La cantidad y gravedad de las acciones delictivas que llegan al conocimiento de la opinión pública nacional, por una parte, y la capacidad de acción de las instituciones y corporaciones encargadas de impartir justicia, por la otra, parecen evolucionar en forma inversamente proporcional.

Así ocurre con los sonados homicidios del trienio 1993-1995 (Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu, Abraham Polo Uscanga, Miguel Moreno Gómez, entre otros). Las pesquisas sobre esos casos han pasado de mano en mano, de procurador en procurador, de fiscal especial en fiscal especial, de corporación en corporación y de tribunal en tribunal sin que hasta la fecha hayan desembocado en un esclarecimiento convincente. Por el contrario, los procesos correspondientes han llegado a empantanarse, a enmarañarse y a imbricarse a tal grado que cada día que pasa se reducen las posibilidades de establecer con certeza la identidad de los autores intelectuales --y, en algunos casos, también de los materiales-- de esos asesinatos que conmovieron a la opinión pública: las acusaciones concretas se desmoronan una tras otra, los testigos y participantes modifican sus testimonios según el gusto de los fiscales en turno y los investigadores de ayer se convierten, en una sucesión inverosímil, en los investigados de hoy y en los acusados de mañana; en tanto, muchos presuntos implicados en tales crímenes han sido, a su vez, asesinados.

La justicia no ha corrido mejor suerte ante los crecientes indicios sobre la existencia de una vasta red de complicidades que involucraba --o involucra-- a muy altos funcionarios públicos del sexenio pasado, empresarios, mandos militares y policiales, y narcotraficantes. La investigación legislativa acerca de presuntas actividades delictivas en Conasupo, que parecía ser una pieza clave para fundamentar, encauzar o descartar tales sospechas, fue cancelada el año pasado por decisión de la mayoría priísta. El Instituto Nacional para el Combate a las Drogas fue virtualmente desmantelado tras la consignación penal de su máximo responsable, el general Gutiérrez Rebollo, por su presunta complicidad con el cártel de Amado Carrillo, pero la nueva institución que debe hacerse cargo de la lucha al narcotráfico no ha empezado a operar regularmente. Mientras tanto, en diversos puntos del territorio nacional, pero especialmente en el norte del país, sigue teniendo lugar una guerra soterrada que se manifiesta en ejecuciones extrajudiciales de policías, ex policías y narcos, a un ritmo casi cotidiano.

La incapacidad de las instituciones de justicia se expresa también en el ámbito de la violencia caciquil y represiva que tiene lugar en las zonas más pobres del centro y sur del país. Esta violencia, entremezclada con intereses delictivos o de poder local, se cobra numerosas víctimas entre campesinos, luchadores y organizadores sociales, activistas políticos y comunicadores, y afecta de manera especialmente grave a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Morelos. El caso más reciente es el homicidio en Chilpancingo del director del semanario local 7 días, Jesús Abel Bueno León, quien antes de morir redactó un documento en el que advertía de posibles amenazas a su vida por parte de funcionarios del pasado y del actual gobierno de Guerrero, incluidos el gobernador en funciones, Angel Aguirre Rivero, de quien el comunicador asesinado era asesor, y José Rubén Robles Catalán, quien fungió como secretario general de Gobierno durante el mandato de Rubén Figueroa Alcocer, y el cual fue insistentemente señalado como uno de los responsables intelectuales de la matanza ocurrida en el vado de Aguas Blancas.

Los asuntos reseñados, al parecer tan diversos, tienen al menos un denominador común: la escasa capacidad o voluntad de acción de las autoridades responsables de hacer justicia y la generalizada impunidad de la gran mayoría de los culpables. Tal impunidad, además de resultar inadmisible desde cualquier perspectiva ética, humana y legal, tiene el efecto perverso de alentar y alimentar nuevas y cada vez más graves acciones delictivas. La sociedad y el Estado deben empeñar todos sus esfuerzos y recursos para poner un alto a este círculo vicioso de peligrosísimas consecuencias.