Presionan a jueces para no hacer valer la inexistencia de la banca: abogados

Roberto González Amador, enviado, Acapulco, Gro., 24 de mayo Ť Por presiones del gobierno y los banqueros, el Poder Judicial Federal ha rehuído analizar a fondo las consecuencias jurídicas de la extemporaneidad con que se expidieron los decretos de privatización de 15 bancos en el sexenio pasado, aseguraron hoy abogados en un congreso organizado por El Barzón.

En el último día de trabajos del primer Congreso Nacional de Abogados, litigantes de distintas regiones del país aseguraron que la dilación del Poder Judicial ha permitido a los bancos jurídicamente inexistentes acercarse a sus deudores para ofrecerles planes de pago flexibles que, al ser aceptados por los usuarios de créditos, otorgan un reconocimiento de hecho a las instituciones.

``El Barzón ha servido para desenmascarar la situación ilegal en que actúan varios bancos, pero la tardanza del Poder Judicial en abordar el punto ha dado tiempo a los bancos para actuar. La postura de los jueces no deja mucho espacio para el optimismo'', dijo el abogado guerrerense Antonio Navarrete Vargas durante la sesión final, en la que se presentaron las conclusiones del congreso.

La presunta inexistencia jurídica de 15 de los 18 bancos reprivatizados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari quedó al descubierto a finales del año pasado, cuando un juzgado en Mexicali, Baja California, falló en favor de un deudor que alegó irregularidades en el decreto de privatización del Banco del Atlántico, lo que permitió anular un juicio de embargo.

Después de esa determinación judicial, organismos de deudores detectaron que los decretos de expropiación de 15 de los 18 bancos reprivatizados se emitieron después del plazo de 360 días que había otorgado el Congreso al Ejecutivo y que estaba estipulado en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito.

Este fue uno de los temas centrales del Congreso Nacional de Abogados realizado en este puerto durante los últimos tres días. Los litigantes que asistieron al acto se pronunciaron por llevar esta polémica al plano constitucional. En el documento de conclusiones se destaca la necesidad de impugnar primero los decretos de privatización y, después, presentar juicios de nulidad de contratos bancarios sustentados en la presunta inexistencia jurídica de las instituciones.

La inminente subasta de bienes en poder del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) ocupó varias horas de discusión, centrada en lo que, a juicio de los abogados, constituye la mayor enajenación del patrimonio nacional en beneficio de los grandes inversionistas.

El Fobaproa comenzará a mediados de junio la subasta de activos bancarios por 320 mil millones de pesos. Este hecho, según las conclusiones del congreso, fomentará la especulación, generará corrupción en la colocación de los paquetes de bienes entre los inversionistas y facilitará a la banca la recompra de cartera a un menor precio del que la vendieron al gobierno en los programas de capitalización bancaria.

Los abogados cuestionaron que el Fobaproa haya adquirido activos bancarios con fondos públicos y que ahora se disponga a enajenarlos no en beneficio de los deudores originales, sino a favor de los grandes inversionistas con capacidad de comprarlos.

El documento de conclusiones, presentado por Carlos Pinto, presidente del nuevo Colegio Nacional de Abogados Unión Nacional, propone que los bienes que subastará el Fobaproa se coloquen primero entre los deudores que los perdieron al caer en cartera vencida.

Otro de los resolutivos del congreso señala que el naciente Colegio Nacional de Abogados Unión Nacional creará ``mecanismos eficaces'' para defender los derechos humanos de los deudores. Para ello firmará convenios con organismos oficiales y no gubernamentales, con el fin de crear una red nacional de protección de garantías civiles que defienda a los usuarios de crédito de los abusos de la banca.

Los abogados acordaron también integrar una agenda de propuestas legislativas para combatir el agio y la usura y evitar que congresos locales introduzcan en los códigos civiles de los estados mecanismos que permitan a los bancos realizar subastas sumarias de bienes adjudicados de los deudores.

Al congreso asistieron alrededor de 150 abogados de 18 estados. Apenas constituido, el Colegio Nacional de Abogados ya tiene 400 miembros, afirmó Carlos Pinto.