ``abogadillos, tinterillos y burócratas''.

El zapoteco indicó que los consultores del gobierno ``han manipulado y distorsionado en la opinión pública el significado del derecho indígena, al acusarlo de intolerante ante la libertad religiosa''. Además señaló que los llamados usos y costumbres indígenas ``no quebrantan la ley'' en modo alguno.

Finalmente apuntó que, según las discusiones sobre derechos indígenas a nivel internacional, ``el panorama es oscuro para estos pueblos en todo el mundo, cuando de lo que se trata es de evitar la ingobernabilidad''.