Sigilosa restructuración de adeudos carreteros

Juan Antonio Zúñiga M. Ť En la más rigurosa discreción, bancos, constructoras, concesionarios y funcionarios de las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes, afinan los últimos detalles de la restructuración de adeudos del programa carretero. Este implicó: una inversión de 50 mil millones de pesos, la puesta en operación de 6 mil 332 kilómetros de autopistas y el primer gran fracaso de la participación privada en la operación de obras de infraestructura en México.

El costo fiscal del rescate ascenderá por lo menos a 26 mil 100 millones de pesos, cantidad cinco veces superior a los recursos gubernamentales implicados en el Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca (Ade). Sin embargo, las partes no han llegado a un arreglo en torno a la adquisición gubernamental de todas o parte de las concesiones carreteras administradas por el sector privado. Ya casi lo alcanzan.

Los tres grandes corporativos de la construcción --Empresas ICA, Grupo Tribasa y el Grupo Mexicano de Desarrollo-- prácticamente dan por descontado que el gobierno federal adquirirá parte de las 30 autopistas concesionadas a la iniciativa privada,

en particular aquellas que registran permanentes pérdidas, y confían en alcanzar una restructuración de adeudos con la banca en mejores plazos y condiciones.

A este respecto, informes de Ingenieros Civiles Asociados (ICA): ``Varias empresas constructoras, entre ellas ICA, se encuentran actualmente negociando con el gobierno mexicano un acuerdo general para restructurar las concesiones de carreteras y puentes otorgadas por el gobierno federal... La compañía cree que la restructura le permitirá contar con activos significativamente más líquidos y con mayor solvencia para financiar el desarrollo de la empresa''.

Por su parte, el Grupo Tribasa ha planteado: ``El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está en proceso, junto con las compañías concesionarias de carreteras a fin de ejecutar un programa de restructuración de los proyectos carreteros, los cuales, como consecuencia de los problemas económicos derivados de la crisis de finales de 1994, han presentado en su mayoría problemas de recuperación de la inversión y de los niveles de tráfico''.

Este grupo, que también se benefició de los proyectos de construcción de autopistas concesionadas al sector privado, pero con precarios resultados en su administración, adelantó a sus accionistas: ``Esta restructuración podría tener como resultado que el gobierno federal adquiriera parte o el total de las concesiones''.

Con una estructura financiera y organizativa más endeble que los dos anteriores, el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) fue el corporativo que más se comprometió en demostrar la viabilidad en la construcción de proyectos de infraestructura con cargo al financiamiento y administración de la iniciativa privada, bajo la regulación del gobierno.

Pero también fue el más afectado por una historia que se inició el 15 de febrero de 1989, cuando fue suscrito el programa unificado de construcción y operación de carreteras y puentes, y el Grupo Mexicano de Desarrollo fue uno de los primeros en apuntarse en la conciliación de la rentabilidad particular y el beneficio social. ``La restructura financiera de nuestras inversiones en autopistas de cuota continúa siendo la máxima prioridad para GMD'', sostiene en la actualidad.

El capital

El programa carretero acortó distancias

geográficas, partió cerros y montañas, las perforó en obras de ingeniería admiradas en el mundo, tendió más de 478 puentes y mil 201 pasos a desnivel. También abrió 140 entronques con otras carreteras. Pero el precio del peaje quedó fuera del alcance de los usuarios y creo la paradoja de la cercanía física de las poblaciones y la lejanía financiera de sus habitantes.

Los informes gubernamentales calculan en 50 mil millones de pesos el monto total de las inversiones realizadas para la construcción de las carreteras concesionadas al sector privado. De ellos, 5 por ciento fue aportado por los gobiernos estatales, unos 2 mil 500 millones; 12 por ciento, por el gobierno federal, alrededor de 6 mil millones de pesos, y 30 por ciento, es decir, 15 mil millones, por las empresas concesionarias.

Pero 53 por ciento de los recursos utilizados, esto es, 26 mil 500 millones de pesos, correspondió a la contratación de créditos con la banca nacional.

Esto significa que, en términos nominales, los 26 mil 100 millones de pesos considerados en el costo fiscal para el gobierno federal para asumir parte de la restructuración del fracaso económico de las carreteras concesionadas es más de tres veces superior a las aportaciones que realizó originalmente para ``detonar'' la inversión privada en este campo; o bien, es una cantidad similar al monto de los financiamientos bancarios que fueron contratados, sin considerar los intereses.

Los intereses

Empresas ICA es el corporativo de mayores dimensiones comprometido en las concesiones carreteras del país, y también en la restructuración en marcha. El presidente de su consejo de administración es Bernardo Quintana Isaac, quien a su vez es consejero propietario en el grupo financiero Banamex-Accival, en Telmex y Gruma Mexicanos, entre otras nueve grandes firmas.

Además de Carlos Slim, figura en el consejo de administración de Empresas ICA Ernesto Marcos Giacomán, quien fuera subsecretario de Industria Paraestatal en 1982, al término del gobierno de José López Portillo, y director general de Nacional Financiera en los últimos dos del sexenio de Miguel de la Madrid. Como socio comparte créditos con Alberto Escofet Artigas, quien se desempeñara como subsecretario de Minas e Industria Básica en 1985 y como director de la Comisión Federal de Electricidad de 1981 a 1982.

El Grupo Tribasa cuenta con la presencia en su consejo de Carlos Hank Rhon, presidente del grupo financiero Interacciones y, entre otras, consejero de Gruma y de Synkro.

Con una estructura casi de corte familiar, el GMD es presidido por Jorge Ballesteros Franco, vicepresidente de Synkro y consejero de Iusacell, Kimberly Clark, Inverméxico y Nalcomex, entre otras. Cuenta en su consejo de administración con la presencia de Agustín Legorreta Chauvet, ex presidente de la Asociación de Banqueros de México, del Consejo Coordinador Empresarial, y el último de los banqueros de abolengo