La ciudad está enfadada. Ya son muchos los días en que el tránsito, tan difícil siempre, se torna imposible ante la presencia, cada vez más abundante, de los maestros. Embotellamientos, retrasos, corajes en el ambiente enrarecido por la lentitud de los vehículos al paso de los pasos del hombre. En juego, la exigencia de un salario decente, suficiente para eliminar los agobios. Que sea el justo para equilibrar el difícil déficit familiar, ese que aún no participa de los augurios optimistas del secretario de Hacienda.

De un lado los granaderos, ellos mismos pueblo, aunque lo sean detrás de cascos, caretas y escudos, de cachiporras y, allá en el fondo, de un miedo natural. Del otro la exigencia más que justificada que no envuelve otra cosa que el deseo de que en nuestro México se ponga en marcha el viejo anhelo, parecería que archivado, de la justicia social.

Hay muchas cosas en juego. Yo diría que una fundamental: el mito de la huelga burocrática y de las condiciones generales de trabajo, escasamente económicas y, en todo caso, condicionadas al beneplácito de la Secretaría de Hacienda según lo dice, rotundo, el art. 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que subordina las prestaciones económicas de las CGT a que se ajusten a la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Lo que pasa es que cuando los caminos de la ley se cierran para las necesidades, cuando el Estado patrón diseña derechos a medias o a cuartas, con la ilusión vana de que se defenderá en lo formal de las exigencias justas, las alternativas no tienen otro camino que la calle, y sufra el que deba sufrir que los trabajadores van por lo suyo. Y son muchos, tantos como todos los trabajadores que en nuestro México difícil e injusto socialmente, viven de un salario cada vez más mermado y mandan a los hijos al dramático subempleo de lavadores de parabrisas, payasitos, pedigüeños sin imaginación; o esas dramáticas escenas de los niños, que no pueden ser más niños, haciendo cabriolas y que una hermanita un poco mayor pida limosna con base en un espectáculo circense que no llega ni siquiera a caricatura.

Pero ¿puede el Estado dar más de aquello que un presupuesto aprobado por el Congreso puede permitir?

Con toda razón Miguel Limón Rojas, nuestro inteligente y equilibrado secretario de Educación, ha dicho que los trabajadores tienen derecho a ganar más, pero que no existen los recursos para darles el salario que merecen. Y van y vienen las marchas, las protestas, las desesperaciones en automóvil y a pie.

¿Puede el gobierno hacer excepciones? ¿Puede pagar más porque la protesta, de miles, entorpece el tránsito y desespera a los habitantes de esta ciudad colosal, bella e insoportable?

Tal vez esas marchas no serían necesarias si nuestras leyes fueran adecuadas a la realidad, reconociendo que tan trabajadores son los de empresas privadas o paraestatales como los del servicio central del Estado. Y que no tiene ninguna razón de ser la discriminación en sus derechos porque, al final del camino, saltará la exigencia fundada en la necesidad que no le hace falta que la promulguen ni la publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

El problema no son las marchas sino la carencia de otros medios para llegar al fin de la satisfacción de las necesidades. Y eso vale para todo, incluyendo a los ambulantes, que lo son porque la economía formal les niega empleo y seguridad social.

Creo que equivocamos los términos de las soluciones. Y habrá que pensar si no tendremos que cambiar nuestras vetustas e inútiles soluciones legales que sólo miran al interés del Estado, y entender que la reclamación social de todas maneras se hará patente más allá de cualquier restricción legal.

¿Por qué considerar al Estado un patrón diferente? No hay razón, y la única alternativa es alinearlo con los empresarios que deben resolver sus conflictos colectivos en lo difícil, en homenaje al equilibrio de los factores de la producción, la frase mágica de nuestra Constitución cuando define los objetivos de la huelga.

O cambiamos las leyes o las marchas marcarán el camino de la absoluta inestabilidad. A pesar de cualquier dato de crecimiento económico. Y de los granaderos.