Multa el IFE a tres partidos; airada protesta del PRI
Mireya Cuéllar Ť En medio de un agrio debate, en el que el PRI acusó a los consejeros electorales de ``arbitrarios y parciales'' y les advirtió que irá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación --porque allá sí ``conocen de derecho''--, el Consejo General del IFE decidió ayer sancionar a los partidos Revolucionario Institucional, Popular Socialista (PPS) y del Trabajo (PT) con multas que en conjunto suman poco más de seis millones de pesos, por no comprobar debidamente en qué gastaron los recursos públicos y privados que recibieron en 1996.
El PRI deberá pagar una multa de 5 millones 462 mil 646 pesos con 99 centavos, lo que representa 2.3 por ciento de lo que gasto en 1996; el PPS, 210 mil 759 pesos con 60 centavos, que significan 3.67 por ciento de sus erogaciones del año pasado, y el PT, 542 mil 470 pesos con 52 centavos, es decir, 2.59 por ciento de lo que gastó en dicho año.
En un estira y afloja que duro aproximadamente seis horas, el PRI impugnó la sanción con el argumento de que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del IFE violó la Constitución y la ley, al aplicarles durante la revisión de sus cuentas criterios retroactivos, no darles derecho de audiencia, ser parcial en favor del PAN, pretender ``perjudicar al PRI, violar el principio de confidencialidad y, finalmente, de no tener facultades para establecer sanciones.
El PRI no pudo comprobar ante la Comisión de Fiscalización gastos por concepto de ``viáticos y pasajes'' por 6 millones 70 mil pesos; tampoco 13 millones 117 mil 816 pesos con 61 centavos que --según el partido argumento-- entregó a sus organizaciones ``adherentes''. Es decir, no comprobó gastos por 19 millones 187 mil pesos.
En su alegato, el PRI dijo que se le estaba sometiendo a un procedimiento de fiscalización que fue aprobado apenas el 22 de noviembre de 1996 por el Congreso, y por lo tanto había ahí una aplicación retroactiva de la ley. Como en otros años, los del tricolor querían que se aceptará como comprobantes de gastos los recibos que los dirigentes de sus organizaciones ``adherentes'' (CNC y CNOP, por ejemplo) les firmaron al recibir el dinero. En tanto, la comisión demandaba también verificar en qué gastaron dichas organizaciones esos recursos.
El senador Andrade dijo que su partido no podía cumplir con una obligación que estaba a cargo de un tercero, sobre todo centró su alegato en la retroactividad en la aplicación de una norma.
¿Qué artículos del Cofipe deben aplicarse?, discutieron las partes
Y ahí se desató una discusión entre juristas sobre qué artículos del Cofipe debían aplicarse para revisar los gastos de los partidos, dado que en 1996 hubo modificaciones a dicha ley. En distintos tonos, los consejeros Alonso Lujambio y Jaime Cárdenas explicaron que la Suprema Corte ha sentado jurisprudencia en el sentido de que en materia constitucional y procesal sí se puede. Salieron a relucir ahí casos históricos que avalan esa tesis.
El debate se detuvo más de una hora en este punto, y cuando parecía que imperaba la visión de los consejeros, el PRI modifico su estrategia y centró los ataques en que no tuvo derecho de audiencia. Los consejeros explicaron entonces que habían aplicado el artículo 49 ``a'' del Cofipe, porque se trata de una revisión administrativa de los gastos, y para esos casos se establece sólo un lapso de 10 días para que los partidos respondan a los requerimientos de la Comisión, una vez que estos se hicieron ya.
El PRI exigía que se aplicara en este caso el artículo 270, que establece derecho de audiencia, pero los consejeros respondieron entonces que dicha norma se aplicaba para otro tipo de procesos, donde hay varias partes y emplazamientos para presentar pruebas. Que no era el caso, porque aquí se trataba de un ejercicio de carácter administrativo.
El Tribunal Electoral ya dictaminó que debe aplicarse el artículo 49 ``a''
El consejero Cárdenas recordó que el Tribunal Electoral ya dictaminó con anterioridad que para la fiscalización de los recursos de los partidos deberá aplicarse lo dicho en el artículo 49 ``a''.
Estaban entrampados en esa discusión priístas (Enrique Ibarra y Eduardo Andrade) y consejeros (Lujambio, Cárdenas, Zebadúa, Molinar), cuando en un tono aparentemente conciliador el senador Andrade propuso ``buscar una salida'' y regresar a la Comisión de Fiscalización --presidida por Lujambio-- el dictamen para que tuvieran mayor tiempo para ``reflexionar''.
Solamente que la redacción del punto de acuerdo regresando el dictamen, que el propio Andrade dicto, incluía una serie de considerandos, en los que los consejeros asumían que se había privado el derecho de audiencia de los partidos y que lo hacían para que no ``quede sombra de duda de la actuación imparcial'' del consejo.
Andrade había preguntando en tono irónico a los consejeros, antes de presentar su propuesta, que cuál era la prisa, ¿quieren decapitarnos hoy? ``Sean abiertos, democráticos, dennos la garantía de audiencia'', les había espetado sin dejar su tono burlón.
Apeló a que cuidarán la ``honorabilidad'' que les había llevado hasta el consejo, mostrando que no son parciales.
Pero Juan Molinar le reviró. Molesto, le dijo que la propuesta le parecía inadecuada en lo jurídico, no sólo porque resultaba ``riesgoso el camino, por inexplorado'', sino porque el PRI se los ofrecía como la tabla de salvación ``a mi prestigio, honorabilidad e imparcialidad''.
No se nos debe acusar de parcialidad
por no obedecer al PRI: Molinar
El senador del PRI, definió Molinar, había había llevado las cosas a tal punto que todo indicaba que, si no hacían lo que el PRI quiere, dejarían de ser imparciales: ``No voy aceptar que se nos acuse de parciales por no hacer lo que el PRI quiere''.
Es ``incómodo'', acotó Emilio Zebadúa, que a cada paso los consejeros tengan que defender ``su honorabilidad e imparcialidad'', cuando en el consejo no hay actuaciones de mala fe, nadie está pensando en hacer cosas para molestar a un partido y, sí, en cambio, se acata la ley.
Este sería uno de los momentos más difíciles de lo que después el consejero Mauricio Merino definiría como un ``trago amargo'' --aunque él usó el termino para referirse a la necesidad de sancionar a los partidos. Los consejeros se vieron, por el momento, abatidos ante el tono de unos priístas acostumbrados al golpeteo y el debate ríspido con sus adversarios, en ese instante los consejeros electorales.
Jesús Cantú, economista, no dijo una sola palabra. Tampoco Jacqueline Peschard. Ambos desconocedores del tejido fino en las lides jurídicas. Mientras, el público, sobre todo los asesores priístas, apoyaba eufórico a sus representantes, redactaba propuestas, les acercaba los Cofipes y las Constituciones.
Buena parte del público tampoco entendía mucho el debate. Los reporteros menos, se hablaba de un dictamen que casi nadie conocía. Se hacía referencia a artículos y párrafos de un proyecto de dictamen que tenían todos los consejeros en sus mesas, pero que a la prensa se entregó hasta que concluyo el debate.
La consejera Jacqueline Peschard confundió más a los presentes. Nadie entendió por qué primero votó en favor de la propuesta del PRI para regresar el proyecto de dictamen a la Comisión de Fiscalización (rechazando el dictamen), y después a favor de aprobar el dictamen; es decir, avaló todo lo que sus compañeros defendieron a lo largo del debate.
El único de los consejeros que votó en contra del dictamen de la Comisión de Fiscalización fue José Barragán, por considerar que el PRI tenía razón. José Woldenberg sufragó a favor con sus otros siete compañeros, así que el dictamen fue aprobado por ocho votos.
Al final de la sesión, los priístas (Ibarra y Andrade) dieron una conferencia de prensa para ratificar que apelarán de la decisión ante el tribunal; los consejeros también dieron la suya para defender nuevamente su dictamen y afirmar que no aceptarán que se use al tribunal como un instrumento para ``amenazarnos''.
Aunque durante la sesión PT y PPS dijeron que también apelarán ante el tribunal, no comentaron más. Su alegato giró en torno de los argumentos del PRI.