En la madrugada del miércoles de esta semana fueron liberados 13 indígenas de la comunidad de San Pedro Nixtalucum, municipio de El Bosque, Chiapas, que estaban presos en la Cárcel de Cerro Hueco desde el 17 de marzo de 1997. Más que un acto de justicia, se trata de otro episodio que confirma la impunidad con que actúan las autoridades procuradoras de justicia en este país.

Los recién liberados Manuel González Pérez, Mariano Pérez González, Pedro González Sánchez, Mariano López Ruiz, Enrique González López, Santos Hernández González, Porfirio Pérez Sánchez, Pascual Méndez González, Mariano González Díaz, Reynaldo Méndez López, Marcelino Hernández Pérez, Andrés González López, y Pedro González González, se habían declarado inocentes ante el Ministerio Público; no obstante, a los 13 se les había dictado auto de formal prisión el 24 de marzo a las 15:20 horas por los delitos de homicidio, lesiones, privación ilegal de la libertad, daños y asociación delictuosa; a todos ellos, la procuraduría de justicia ``les encontró positiva la prueba de rodisonato de sodio''. Los 13 indígenas mencionados fueron trasladados de Cerro Hueco a Simojovel donde, según la información periodística, fueron liberados después de que un juez mixto de primera instancia les informó que el procurador general de justicia del estado se había desistido de la acción penal.

Este proceder se ha vuelto costumbre, por desgracia muy extendida. Abundan los casos de personas detenidas por razones políticas a quienes se les fabrican delitos que después se ``comprueban'', con lo que se les convierte en delincuentes comunes, se les mantiene en prisión por no importa cuánto tiempo, lapso que varía en función de la presión política que se pueda ejercer desde la sociedad civil organizada. Si esta presión se considera suficiente por las autoridades, se retiran todos los cargos que se les imputaban y se libera a las víctimas de ``la justicia'', sin que nadie se responsabilice de los daños causados a los afectados, y sin que autoridades y funcionarios públicos respondan por las violaciones a los derechos y garantías individuales que supone ese proceder.

Caso semejante es el de Francisco Alejandro García Santiago quien este 27 de mayo cumplió un año más en prisión, luego de que el juez dictara sentencia condenatoria de siete años, una multa pecuniaria y la reparación del daño. Acusado de sabotaje y preso en el penal Regional de Coatzacoalcos, Veracruz, García Santiago es uno de los presuntos zapatistas detenidos después del 9 de febrero de 1995. Actualmente la defensa espera que un Tribunal Colegiado acepte el amparo directo interpuesto el 14 de enero de 1997 contra la resolución dictada por un Tribunal Unitario de Villahermosa, Tabasco.

La sentencia condenatoria en este caso fue dictada a pesar de que la Procuraduría General de la República no aportó pruebas ni opiniones periciales que demuestren que García Santiago intentara derribar una torre de conducción de energía eléctrica con la intención de trastornar la vida económica del país; es decir que la PGR no comprobó el delito de sabotaje según lo establece el artículo 140 del Código Penal Federal. Además de que no hay pruebas del delito del que se acusa a Francisco García, la sentencia fue dictada también ignorando la recomendación número 132/95 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y enviada al gobernador de Veracruz y al procurador general de la República. Con esta recomendación se demuestra que la confesión en que se basa la acusación fue firmada bajo tortura sicológica, hecho que por sí mismo invalida cualquier declaración. Por el tiempo transcurrido hasta ahora el amparo ya debía haber sido concedido, y por las deficiencias e irregularidades del proceso, este amparo debería concederse en el sentido de otorgar y ordenar la libertad de Francisco Alejandro.

Después de liberados los 13 indígenas arriba mencionados, permanecen más de 60 presos en Cerro Hueco cuyas causas de reclusión no difieren mucho de las de quienes ya están libres, luego de que el procurador de Chiapas se desistiera de la acción penal. Pero esta cadena de injusticias continuará existiendo dentro y fuera de las cárceles de México, mientras funcionarios y autoridades que deberían procurar justicia sigan fabricando delitos e inventando delincuentes, y no obstante, sigan gozando de total impunidad.