Campesinos de Tepetixtla y Atoyac, en resistencia civil

Matilde Pérez U. enviada /III, Atoyac, Gro. Ť En la sierra de Atoyac y Tepetixtla los campesinos organizados se declararon en resistencia civil pacífica.

``Sabemos que ya no podemos estar esperanzados en el gobierno, quedamos y seguimos sueltos. Tampoco vamos a caer en graves errores de confiar en las propuestas gubernamentales porque su política es de destrucción. Vamos a seguir sembrando los granos básicos junto con el café y otros cultivos mientras terminamos de armar nuestra estrategia de vida campesina para demostrarles a las autoridades que sí podemos continuar como productores con una nueva política regional, estatal y nacional''.

Habla Evaristo Castañón Flores, presidente del consejo de administración de la caja de ahorro de la Coordinadora Maicera de Préstamo y Ahorro. ``Ya tenemos la experiencia de que sólo nos apoyan cuando hay elecciones para decir que tenemos un buen sistema; la minoría es la que anda dando `garrotazos de ciego' para aceptar las limosnas del gobierno, el resto estamos luchando en forma pacífica por nuestro futuro''.

Sin referirse directamente al EPR, menciona que quienes han escogido la vía armada es por desesperación y ``eso le toca analizarlo al gobierno''. Recuerda que un buen número de comunidades todavía tienen fresca en su memoria la represión que sufrieron durante la guerrilla de Lucio Cabañas, y no quieren repetir esa historia.

Agrega que las poblaciones de Filo Mayor viven con zozobra por las acciones represivas de los cuerpos policiacos que combaten al narcotráfico. ``Ese mal social se generó por el descuido del gobierno, eso se quitará cuando arme una estrategia de servicios y muestre otra forma de vida a sus habitantes, porque negocio y necesidad empatan en la siembra de la amapola''.

El clima de inseguridad no es por los conflictos de límites de tierras, subraya el dirigente de la Coalición de Ejidos y Comunidades Cafetaleras de la Costa Grande, Zoelio Jaimes. Es una situación más compleja: insatisfacción de las demandas sociales; programas elitistas de carácter electorero y esquemas gubernamentales que siguen fomentando la dependencia y detienen el avance crítico de las organizaciones sociales; narcotráfico y mafias en los cuerpos de seguridad pública; falta de respeto a la autonomía de las comunidades en la elección de sus representantes; violación a sus derechos humanos y minimización a la presencia del EPR.

Para remontar el clima de desesperanza, frustración, marginación y desconfianza en las autoridades se necesitan más de tres años, un cambio gubernamental profundo, fuertes inversiones dirigidas a alimentación, salud, educación y vivienda, programas integrales y entrega de créditos a los productores, dice. También alerta que la situación actual está llevando a mucha gente a inclinarse hacia la lucha armada.

Subraya que el EPR no es ``sólo un grupito aislado'', por eso urge que el gobierno cambie de actitud y deje de responder coyunturalemente, trace una línea de desarrollo de acuerdo con las propuestas de partidos políticos, organizaciones sociales y de los grupos alzados.

Integrante también del Consejo Estatal del Café, resume la crisis de los productores del aromático: la caída de los precios internacionales y la restricción de financiamiento provocaron el abandono de las parcelas y la producción pasó de 260 mil quintales en 1988 a 120 mil en 1996. Hoy, las autoridades se niegan a apoyar la propuesta de mejorar la variedad regional del café, a incrementar los recursos destinados a la renovación de los cafetos y tratan de imponer una semilla colombiana que implica altos gastos.

En la comunidad de Tepetixtla, superando el temor a la represión y a las constantes amenazas de muerte, Julio Olivares Enríquez, presidente de la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Social de los Pueblos de Coyuca de Benítez, reporta el desvío de los recursos del Ramo 26 del periodo 1995-1996, y la explotación de los bosques aprobada únicamente por el comisariado ejidal y cuatro personas para entregarla a un particular, el que a su vez contrató a un grupo de 15 hombres armados para extraer la madera ante la oposición de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

El ex integrante de la Coalición de Ejidos de la Costa Grande precisa que según versión del comisariado ejidal, Felipe Rueda, el gobernador de Guerrero ordenó que los poco más de 2 millones de pesos destinados para la reconstrucción del camino Tepetixtla-Humedades se le entregaran para destinarlos a otro municipio. Agrega que las obras de agua potable, drenaje, reparación de aulas escolares y arreglo de caminos se realizaron a ``medias'', y otras, como la introducción de energía eléctrica para Barrio Nuevo, Humedades, San Pedro, San Isidro, Barranca Honda y El Ranchito --con 10 años gestionando el servicio-- nunca se realizó, aunque aparece como concluida.

Ante la queja insistente, la Contraloría del estado investigó y encontró un faltante de mil 500 millones de pesos sobre los 6.3 millones de pesos del Ramo 26 que se entregaron al municipio. Sin embargo, en el informe se asentó que todas las obras habían sido concluidas, dijo.

Un clima de tensión y zozobra envuelve a esta comunidad, donde sus habitantes evitan hablar directamente de la OCSS, y se refieren a ella sólo como ``la organización''. Algunos buscan integrarse en otros grupos para encontrar respuesta a sus añejas demandas, pero, comenta Olivares Enríquez, ``entre nosotros hay temor para reunirnos porque los caciques han amenazado que a quienes traten de organizar los van a silenciar''.

La violencia que ya existía en las comunidades de Coyuca de Benítez antes de la matanza de Aguas Blancas va en aumento, agrega. Gavillas han acabado con familias enteras, pero eso no es por problemas agrarios, aunque Tepetixtla, por ejemplo, tiene conflictos de límites con Hierba Santa, San Cristóbal, Jaleaca y Paraíso. Los asesinados son más de 30, además de los 17 de Aguas Blancas, indica.

En Tepetixtla --donde sólo la plaza central de la población está pavimentada, en las aguas grises de un riachuelo semiseco lavan algunas mujeres, y a pocos pasos de éste los puercos se alimentan en el basurero de la localidad--, el comisariado ejidal Felipe Rueda desmiente que entregue informes al Ejército sobre las actividades de la gente que participa en la comisión que preside Julio Olivares Enríquez.

Sustituto de Arón Benítez Carbajal, asesinado en diciembre de 1995, Felipe Rueda asegura que su nombramiento fue ``popular y no impuesto por el PRI'', y menciona que a los cuatro meses de ser comisariado ejidal empezó a recibir amenazas de muerte. A manera de presentación, señala que fue integrante del grupo maicero organizado en la Coalición de Ejidos de la Costa Grande de 1992 a 1993 y militante del PRD de 1990 a 1992, de éste ``me retiré porque las cuestiones políticas en lugar de ayudar perjudican. Tanto en el PRI como en el PRD la cosa política se mezcla con situaciones personales y por eso ahora sólo quiero servir a todos''.

De su experiencia en el grupo maicero comenta que en 1992 los responsables del fondo revolvente eran Julio Olivares Enríquez, Julián Rodríguez y Esteban Catalán, quienes nunca explicaron la desviación de 14 mil pesos ni entregaron la bonificación de 56 pesos por tonelada, de las 580 toneladas que los ejidatarios de Tepetixtla aportaron para su comercialización. También recogieron el radio de onda corta que se había adquirido con las aportaciones de 40 socios, ``entonces dijo que lo hacía por órdenes de la coalición, porque le debíamos 2 mil pesos''.

En respuesta a las versiones de que grupos de desconocidos están entregando la madera talada clandestinamente a los militares, el comisariado ejidal afirma desconocer quiénes están extrayendo actualmente la madera y si la entregan a los militares para la construcción de sus cuarteles.

Pero se atreve a señalar: ``deben ser grupos de particulares bien armados, porque sólo así pueden subir a cortar la madera''.