La desclasificación del sector secreto de los archivos estadunidenses relacionados con la intervención de la CIA en 1954 en el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz y en la instalación del gobierno militar del coronel Castillo Armas, predecesor de todas las dictaduras sucesivas que afligieron al país hermano y lo hundieron en una guerra civil que duró más de tres décadas, plantea numerosos problemas políticos y éticos.

Obviamente, y en primer lugar, figura entre éstos la ilegitimidad de la acción golpista organizada y financiada desde el exterior con la convicción de que Estados Unidos tiene un Destino Manifiesto y, por lo tanto, puede decidir cuál gobierno libremente electo por su pueblo respectivo merece o no existir y si hay que sacarlo del poder mediante una intervención armada directa (como en Granada o en Panamá) o por medio de mercenarios, como en el caso guatemalteco mencionado.

En segundo lugar, la confirmación oficial de que las acusaciones contra Estados Unidos y la CIA eran correctas y, además, se quedaban cortas, plantea el problema de la mentira y el cinismo como armas del Departamento de Estado, no sólo ante la comunidad internacional y sus leyes, sino también ante el mismo pueblo estadunidense, ya que durante décadas los funcionarios de Washington negaron contra toda evidencia lo que conocían y habían organizado. ¿Cuál es la diferencia cualitativa entre estos métodos y los de la cancillería alemana en tiempos de Hitler y de su ministro de la Comunicación, Joseph Goebbels, justamente condenados por los Aliados, con jueces de Estados Unidos, en el Tribunal de Nürenberg? ¿Puede considerarse democrático un país que esconde sistemáticamente a sus ciudadanos la verdad sobre su política internacional, que utiliza clandestina e ilegalmente el dinero y los medios públicos para violar la ley internacional y hundir en la barbarie a una nación también integrante de la Organización de Estados Americanos y de la ONU, con la cual no está en guerra y, para colmo, después denuncia y persigue como calumniadores y agentes enemigos a quienes relatan la verdad que esa potencia oculta durante más de 40 años? ¿Millones de estadunidenses pueden ser engañados e intoxicados durante décadas por la propaganda oficial y la conspiración contra el propio pueblo y contra la legalidad internacional pueden transformarse en un sistema sin que los responsables de semejantes violaciones de la Constitución de Estados Unidos sean juzgados públicamente, por lo menos ante tribunales morales ad hoc, ya que se han encargado ellos mismos de dar a conocer sus delitos sólo una vez cubiertos por la prescripción? ¿En nombre de qué, por último, es posible criticar la ``guerra sucia'' de las dictaduras del Cono Sur que se justificaban diciendo que luchaban ``contra la subversión'', si ellas no hicieron más que seguir la norma dictada desde Washington y actuaron con el apoyo del Departamento de Estado?

Además, si ahora salen a luz tales violaciones del derecho internacional en el pasado, ¿qué credibilidad puede tener la actividad diplomática de Estados Unidos ahora o en años más recientes? ¿El pueblo guatemalteco, el estadunidense y el mundo no merecerían por lo menos una disculpa pública y una condena de tales métodos que deben ser cancelados en las relaciones entre las naciones.