Reparto electoral de recursos contra la pobreza: titular de comité camaral

Rosa Icela Rodríguez Ť A 37 días de los comicios, la presidencia de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados aseguró que el reparto de recursos del Ramo 26 --combate a la pobreza-- se está haciendo ``estrictamente con motivos electorales'', y criticó la fórmula nacional para repartir los 12 mil 650 millones de pesos para 31 estados.

En un amplio estudio recientemente terminado por la presidencia de la mencionada comisión, se indica con cifras y ejemplos que ``a los municipios en donde gobierna la oposición se les da un apoyo mínimo para combatir la pobreza y los municipios más pobres de Oaxaca reciben asignaciones federales irrisorias, como el caso Santiago Tepeatlaca, con 35 pesos diarios para toda la población se planeó combatir la marginación''.

En contraparte, aclaran que municipios como Acapulco -gobernado por el PRI- tienen presupuestos millonarios, nueve veces más que el que recibe el puerto de Veracruz, en donde gobierna Acción Nacional.

Después de un análisis comparativo, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, la diputada perredista Osbelia Arellano sostiene la tesis de que ``las entidades federativas que tienen más municipios reciben menos recursos, no importa que sean los más pobres del país''. Con ello, ``se rompe el principio de la fórmula nacional del combate a la pobreza'' con que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) reparte las asignaciones respectivas.

Definitivamente, dice -con el cuadro de los 2 mil 416 municipios en la mano-, ``la fórmula no acepta el cotejo con la realidad''. (Ver recuadro del Diario Oficial del 2 de enero de 1997).

En cambio, dice, los recursos del Ramo 26 abrieron la brecha para asegurar triunfos electorales del PRI, basados en las mismas estrategias del programa Solidaridad, de Salinas.

Incluso, denunció, los recursos que está promoviendo Ernesto Zedillo en sus giras por los estados son partidas que ya fueron aprobadas desde diciembre y que, de ninguna manera, son frescos. ``Se trata de un uso repetitivo de recursos ya destinados a obras en los convenios firmados con los estados''.

Al separar en dos partes el total de los recursos, dijo que 35 por ciento, correspondiente al Fondo de Desarrollo Regional, ``es usado discrecionalmente al arbitrio del gobernador y los delegados'', de acuerdo con la extracción del gobierno municipal y el comportamiento de los alcaldes respectivos.

En las estadísticas llama la atención cómo los estados que dan más votos al PRI tienen las más altas asignaciones federales, como Veracruz, Chiapas, México, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán, mientras que Guanajuato, Jalisco y Chihuahua (donde gobierna el PAN) reciben menos de la mitad o la tercera parte.

Veracruz tiene las aportaciones más altas en 1997, con 666 millones 269 mil pesos, en tanto que a Jalisco sólo le dieron la mitad, 327 millones 959 pesos, y a Chihuahua, 208 millones 851 pesos.

La Comisión de Desarrollo Social asegura que ``nadie entiende por qué Nuevo León -que es uno de los que ocupan el primer lugar en crecimiento industrial y económico- tuvo, de 1996 a 1997, el más alto incremento para el Ramo 26, que ascendió a 60.83 por ciento con respecto a la cantidad recibida justo el año anterior''. A Sonora le aumentaron 46.20 por ciento de los recursos del Ramo 26, a Oaxaca apenas 3.59 y a Hidalgo 1.59.

Mientras que Nuevo León tiene 3 millones 784 mil, con un PIB de 6.55 y un índice de manufactura industrial de 9.34, de los más altos del país, Oaxaca tiene más de 5 millones, con un PIB de 1.67 y 0.95 de industria manufacturera. Eso sí, cuenta con el más alto número de municipios: 570.

En la actualidad, en Nuevo León y Sonora, el PRI está a la cabeza de las preferencias electorales para la campaña a gobernador.

El estudio manifiesta que la aplicación de la fórmula para el combate a la pobreza no sólo no ayudó a aumentar los recursos en varios estados (de 1996 a 1997), sino que, incluso, les correspondió un porcentaje menor, como fue el caso de Querétaro, Campeche, Tlaxcala, Nayarit, Zacatecas y Yucatán.

Al criticar el método para la descentralización de los recursos, la legisladora advirtió que los estados sufren dos tipos de centralismos: ``en el DF, que es el monstruo de la centralización, y después, el de las capitales estatales, en detrimento del municipio''. Por tanto, propuso que sean las comunidades las que decidan lo que les hace falta y que los recursos se apliquen a necesidades primarias y no a obras públicas que deben salir de otro tipo de partidas.

Manifestó que tienen pruebas de que 80 por ciento del Ramo 26 se usa para pequeñas obras: construcción de caminos, drenaje y ampliación de tomas de agua, problemas que deberían ser resueltos con los recursos normales de presupuestos estatales. La descentralización implicaría fórmulas más complicadas que las que está aplicando Sedeso.

En el análisis sobre los 2 mil 416 ayuntamientos del país en cuanto a las percepciones puntuales del Ramo 26, por ejemplo, el marginado ayuntamiento de Santiago Tepetlapa, Oaxaca, recibe 106 mil 928 pesos anuales, lo que equivale a un apoyo de 35 pesos diarios. Otros 48 municipios de ese estado reciben recursos que van de 100 mil a 200 mil pesos anuales, cada uno.

Entonces se preguntó: ``¿qué obras que combatan a la pobreza pueden hacerse con este monto de 35 pesos diarios?''.

En cambio, el municipio de Acapulco -gobernado por el PRI- recibe 54 millones anuales, con una población menor a las de Tijuana, Ciudad Juárez, Guanajuato, Mexicali, León o Guadalajara, que están gobernadas por el PAN y que evidentemente tienen una población superior a la de Acapulco.

También está el caso de Ciudad Nezahualcóyotl que, a pesar de su atraso, marginación y gran número de población, recibe 50 por ciento menos recursos que Acapulco.