Recibe la CNDH tres denuncias contra militares

Raúl García, corresponsal, Chilpancingo, Gro., 29 de mayo Ť La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, el Consejo Electoral Estatal y representantes locales de PRI, PRD, PAN y otros partidos políticos realizaron llamados y pusieron en práctica iniciativas con miras a promover una salida pacífica al conflicto con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), así como a evitar violaciones de derechos humanos con motivo de la persecución a dicho grupo armado.

En tanto, un juzgado de distrito otorgó la noche de este jueves la libertad condicionada a seis de las siete personas detenidas el domingo pasado en Ahuacuotzingo luego de una emboscada que sufrió el Ejército, y dispuso para ellos el arraigo domiciliario para que este viernes rindan su declaración.

Aurora Muñoz, coordinadora del Instituto de Derechos Humanos, informó que al cumplirse 72 horas del plazo legal para dictar auto de formal prisión a los detenidos, sólo Abundio Casarrubias, originario de Xocoyolzintla, fue enviado por la Procuraduría General de la República (PGR) al penal local por su presunta responsabilidad en la posesión de arma prohibida.

Los ahora liberados son Anacleto Tepec, Hilario Atempa, Pascual Rodríguez, Agustín Ojendis, Pablo Gaspar y Virginio Salvador Avelino, de 17 años de edad, quien estaba recluido en el Albergue Tutelar de Menores. Todos ellos habían sido entregados ayer por el Ejército a la Procuraduría General de Justicia del Estado y posteriormente remitidos a la delegación de la PGR, acusados por los presuntos delitos de portación de armas prohibidas, rebelión y sedición.

Por su parte, Gustavo Nava Soria, uno de los dos visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que llegaron ayer a esta ciudad para investigar quejas contra soldados, informó que aparentemente los indígenas detenidos no presentan huellas de tortura, pero eso tendrá que ser comprobado por un médico especialista en los próximos días.

Los enviados, junto con miembros de varias organizaciones de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos, se reunieron hoy con el delegado de la PGR, Agustín Peniche Alvarez, y con los indígenas retenidos en los separos de esa dependencia.

Sin embargo, Cuauhtémoc Pineda Pineda, abogado defensor de los campesinos -originarios de las comunidades de Xocoyolzintla y San Miguel Ahuelicán, municipio de Ahuacuotzingo-, aseveró que desde el domingo, cuando sus clientes fueron detenidos, ``los estuvieron torturando los militares en un campamento que instalaron en La Antena'', un paraje de Ahuacuotzingo.

Por su parte, Francisco Núñez Sánchez, el otro visitador de la CNDH, informó que entre ayer y hoy han recibido tres denuncias contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): una por los familiares de los siete detenidos en Ahuacuotzingo; otra por la aprehensión en Tamalacatzingo, municipio de Olinalá, de Juan Leonor Bello y José Santiago Carranza, este último liberado ayer, además de Leonardo Bardomiano, de San Martín Jolalpa, Cualac.

La tercera queja la presentó el comisariado municipal de Tlaquitzingo, municipio de Ahuacuotzingo, también en la región de La Montaña, donde el comisario Vences Acevedo García fue capturado ayer por militares que lo sacaron a golpes de su casa, como había denunciado su suplente, Maximino Chapa Nava. También sigue sin ser presentado ante autoridades civiles.

En total, de once detenidos por el Ejército Mexicano luego de que fueron emboscados el sábado en la vía Chilpancingo-Tlapa, cerca de Tepozonalco, municipio de Chilapa, siete ya fueron liberados, tres continúan desaparecidos y uno fue enviado al penal local acusado de posesión de arma prohibida, rebelión y sedición.

Establecer una mesa de diálogo con el EPR: Coddehum

En otro orden, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) en Guerrero, Juan Alarcón Hernández, exhortó al Ejército Mexicano y a las autoridades civiles federales y estatales a buscar ``otras estrategias'' en el combate al EPR, ``sobre todo para establecer una mesa de diálogo a fin de que cesen las hostilidades'' y ``evitar que se cometan más violaciones a las garantías individuales''.

Alarcón Hernández dijo en entrevista que desde la irrupción pública del EPR en Aguas Blancas, el 28 de junio del año pasado, los organismos estatal y nacional de derechos humanos han recibido más de 20 quejas por supuestos abusos de los militares contra decenas de guerrerenses, principalmente de La Montaña y Costa Chica.

Al igual que representantes locales del PRI, PRD, PAN y otros partidos que se han pronunciado por una solución pacífica, el ombudsman estatal pidió a los gobiernos federal y local buscar ``el diálogo, la concertación, y que se abra una tregua para evitar todo tipo de violencia''.

Al respecto, el Consejo Estatal Electoral nombró en su sesión de hoy una comisión de tres consejeros ciudadanos que elaborará un documento dirigido al Ejército Mexicano, a los gobiernos federal y estatal, así como al EPR, en el que se haría un llamado a privilegiar una negociación pacífica y no afectar el proceso electoral federal.

Finalmente, la coordinación legislativa del PRD en el Congreso local informó que cinco diputados de ese partido fueron comisionados para investigar en La Montaña las acusaciones contra el Ejército Mexicano de abuso de poder, torturas y detenciones.