El debate del próximo domingo entre los candidatos del PRD y el PRI, con la exclusión de Castillo Peraza, tiene una simple justificación. La que se refiere a la silenciosa coincidencia del PRI y el PAN respecto a las políticas de privatización de servicios y espacios públicos. Dichas políticas son, en última instancia, lo que definirá las diferencias políticas entre ambos partidos y la orientación de sus propuestas, algunas paradójicamente coincidentes, como la ampliación del transporte y el abastecimiento de agua. En el fondo no se trata de un enlistado de propuestas, sino de la función que debe asumir el Estado y el gobierno en la dotación de los servicios y en la gestión de la ciudad. En los últimos años, la ciudad de México ha sufrido cambios sustanciales en la prestación de los servicios públicos. Veamos.

En el transporte, muy pocos años duró el fortalecimiento del gobierno del DF logrado a raíz del retiro de las concesiones privadas en l981. A partir de l984 se dieron los primeros pasos de la privatización del servicio, con la reducción paulatina de los presupuestos públicos. Los tranvías desaparecieron, los trolebuses no pasaron de 350 unidades y los kilómetros anunciados del tren ligero y del Metro se acortaron. La Ruta l00 fue liquidada en l994. En cambio, las crecientes necesidades de transportación fueron atendidas por las empresas privadas de microbuses. Los pasajeros transportados por la Ruta l00, el Metro, los trolebuses y los tranvías se redujeron entre l982 y l997 de 54 a 22 por ciento. Mientras, para los mismos años, los transportados en microbuses se elevaron del 14 al 72 por ciento. Hoy, los microbuses y los nuevos autobuses transportan cinco veces más pasajeros que el Metro. Las consecuencias sociales de tal política de privatización es el incremento del costo de transportación, pues las tarifas de microbuses son mayores y mayores los viajes que realiza el usuario.

El agua sigue los mismos caminos. Por lo pronto, el servicio de medición y parte del cobro se han trasladado a varias empresas privadas. Sin embargo, con el aumento de las tarifas no se han resuelto los injustos cobros entre los que consumen menos agua.

En la vivienda, instituciones como el Infonavit y el Fovissste, antes edificadoras directas, fueron convertidas en simples organismos financieros.

Desde l979 no se construyen grandes conjuntos habitacionales para empleados y obreros. Los apoyos financieros para otros organismos de vivienda popular también sufrieron drásticas reducciones.

El Estado se ausentó igualmente del sector salud. Los indispensables centros de asistencia social desaparecieron poco a poco de las colonias, reduciéndose la atención a un amplio sector de la población. Habría que indagar las consecuencias que han tenido los limitados presupuestos de la policía en el incremento de la inseguridad pública, multiplicando así los cuerpos privados de seguridad ciudadana.

La comunicación tampoco se ha escapado. Los teléfonos de monedas se han ido a los museos. Hoy, los pobres no pueden más hablar en un teléfono público. Las políticas de privatización con sus exclusivos sistemas de tarjetas de 20 y 50 pesos los han excluido de la telefonía pública.

Por lo que toca a los espacios públicos, parte de la vialidad de las colonias Cuauhtémoc y Juárez fue privatizada y concesionada a dos empresas para la operación de los parquímetros. Excesivas son las multas e inconstitucional la aplicación del programa. No abundaremos en la apropiación privada de áreas verdes del Ajusco, Chapultepec y Ciudad Deportiva, reseñadas aquí con anterioridad.

Sólo queda reiterar que las políticas de privatización de servicios y espacios públicos ha conformado un proyecto de ciudad que debe ser elevado al debate público, más allá de las propuestas técnicas y urbanísticas de los contendientes y sus partidos. Tal proyecto de ciudad, en donde el Estado se ausenta de sus responsabilidades públicas, no sólo ha sido construido por el PRI; también el PAN se ha sumado con sus votos en las cámaras legislativas y en la Asamblea de Representantes del DF. Extraña, por eso, el llamado que hiciera Carlos Castillo Peraza a los estudiantes bancarios el martes pasado, en el sentido de recuperar la conciencia de lo público, cuando su partido ha sido en las cámaras un activo promotor de la privatización de la ciudad.

He aquí entonces, una de las partes medulares del próximo debate entre el PRD y el PRI: su postura frente a los actuales procesos de privatización de los servicios y espacios públicos. Un invaluable aporte a la democracia sería que el formato, los conductores y los mismos candidatos, permitieran una libre y respetuosa confrontación de ideas, de tal manera que lograsen trasmitir con claridad las diferencias de fondo y no las coincidencias programáticas que sustentan su proyecto de ciudad.