Las movilizaciones de protesta emprendidas durante las últimas semanas por un importante sector del magisterio nacional, y que ayer alcanzaron un momento culminante, con decenas de miles de maestros en las calles de esta capital, se han articulado en torno a demandas en tres ámbitos: incrementos salariales superiores a los acordados el miércoles 14 entre la Secretaría de Educación Pública y la dirigencia oficial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); democratización de ese organismo sindical y una mayor participación de los grupos disidentes en sus instancias de dirección y en el manejo de sus recursos y, en el caso de Oaxaca y Guerrero, el cese de la represión, la persecución y el hostigamiento político de que han sido víctimas muchos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), circunstancias que pueden ilustrarse con el dato de que, sólo en el primero de esos estados, se han turnado órdenes de aprehensión en contra de más de cien mentores.

De las movilizaciones de ayer en la ciudad de México ha de destacarse el hecho positivo de que, a pesar de las varias y nutridas marchas realizadas en distintos puntos de la urbe y pese a los amplios despliegues efectuados por las fuerzas del orden, no hubo violencia. Ello debe abonarse a favor de las autoridades urbanas y de los propios maestros, quienes dieron ejemplo de sensatez y capacidad organizativa. Es preocupante, sin duda, la irrupción en alguna de las manifestaciones de individuos que pretendieron hacerse pasar por perredistas y cuyo propósito evidente era provocar choques entre los maestros y los granaderos; las autoridades deben investigar el origen y la paternidad de esa tentativa, por suerte frustrada, de inducir una confrontación indeseable y peligrosa.

En un contexto más general, cabe señalar que el movimiento de protesta de los maestros disidentes tiene significados nacionales que van más allá de las inconformidades salariales, sindicales y políticas de los propios profesores. En esta perspectiva, ha de tomarse en cuenta que el magisterio es un ámbito del Estado que vive en estrecho contacto con el tejido social y que, a su manera, forma parte de ese tejido. Los maestros viven en carne propia los agravios económicos, políticos, sociales o policiales que padecen los sectores más desprotegidos de la población, en los cuales muchos mentores suelen desempeñar funciones que van más allá de su misión educativa, especialmente en áreas y regiones pobres, remotas o marginadas: son, con frecuencia, organizadores, voceros o promotores de la comunidad, además de responsables de la enseñanza básica.

En tales circunstancias, no es de extrañar que los maestros desarrollen una especial sensibilidad ante las iniquidades, las injusticias, los abusos y las penurias económicas que se abaten sobre su entorno humano y que se conviertan, dada su capacidad organizativa y su elevada conciencia social, en vías de expresión --las únicas posibles-- de un descontento social en el cual están incluidos, pero que no les es exclusivo.

Dada la relevancia del magisterio ante el desarrollo del país, el funcionamiento armónico de la sociedad y la capacidad del propio Estado de mantener una presencia positiva y constructiva en todos los ámbitos de la sociedad y el territorio, parece necesario que las autoridades hagan acopio de voluntad política para mantener y consolidar las negociaciones con los mentores disidentes y dar respuestas a sus demandas. Asimismo, sería deseable que las autoridades federales y estatales hicieran una lectura del conflicto magisterial en tanto que termómetro de los malestares que recorren a vastos estratos de la población.