La controversia por el financiamiento electoral que la Unión Europea había ofrecido a la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) para tareas de observación electoral, asistencia económica que fue vetada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que en sus orígenes habría podido resolverse como un malentendido menor, ha dado lugar a una polémica multipartita que es necesario atajar.

Cabe recordar que lo que empezó siendo una operación normal para allegarse recursos por parte de una organización no gubernamental, fue considerado por la SRE una injerencia indebida en los asuntos internos mexicanos por parte de una autoridad extranjera. El gobierno cayó entonces en la cuenta de que en las más recientes modificaciones legales en materia electoral se había omitido el financiamiento a las actividades de observación electoral -necesarias y promotoras de hábitos democráticos-; de esta forma, se constituyó un fondo, administrado por el Instituto Federal Electoral, que habría de destinarse a tales tareas, y se propuso a la UE que los recursos originalmente destinados a la AMDH fuesen derivados a ese fondo.

Pero ni la organización no gubernamental ni la autoridad paneuropea han aceptado tales términos, y el diferendo ha terminado por generar tensiones entre la AMDH y la cancillería, por un lado, y el IFE, por el otro; adicionalmente, el asunto ha introducido un factor de tirantez en las relaciones bilaterales con la Unión Europea, que en lo general cabe calificar de fluidas y cordiales.

Ante estas indeseables consecuencias, y sin desconocer la legítima preocupación de las autoridades por preservar la soberanía, es pertinente insistir en el hecho de que la Academia Mexicana de Derechos Humanos es una institución civil formada por nacionales, que posee un sólido prestigio y que sus labores de observación electoral constituyen una aportación importante al desarrollo de una plena democracia en nuestro país. En tales circunstancias, es improcedente la sospecha de que el financiamiento de sus actividades en este sentido por parte de la UE pudieran dar lugar a injerencias externas en nuestros asuntos políticos.

Por las razones anteriores, y dada la inminencia de la elección del 6 de julio, es por demás necesario que se redoblen los esfuerzos negociadores que permitan encontrar fórmulas para resolver el diferendo sin afectar los propósitos de labor cívica de la AMDH, ignorar las razones de la UE, dejar de lado las atribuciones del IFE o lesionar la autoridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores.