Aplazan 30 días la ejecución del mexicano Ramón Martínez, en EU

De los corresponsales Ť El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su consulado en Phoenix, Arizona, logró que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ordenara un aplazamiento de 30 días para la ejecución del conacional Ramón Martínez Villarreal, quien hoy hubiera sido el primer mexicano en sufrir la pena de muerte en ese estado.

En tanto, los abogados José Cárdenas y Rebeca Story interpusieron recursos para que en un juicio de competencia se lograra conmutar la pena de muerte en la cámara de gases, dado que supuestamente Martínez Villarreal está afectado de sus facultades mentales.

En entrevista, Luis Cabrera, cónsul de México en Phoenix, explicó que ``Martínez Villarreal tiene un coeficiente intelectual de 64, lo que lo coloca en un nivel de avanzado retraso mental. Además, por su edad de 53 años, y con los 14 que ha pasado en prisión, su estado de salud se ha ido deteriorando, por lo que no es conciente de la pena que le espera''.

Aclaró que el gobernador de Arizona, Fyfe Symington, no hubiera podido hacer nada por el mexicano si no hubiera liberado su recomendación la Junta de Clemencia, cuyos integrantes emitieron cinco votos a favor y uno en contra del aplaza- miento el viernes pasado.

Cabrera aseguró que continúa la demanda interpuesta por el gobierno de México contra el estado de Arizona y el condado de Santa Cruz, donde Martínez Villarreal mató a dos personas, por ``violación a convenciones internacionales'', pues no se notificó a tiempo al consulado el problema del conacional, y los funcionarios se enteraron por la prensa en 1982, año en el que se cometió el delito.

Entre los recursos que se interpusieron para aplazar la pena al condenado, el gobernador Maximiliano Silerio Esparza, mediante un oficio emitido en la capital de Durango, solicitó al gobernador de Arizona realizar algún esfuerzo extra para detener la ejecución, reveló el secretario general de Gobierno, Alfredo Bracho Barboza.

Por su parte, el alcalde de la capital duranguense, Marcos Cruz Martínez, consideró que las autoridades mexicanas ``han hecho poco en favor de los derechos humanos de los inmigrantes'', y afirmó que la aplicación de la ley en Estados Unidos es discriminatoria.

En otro orden, organizaciones no gubernamentales protestaron ayer fuera de los consulados de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de México en El Paso, así como en los puentes internacionales para exigir la libertad del activista de derechos humanos y civiles Alvaro Hernández Luna, preso desde julio de 1996 en el país vecino.

Durante el mitin en Ciudad Juárez, Guadalupe Ramírez, del Comité Independiente de Derechos Humanos (CICH), dijo que Hernández Luna es considerado preso político en la nación del norte.

Entre las actividades del detenido citó el formar en Texas comités de apoyo para lograr la libertad de Ricardo Aldape y César Fierro, quien aún permanece encarcelado. (Emilse Valencia, Emmanuel Salazar R. y Rubén Villalpando)