Octavio Rodríguez Araujo
México, ¿democracia liberal?

A Eugenia Valero, in memoriam

Larry Diamond, en su artículo ``¿Terminó la tercera ola?'' (Este País, México, núm. 73, abril de 1997), merece un comentario crítico serio en un espacio mayor que éste. Pero, independientemente de los desacuerdos que tengo por cuanto a su orientación, vale la pena tomar en cuenta algunos de los elementos que sirven para su razonamiento sobre la situación mundial de las democracias liberales (que distingue de las democracias electorales o formales) y el estancamiento de lo que Huntington llamó la tercera ola de la democracia o, peor aún, de la perspectiva, ya en curso, de la ola inversa de fracasos democráticos en muchos países. (En América Latina, en 1987, la Freedom House calificó a 13 países como libres, y en 1995 sólo a ocho.)

Para Diamond la existencia de elecciones libres y la alternancia no son razones suficientes para hablar de democracia, ya que, citando a Schmitter y a Karl, las elecciones sólo permiten a los ciudadanos escoger entre las alternativas demasiado globales que ofrecen los partidos políticos; por lo que más bien es partidario de la que él denomina la democracia liberal que se define, con base en los criterios de la influyente Freedom House, por las siguientes características:

1) El poder real reside en los funcionarios electos y en las personas designadas por ellos, en vez de en actores internos no responsabilizables (por ejemplo, los militares) o en potencias extranjeras. 2) El poder ejecutivo está constreñido constitucionalmente y es responsable ante otras instituciones, como sería el caso de los poderes judicial y legislativo independientes, el ombudsman y el auditor general. 3) Existen elecciones realmente competitivas y, por lo tanto, presunción de alternancia en el gobierno, pero también el derecho a formar un partido por parte de cualquier grupo, independientemente de que pueda realmente competir con los partidos grandes. 4) A los grupos minoritarios culturales, étnicos, religiosos y otros, así como a las mayorías tradicionalmente de condición económica y social muy baja, no se les prohíbe (legalmente o en la práctica) expresar sus intereses en el proceso político ni usar su lengua y cultura. 5) Más allá de los partidos y de las elecciones intermitentes, los ciudadanos tienen múltiples canales para la expresión y representación de sus intereses y valores, incluida una gama diversa de asociaciones autónomas, movimientos y grupos que tienen la libertad de formarse y unirse. 6) Además de la libertad de asociación y del pluralismo, existen fuentes alternativas de información, incluidos medios de comunicación independientes, a los que los ciudadanos tienen acceso sin trabas políticas. 7) Los individuos gozan de libertades considerables de creencia, opinión, discusión, expresión, publicación, reunión, manifestación y petición. 8) Los individuos no sólo son iguales ante la ley, sino que existe un poder judicial independiente e imparcial cuyas decisiones son puestas en vigor y respetadas por otros centros de poder. 9) El imperio de la ley protege a los ciudadanos de arresto injustificado, del exilio, del terror, de la tortura y de la interferencia indebida en sus vidas personales, no sólo por el Estado sino también por fuerzas antiestatales organizadas.

Como puede observarse, casi ninguna de estas características se cumplen en México. Y menos se cumplirán mientras el gobierno, subordinado a los dictados del FMI, del BM y del gobierno estadunidense, insista en aplicar políticas antipopulares que, al aumentar las desigualdades sociales y cerrarles las expectativas a millones de mexicanos, lo obligarían a un mayor autoritarismo con apoyo de sus partidos (el PRI y el PAN) y del Ejército --que ha ganado autonomía operativa y más control sobre los asuntos de seguridad interna y de contrainsurgencia, como bien sabemos.