Iván Restrepo
Preso por crímenes ambientales
Que se sepa, en ningún otro caso las autoridades, y muy especialmente judiciales, habían recibido tantas peticiones públicas (y seguramente también privadas), para que rectificaran una sentencia. No solamente empresarios y cámaras que los agrupan, se unieron más de lo que están para evitar que uno de los suyos pisara la prisión donde hoy se encuentra por cometer delitos que un juez consideró sumamente graves: también abogaron en su favor los presidentes municipales de varios pueblos donde las fábricas del ahora preso ejercen notable influencia, el obispo de la región y el clero católico. A todos ellos se sumaron los representantes de los 2 mil 300 obreros y empleados que trabajan para el preclaro capitán del ramo textil.
Cuando el juez que finalmente lo condenó a siete años de prisión, recibió el voluminoso expediente donde se detallaban las acusaciones contra el industrial por los daños ambientales que durante varios lustros han causado sus empresas, muchos ciudadanos creían que, como en el pasado, el asunto se solucionaría con una nueva multa. Pero ante la sorpresa general, la justicia fue imparcial al analizar los cargos y dictar sentencia, y condenó al infractor de la ley. Pero además de la deshonra que significa pisar una cárcel, le impuso una multa de 50 mil dólares, que se agregan a otros 170 mil que pagó anteriormente como mínima reparación por los daños ocasionados. Aunque los abogados apelaron la sentencia y diversos integrantes del poder político, económico, sindical y religioso de la región se movilizaron para echarla por tierra, fallaron porque una instancia superior, la Suprema Corte, respaldó en todos sus términos la determinación del juez. Y algo más, sostuvo que en repetidas ocasiones el acusado ignoró las advertencias del gobierno y es culpable de ``un crimen continuo en contra de la salud pública y del medio ambiente''. Sin embargo, los abogados del que ahora se encuentra en chirona dicen no estar muy seguros de que su cliente pase tantos años a la sombra por lo que podría quedar muy pronto en libertad.
Cualquiera que sea el resultado final del asunto, es la primera vez que en España el dueño de una fábrica va a prisión por ``crímenes contra el ambiente'', lo cual sienta un precedente importante para actuar enérgicamente contra otros responsables de contaminar. En el caso que nos ocupa, José Puignero permitió durante lustros que ilegalmente sus plantas textiles ubicadas en Cataluña tiraran residuos químicos de pinturas y detergentes al río Teg, cercano al pueblo de Sant Bartolomeu del Grau, lo que afectó además los mantos freáticos de una importante zona. Aunque pidió no ir a la cárcel alegando estar ``débil de salud'', un médico demostró que no padecía enfermedad alguna y su petición fue denegada.
Y mientras el alcalde de Prats de Llucanes, donde hay una fábrica de Puignero, dijo que ``mucha gente se encuentra alarmada aquí'' por la sentencia, la noticia fue bien recibida en la Comunidad Europea que ha visto cómo uno de sus integrantes, España, ha acabado con sus bosques, alterado ríos y bahías, deteriorado zonas costeras. Para el caso de nuestro país, la condena por ``crímenes contra el medio ambiente'', es también ejemplo aleccionador.
En efecto, durante décadas las industrias azucarera, papelera, textil, minera, la petrolera y petroquímica, la generadora de energía, para citar algunas, han contaminado aire, ríos y ecosistemas costeros, tirado sus desechos en sitios inadecuados y causado serios daños a la salud de la población y los recursos naturales. Con el agravante de que, con frecuencia, esos desajustes corren por cuenta de empresas gubernamentales que debían servir de modelo.
Al respecto, recientemente se supo la forma irresponsable como Petróleos Mexicanos tira sus residuos tóxicos y peligrosos en el importante complejo de Cactus. No hay allá mecanismos para manejar los residuos que se dejan a cielo abierto o sobre el suelo; ni siquiera existe un inventario que indique su origen y volumen. Otro caso: la papelera Tuxtepec y los ingenios López Mateos y La Constanza arrojan sus desechos al río Papaloapan y sus afluentes. Las denuncias ciudadanas se pierden en la marea burocrática, mientras menos del 2 por ciento de las consignaciones que la Procuraduría del Medio Ambiente hace ante las instancias judiciales surten algún efecto, y sin que jamás el dueño de una empresa contaminadora haya sido tocado con el pétalo de un citatorio, o que un funcionario haya sido destituido o preso por negligencia o corrupción al no incumplir la legislación vigente. El día que esto se haga, la noticia dará la vuelta al mundo, en vez de tantas que nos avergüenzan.