El resultado de la 36 Reunión Interparlamentaria en relación con el problema de la migración fue decepcionante. Los congresistas estadunidenses simplemente reafirmaron su derecho a establecer una política en materia migratoria; dijeron que ``Estados Unidos está orgulloso de la suya'', la cual, aseguran, no viola ninguna disposición jurídica en materia de derechos humanos pues se ajusta al derecho internacional. Para terminar con la discusión, los congresistas estadunidenses plantearon la posibilidad de ``suavizar'' la Ley de Inmigración ilegal y Responsabilidades de los Inmigrantes.

Los argumentos de Clinton fueron también en esa dirección. En su visita a México afirmó que ``si tenemos leyes y las personas esperan en fila, algunas veces por años para venir aquí, es erróneo que no tratemos de detener a aquellos que intentan evadir las leyes y venir antes de tiempo. No es correcto''.

Aquí se encuentra el verdadero problema: percibir a la migración como un conflicto legal y jurídico y no como lo que es, un fenómeno laboral y demográfico. Los indocumentados no están tratando de ``pasarse de listos''. Si no hacen cola es porque no es necesario, ya que la demanda de trabajo fluye del otro lado de la frontera. Esto es lo que anuda el problema y favorece la condición de indocumentados, pues constituyen una mano de obra en activo que el gobierno estadunidense se empeña en no contabilizar en sus instituciones laborales, por negarse a aceptar que existe una demanda para esa fuerza de trabajo. El hecho de que la nueva Ley permita la búsqueda de los migrantes en sus propios centros de trabajo es muy significativo, en la medida en que reafirma su condición de trabajadores en activo. Sin embargo, su detención puede resultar ilegal, porque estos trabajadores han creado una serie de derechos que pueden ser violados si se les aplica la remoción.

La afirmación de que los trabajadores migrantes desplazan a los nativos está superada. El propio Departamento del Trabajo de Estados Unidos, en una investigación realizada en 1989, la ha desmentido, y ha señalado que algunas industrias, como las del vestido, la automotriz, y la del calzado, son absolutamente dependientes del trabajo migrante, en especial del mexicano. Por su parte, el Departamento de Agricultura también insiste en buscar un mecanismo por el cual este sector tenga la posibilidad de abastecerse de mano de obra migrante, factor sin el cual correría el riesgo de pérdidas millonarias por pérdida de cosechas.

El presidente Clinton señaló que no habría deportaciones masivas, y fue realista: es improbable que tales expulsiones se lleven a cabo dadas las limitaciones en la infraestructura del SIN, y a pesar de que ahora la Ley dota a oficiales de los estados con atribuciones para llevar a cabo detenciones de migrantes. Por otro lado, los indocumentados tienen un mercado de trabajo determinado, y por muchas razones --entre ellas su indefensión-- les resultan muy atractivos a los patrones estadunidenses. Y esto pesar de que el SIn informó que los deportados en el primer trimestre de 1997 alcanzaron el número de 31 mil 602 mexicanos, 28 por ciento más que en el mismo periodo en 1996. Estas cifras no pueden ser resultado de la aplicación de la ley denominada Acta de 1996, pues ésta entró en vigor apenas el 1o. de abril del presente año.

Sin subestimar de ninguna manera el fenómeno, habría que decir que los números son altamente engañosos, pues las fuentes --la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, las propias dependencias consulares-- difieren en los datos.

Cabría pensar que la frontera tiene una dinámica propia, cuyo movimiento permite administrar y justificar muchas cosas: el sueldo de la Patrulla Fronteriza, la ``eficacia'' de los nuevos obstáculos que impiden el paso de personas, las presiones para México y la generación de un ambiente de persecución y hostilidad que favorece una mayor explotación hacia los migrantes.

Los presidentes de México y de Estados Unidos suscribieron en días pasados una declaración conjunta sobre el tema migratorio y se comprometieron a realizar esfuerzos para buscar una solución. Uno de los caminos que puede iniciar un cambio en el problema migratorio es revisar las cuotas para inmigrantes que fija para nuestro país la Ley de Migración y Naturalización de Estados Unidos, y que desde 1976 tiene el límite de 20 mil personas al año. Aquí hay una profunda incongruencia que debe corregirse ya que, entre las necesidades de una demanda creciente y su satisfacción por parte de trabajadores mexicanos, bajo la disposición legal mencionada resulta que prácticamente todos los mexicanos que trabajan en el país vecino son necesariamente indocumentados.