Querella contra Campa Cifrián por difamar a 13 candidatos del PRD

Raúl Llanos Samaniego Ť La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) exoneró ayer a los 13 candidatos del PRD acusados por el dirigente del PRI, Roberto Campa Cifrián, de estar implicados en hechos delictivos, al considerar que los datos en que se basó el priísta ``no constituyen antecedentes penales'', toda vez que son querellas tramitadas ante el Ministerio Público, pero que ``no dieron origen a una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente''.

La Procuraduría capitalina recibió la denuncia penal (SC\5484\97-05) del PRD en contra del líder del PRI capitalino por probable difamación y calumnia, presentada por Fernando Elías Hernández Mendoza, candidato a diputado federal.

En tanto, la dirigencia del PRD prepara su inconformidad que presentará hoy durante la sesión del Consejo General del IFE en el que acusarán al PRI de haber violentado el artículo 186 del Cofipe, que alude a las calumnias y difamaciones entre candidatos y partidos, cuya sanción puede alcanzar hasta el retiro del registro.

De acuerdo con las consideraciones del PRD hubo un manejo evidentemente doloso de una información proporcionada por algún área de la PGDJF que fue entregada de manera ilegal. Más allá de las complicaciones penales que ello conlleva, para el PRD existe una intencionalidad política en la denuncia priísta.

La reunión de los perredistas con el procurador Lorenzo Thomas se prolongó por hora y media; sin embargo, el funcionario no informó quién o quiénes solicitaron los datos sobre los perredistas, pero sí se comprometió a comunicárselos en el curso de hoy.

El titular de la PGJDF también les aseguró que ya se pidió la intervención de la Contraloría Interna de esta corporación para investigar el asunto e ir hasta las últimas consecuencias; por lo pronto, aprobó la solicitud de los candidatos para que se les extendiera desde ayer su constancia de antecedentes no penales.

Encabezados por Armando Quintero y Javier Hidalgo, presidente y secretario de Comunicación del PRD en el Distrito Federal, respectivamente, los implicados en este caso llegaron a las 10:15 de la mañana a la sede de la PGJDF y minutos después fueron recibidos por Lorenzo Thomas, a quien cuestionaron por expedir constancias de datos registrales en relación con los 13 candidatos del partido del sol azteca.

Al responder a las interrogantes, Lorenzo Thomas --quien se desempeñara como subsecretario de Asuntos Jurídicos del DDF antes de llegar a la Procuraduría-- les precisó que la información que en días pasados presentó públicamente Roberto Campa Cifrián, no constituyen elementos de antecedentes penales y por ello no se puede señalar a una persona como delincuente. De hecho, el titular de la PGJDF argumentó --según detalló Armando Quintero--, que se entregaron esos datos porque en esta institución ``aquí hay ventanilla abierta'', de manera que ``cualquiera puede pedir información sobre quien sea'', siempre y cuando no existan antecedentes penales, porque de lo contrario sólo se otorgará a una autoridad competente.

Al archivo muerto

Les manifestó que los datos registrales son actas levantadas con procesos abiertos que no pudieron concluir y fueron llevados al archivo muerto o, simplemente, no se pudo comprobar responsabilidad de la persona involucrada.

El procurador reiteró que ``no ha existido violación alguna al Código de Procedimientos Penales en el Distrito Federal'', en su artículo séptimo, donde establece que cuando una persona cuente con antecedentes penales sólo se responderá a solicitud de autoridad administrativa o judicial competente.

En el caso de las homonimias, el líder del PRD-DF comentó que cuando estaban con el procurador, éste solicitó el apoyo de especialistas del área de dactiloscopia para que tomara las huellas de quienes están en ese caso y se determinara quién es la persona que cita la lista dada a conocer por Campa Cifrián. Sin embargo, esta postura fue cuestionada por la dirigencia del PRD.

Durante la conferencia de prensa, Armando Quintero expresó que de manera individual los 13 candidatos afectados promoverían denuncias penales, al tiempo de que institucionalmente se consultaría a los abogados para determinar la conveniencia de llevar a cabo una demanda en contra de la procuraduría.

Javier Hidalgo precisó que lo hecho por Roberto Campa podría constituir una ``falta administrativa electoral'', según el Cofipe, y de considerarlo así el Tribunal Federal Electoral (Trife) implicaría que el PRI ``perdiera o se le suspendiera'' su registro.

René Arce apuntó: ``Demostraremos jurídicamente que Campa es un presunto delincuente al hacer esas declaraciones que dañaron el aspecto moral y político del PRD y sus candidatos''.

Por su parte, el presidente del PRD en el DF, Armando Quintero, afirmó que el proceso electoral se ha enturbiado por las calumnias del PAN y el PRI a los candidatos perredistas. Además, éstos partidos están haciendo circular volantes, trípticos y periódicos en los que acusan a los perredistas de diversos delitos.

Quintero dijo que el PRI y el PAN deben recapacitar y pasar a campañas de altura, centradas en campañas de altura y no en calumnia y el denuesto.