El acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, anunciado anteayer, que regulará la presencia de seis agentes del FBI en nuestro país -y la de otros tantos mexicanos, miembros de la PGR y del Cisen, en Washington- ha generado reacciones críticas y adversas, y resulta pertinente analizar el asunto desde diversas perspectivas, aplicables también a los policías de la DEA que ya operan en territorio nacional.

En primer lugar, ese intercambio acordado de agentes policiales ocurre con un telón de fondo caracterizado, en lo bilateral, por una reciente ofensiva de buena parte de la clase política del país vecino contra México, en el contexto del proceso de certificación de la lucha contra las drogas que libra el gobierno mexicano. El eje central de esa ofensiva fue descalificar los esfuerzos nacionales en la materia y exigir, en consecuencia, que nuestro país se plegara a los términos en los cuales Washington consideraba que debía desarrollarse el combate al narcotráfico.

Más recientemente, las autoridades de la nación vecina introdujeron variaciones significativas en esa concepción, empezando por la admisión de que el consumo de drogas en Estados Unidos es un factor central en el problema del narcotráfico. En forma simultánea, con motivo de la visita de Estado de William Clinton a México, los estadunidenses eliminaron las expresiones ofensivas contra nuestro país y adoptaron un tono mucho más cordial. Ambos hechos significaron una clara distensión en las relaciones bilaterales. El convenio bilateral referido podría ser expresión de esa mejoría, pero podría ser también resultado de las presiones precedentes, en cuyo caso implicaría una concesión inaceptable en materia de soberanía nacional.

Un tercer elemento contextual que debe destacarse es que el acuerdo mencionado se presenta en un momento de particular debilidad y vulnerabilidad de las instituciones y corporaciones policiales mexicanas encargadas de la procuración de justicia y de la preservación del orden público.

Ante esas circunstancias, la decisión de aprobar la presencia de agentes de una fuerza policiaca extranjera en nuestro país conlleva riesgos ineludibles: por una parte, y si bien el acuerdo establece reglas equitativas para la presencia de los policías estadunidenses en México y de sus homólogos mexicanos en Estados Unidos, difícilmente habrá elementos para cumplir el acuerdo en condiciones de simetría. Por la otra, es inevitable dudar de la capacidad de las autoridades de justicia nacionales de supervisar y fiscalizar a los agentes estadunidenses e impedir que cometan violaciones a las leyes mexicanas, algo que de todos modos parece difícil de garantizar si se considera que los agentes mencionados gozarán de inmunidad diplomática, la cual podría convertirse en una patente de impunidad.

Otro peligro a tomar en cuenta es que, ante cualquier eventual agresión que pudieran sufrir los poli- cías extranjeros, muy probablemente se dejarían sentir las pretensiones de Washington de aplicar sus propias leyes de manera extraterritorial. No puede olvidarse, al respecto, el caso del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, en la década pasada, y el posterior secuestro, por parte de policías del país vecino, de un ciudadano mexicano al que consideraban sospechoso de haber participado en el homicidio.

Con todo, el aspecto más grave y preocupante es la duda de si el mencionado acuerdo resulta compatible con los artículos 21 y 32 de nuestra Constitución Política, los cuales establecen, respectivamente, que ``la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial'', y que ``en tiempo de paz ningún extranjero podrá servir en el Ejército ni en las fuerzas de policía o seguridad pública'' del país.

Es necesario que el Senado de la República tome cartas en el asunto, realice un examen a fondo de la posible inconstitucionalidad del acuerdo y, en su caso, impida su entrada en vigor.

De cualquier forma, no es probable que la sociedad asimile y acepte, sin más, la presencia en México de policías estadunidenses en activo y, para colmo, inmunes a la acción de la justicia mexicana.