Ilegal, que se acredite a agentes del FBI: ONG

Triunfo Elizalde Ť La Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos criticaron severamente, por anticonstitucional, el convenio ``técnico'' entre la cancillería mexicana y el Departamento de Estado estadunidense, que permitirá la presencia de seis agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en nuestro país para investigar y, prácticamente, perseguir delitos relacionados con drogas, lavado de dinero y contrabando de armas, además de la posibilidad de que presenten propuestas de extradición contra narcotraficantes mexicanos.

El diplomático Oscar González, presidente de la AMDH, dijo que ``el Senado de la República debe cuestionar al presidente Ernesto Zedillo en torno a la constitucionalidad y legalidad de autorizar al FBI'' --sin conocimiento y aprobación de ese órgano legislativo-- para que en forma discrecional opere en México en torno a asuntos relacionados con drogas, lavado de dinero, extradición de narcos y contrabando de armas''.

Agregó que por ser asunto de su competencia y de suma importancia para la soberanía nacional, el Senado debe pronunciarse contra ese tipo de acuerdos ejecutivos y administrativos entre los gobiernos de México y Estados Unidos, ``sobre todo porque se trata de un convenio técnico que puede representar riesgos reales para la soberanía y jurisdicción territorial de México''.

Señaló que el Senado debe preguntar al Ejecutivo sobre qué bases se tomó esta decisión. Hay que revisar los acuerdos bilaterales en materia de asistencia jurídica o los acuerdos administrativos para el combate al narcotráfico y saber si hay un instrumento internacional que lo fundamente, pero sobre todo cuál es el sustento legal constitucional de este acuerdo.

Habría que preguntarse también --expresó González-- si (mediante este acuerdo) sigue apoyando y cediendo a las presiones de Estados Unidos de que hay que combatir el narcotráfico fuera de sus fronteras, cuando sabemos que dicha nación representa el mayor mercado de consumo de drogas, y que su explotación produce, dentro y fuera, ganancias increíbles de millones de dólares. ¿No será que nos estamos prestando al disimulo de un problema que Estados Unidos no quiere que sea tomado en cuenta desde el exterior?

Advierte Krieger sobre la peligrosidad del convenio

Por su parte, Emilio Krieger, presidente fundador de la ANAD, manifestó que ``esa autorización es muy peligrosa porque lesiona directamente la soberanía nacional, al permitir la entrada y funcionamiento de autoridades extranjeras en nuestro país; es muy peligrosa porque de manera anticonstitucional abre las puertas de nuestra legalidad a agentes policiacos que con impunidad diplomática harán lo que les venga en gana''.

Se supone, agregó, que vivimos en un estado de derecho en el que están claramente señaladas las competencias y funciones que deben desempeñar las autoridades encargadas de investigar, perseguir y sancionar todos los delitos relacionados con drogas, contrabando de armas y lavado de dinero, y que el Congreso de la Unión no ha sancionado ninguna ley que permita la extradición de mexicanos para que sean juzgados en tribunales estadunidenses, bajo el pretexto de ser o suponer que son narcotraficantes.

``Esto es muy peligroso. Es otra barbaridad del gobierno. Atenta contra la soberanía nacional. ¿Cómo es posible que vengan policías del FBI, con inmunidad diplomática, a realizar actividades que son competencia de la Procuraduría General de la República?

``Primero nos impusieron --aseveró Krieger-- las normas que rigen el TLC; luego las condiciones de embargo a las exportaciones petroleras; después sus políticas en materia de inversiones extranjeras, lo mismo que su humillante certificación anual sobre lucha contra las drogas, y ahora buscan anular las funciones constitucionales de la PGR. No lo debemos permitir.''

Para Benjamín Laureano Luna, presidente del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, el artículo 21 de la Constitución ``en ningún momento autoriza que agentes extranjeros realicen investigaciones y persecución de delincuentes en el territorio nacional, por lo tanto, cualquier intento para que elementos del FBI operen con esos propósitos en el país es anticonstitucional''.

Dijo que el problema de las consultas entre México y Estados Unidos para la acreditación de más agentes de la DEA y del FBI en territorio mexicano, ``debe ser debatido por la Cámara de Diputados y el Senado, a la luz de la salvaguarda de la soberanía e independencia de México''.

Legal, la inmunidad a agentes del FBI: PRI

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI consideró válidos los acuerdos suscritos por el gobierno mexicano para impulsar la colaboración binacional en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Según su expresión, a reserva de conocer a detalle la forma en que trabajarán aquí agentes del FBI, nada impide que colaboren con las autoridades nacionales en la persecución de delincuentes. Es correcto que se les dé inmunidad diplomática, como a los integrantes de la DEA, pero no pueden portar armas ni intervenir en aprehensiones u otros actos de la justicia.