El lunes 12 de mayo, dos hombres empistolados irrumpieron en el restaurante Sanborn's que está frente al malecón en el centro de Acapulco, a las 9 de la mañana. Sin titubeos caminaron hacia la mesa donde desayunaba el candidato del PRD a diputado federal por el distrito 10, Alberto López Rosas. Lo encañonaron, lo registraron a él y a sus tres acompañantes en busca de armas, y le dijeron: ``Ya bájale, cabrón''.

López Rosas es un candidato externo del PRD, de reciente militancia en el Frente Cívico de Acapulco y tiene fama pública de abogado tranquilo, honesto, honrado. Es uno de los muchos hijos que tuvo el legendario líder de los colonos de Acapulco que ocuparon las partes altas del puerto en los años 60, Alfredo López Cisneros, el Rey Lopitos, que fue asesinado en 1967, un año de matanzas políticas en Guerrero.

Luego, el pasado domingo 18 fue asesinado en Tepetixtla el priísta Marcelino Benítez Carbajal, hermano de quien fuera dirigente del Consejo para el Desarrollo de Tepetixtla, Aarón Benítez, asesinado el 31 de diciembre de 1995 cerca de Atoyac, y de Ignacio Benítez, un comandante de la policía motorizada que está preso en Acapulco por la matanza de Aguas Blancas.

Finalmente, el jueves 22 por la mañana fue encontrado muerto cerca de Tixtla, con un tiro en la cabeza y semicalcinado, Abel Bueno León, el director del semanario 7 días que se edita en Chilpancingo.

Aun en círculos políticos oficiales comienza a haber preocupación porque se pudiese enrarecer el ambiente en el estado en vísperas de las elecciones federales del 6 de julio. Eso está ocurriendo.

Nadie que no se sienta protegido puede actuar como lo hicieron los empistolados de Sanborn's. Y en la sierra de Coyuca de Benítez y de Atoyac se aplica un esquema de guerra sucia, de misteriosos asesinatos que siembran la incertidumbre, el terror, pero también la desconfianza y los deseos de venganza en un patrón similar al que se siguió en el norte de Chiapas, con las consecuencias que hoy conocemos. En estos dos municipios de la Costa Grande, la ola de violencia política después de la matanza de Aguas Blancas ha dejado al menos 20 priístas asesinados y 30 miembros del PRD, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, o ciudadanos sin conflictos.

Finalmente, más allá del tipo de periodismo que practicaba Bueno León, está el pesado hecho de su asesinato cometido, según las apariencias, por personas adiestradas que actúan con sangre fría.

De nuevo, hechos de violencia que por oleadas se repiten en Guerrero y que siempre quedan en la oscuridad, sin responsables visibles y punibles.

Violencia endémica, hechos aislados, no pasa nada, así somos los guerrerenses, son asesinatos producto de la pobreza ancestral, son por rencillas familiares, son por venganzas personales, murieron en un asalto, fue un simple accidente, los amenazados se quieren hacer publicidad... Tales son algunas de las reacciones oficiales ante estos hechos que, desgraciadamente, hacen eco en las mismas filas de la oposición democrática en Guerrero.

A la dirigente del PRD en Tecpan, Martha Morales, la mataron por ``líos pasionales''; Benigno Guzmán y los de la OCSS están detenidos ``por ultras''; lo de Félix Salgado fue un accidente ``por pendejo''; la detención de Pablo Cortés Barona, ``qué bueno, por gobiernista''; a lo de López Rosas ``no conviene moverle porque nos puede afectar en las elecciones'', son algunas expresiones sotto voce que se han escuchado de dirigentes de organizaciones sociales o del PRD.

El caso es que no se detiene la sangría en Guerrero. Y uno legítimamente se pregunta si es posible hablar de que se avanza hacia la normalidad democrática, con elecciones más limpias que las de antes, con la eventual alternancia incluso en el Distrito Federal, si se mantiene un sur convulso, de libertades democráticas estrechas, judiciales con fama de delincuentes, y militares que más que defender al Estado mexicano defienden a políticos sin escrúpulos, insensibles ante cualquier atropello a los ciudadanos; caciques del pasado que dominan el presente de nuestro estado y que se notan dispuestos a obstaculizar, a retrasar al máximo un futuro de tolerancia, de respeto a los derechos humanos, de nuevos acuerdos para abatir la pobreza.

La situación de Guerrero, como lo es la de Chiapas gracias a la rebelión indígena, debe ser parte de la agenda de nuestros grandes problemas nacionales. La sociedad suriana no merece nuevos Aguas Blancas ni estar expuesta cotidianamente a la violencia política. Desentenderse de la cuestión guerrerense significa sostener sobre pies de barro la democracia electoral que se abre paso en la capital y en el norte del país.