FOTO CENSURADA EN LA PRENSA DE CHIHUAHUA

Nota de la Redacción Ť La represión contra periodistas que en cumplimiento de su oficio difundieron el violento desalojo de indígenas rarámuris y tepehuanes del ejido Monterde, acontecido el pasado 22 de mayo en la ciudad de Chihuahua, alcanzó el día de ayer a la reportera Miroslava Breach Velducea, despedida de su empleo en el Diario de Chihuahua bajo la ``acusación'' de haber enviado a La Jornada fotografías sobre la agresión policiaca del gobierno que encabeza el panista Francisco Barrio Terrazas.

En la primera plana de la edición del 23 de mayo de La Jornada apareció la imagen de un tarahumara bañado en sangre y sometido a los pies de un policía, y en la página 52 otra fotografía destaca en primer plano un cartel propagandístico del Partido Acción Nacional (PAN) con el lema de campaña ``el México que todos queremos ver'' y al fondo la fila de policías antimotines listos para efectuar el desalojo de indígenas.

En una Nota de la Redacción, La Jornada aclaró posteriormente que por un error omitió mencionar que una de las fotografías mencionadas corresponde al Diario de Chihuahua donde trabaja el reportero gráfico Juan De la Torre Jr., a quien se le dio el crédito. Aun así, la reportera Breach fue despedida. ``En el fondo de todo está un hecho innegable: la gran irritación que provocó en el gobierno del estado de Chihuahua el que se publicaran imágenes del brutal desalojo de indígenas en un medio de circulación nacional como La Jornada'', comentó Miroslava Breach.

De acuerdo con testimonios de fotógrafos de prensa, reporteros y camarógrafos que cubrieron el desalojo del pasado día 22, se confirma que los agentes policiacos trataron de impedir el trabajo periodístico de los colegas chihuahuenses, quienes además sufrieron golpes por parte de elementos de la Judicial del estado. ``Después del operativo de desalojo siguió el de la desinformación'', comentaron a La Jornada los fotógrafos de la Asociación de Reporteros Gráficos de Chihuahua.

Decenas de las imágenes captadas por los reporteros gráficos de Chihuahua sobre la represión a indígenas tarahumaras y tepehuanos --``la más violenta que hiciera algún gobierno en los últimos 20 años de la historia chihuahuense'', dice el diputado Víctor Quintana-- fueron censuradas y no se permitió su publicación en los diarios locales, según dijeron a La Jornada periodistas de aquel estado.

Rubén Villalpando, corresponsal, Ciudad Juárez, Chih., 26 de mayo Ť Un grupo de investigadores, académicos y empleados pertenecientes a la Coordinación de Investigación y Desarrollo Académico (CIyDA), dependencia del gobierno estatal, reprobaron el uso de la fuerza pública contra los indígenas de Monterde y aseguraron que para ellos ``quedó claro el menosprecio de la administración de Francisco Barrio a la vida y a la dignidad de los más pobres''.

En un comunicado de prensa señalan que el trabajar para una dependencia gubernamental ``no nos compromete ética ni políticamente y menos cuando intentamos desde aquí la democratización de la enseñanza y con ello de la sociedad chihuahuense''.

Mientras, la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a diputada por el tercer distrito, Soledad Bautista Espino, inició esta mañana una huelga de hambre frente a las oficinas del gobierno del estado y exigió la destitución del procurador de Justicia, Arturo Chávez Chávez, quien ordenó reprimir a los indígenas la semana pasada.

Bautista Espino, de la comunidad tarahumara, demandó también la destitución del jefe de la Policía Judicial del Estado (PJE), Heriberto La Chica, a quien señala como ``represor cotidiano'' de indígenas y grupos opositores a los partidos PRI y PAN.

Por su parte, el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Eustasio Gutiérrez, calificó como ``un error político de Barrio Terrazas, haber ordenado que los indígenas fueran golpeados con tal saña, bajo el argumento de que eran manipulados por diversas corrientes políticas''.El gobierno, dijo, tuvo mucho tiempo para encontrar una solución al problema.

Las primeras indagaciones realizadas por la CEDH, demuestran que hubo ``exceso de violencia'' contra los indígenas chihuahuenses, que en un principio se opusieron a ser detenidos.

El comunicado de prensa firmado por los 36 maestros y empleados de la CIyDA, que coordina Armando Loera Varela, destaca que ``independientemente de los motivos del plantón indígena, de la autenticidad de sus líderes y de la justeza o no de la causa, nada, absolutamente nada, legitima el uso de la fuerza pública para permitir el tráfico vehicular'', argumento que utilizó la secretaría general del gobierno panista de Chihuahua.

Señalan que luego de ver el abuso de fuerza pública y la ``pobreza de la argumentación del secretario general de Gobierno, Eduardo Romero Ramos para justificarla, ``¿cómo podemos decir a los chihuahuenses que este gobierno está dispuesto a escucharlos a todos para democratizar la educación desde la base?''.

En el documento entregado a los medios de comunicación, dirigido a las comunidades Obra, Warijó, Rarámuri, Odaai, Menonitas, Mormones y Meztizos, y a los educadores del estado, el CIyDA resalta que ``por encima de la ley existen derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la libertad de expresión y de manifestación.

Por ello, agrega el organismo, alzamos nuestra más enérgica protesta y dejamos absolutamente claro nuestro deslinde de los actos perpetrados el 22 de mayo'' por el gobierno del estado.