El trato respetuoso, solidario y apegado a derecho que México ha tenido con los miles de refugiados guatemaltecos que escapaban de la represión y la guerra en su país, y que se asentaron en diversos estados del sur de la República, ha tenido su culminación en el programa de estabilización migratoria, por medio del cual más de ocho mil personas podrán regularizar su estancia legal en el país que les brindó protección, asilo y nuevas perspectivas de vida. Debe destacarse que, gracias a la inteligente y humanitaria forma en que el gobierno mexicano manejó esta situación, la presencia de los refugiados en el sur del país no representó nunca una fuente de conflictos significativos. De igual forma, esta actitud oficial hizo posible el retorno seguro de una gran cantidad de refugiados a su país, y a quienes decidieron permanecer en México les permitió una inserción social y legal fluida.

En contraste con esta actuación ejemplar, la realidad de extorsión, persecución, hostigamiento y violaciones de los derechos humanos que sufren los migrantes de Centro y Sudamérica, y que utilizan a México como ruta en su camino hacia Estados Unidos, es un fenómeno lamentable que contradice los principios humanitarios y solidarios con que tradicionalmente se ha conducido el Estado mexicano.

Los indocumentados que ingresan a México por la frontera sur --refugiados, a fin de cuentas, de un modelo económico excluyente que no les ofrece expectativas alentadoras en sus países de origen-- deben enfrentar no sólo a las bandas organizadas de traficantes de seres humanos sino, también, la persecución, la extorsión y los abusos de malos servidores públicos mexicanos. Ambas amenazas afectan de igual modo a los migrantes mexicanos que buscan ingresar a territorio estadunidense o que son expulsados de éste por la frontera norte, y en ambos casos resultan ofensivos e inaceptables.

Por tradición histórica, México ha acogido a inmigrantes de muy diversas nacionalidades --españoles, japoneses, centro y sudamericanos, libaneses, irlandeses y alemanes, entre otros--, muchos de los cuales han realizado destacadas aportaciones en diversos campos de la ciencia, el arte, la política y la cultura.

En el momento actual, México no sólo es origen, sino también ruta de tránsito de importantes corrientes migratorias hacia Estados Unidos, flujos que constituyen focos de tensión en materia de política poblacional y de relaciones exteriores. Por ello, y ante un escenario mundial en el que las migraciones serán cada vez más importantes, es necesario que México haga una reflexión y un examen a fondo de las repercusiones económicas y demográficas de la migración, a fin de revisar la política migratoria restrictiva que hoy se aplica.

Pero más allá de este debate necesario, hacen falta medidas específicas e inmediatas para hacer frente a las irregularidades, los abusos y las violaciones a los derechos humanos que padecen muchos de los migrantes --principalmente los extranjeros, pero también algunos mexicanos-- por parte de servidores públicos nacionales, y aplicar medidas judiciales concretas contra las bandas organizadas de traficantes de indocumentados que operan en México.

Estas acciones, además de ser legal y políticamente necesarias, debieran resultar moralmente obligadas para un país y un gobierno que se han destacado por acoger a asilados y refugiados de muy diversas nacionalidades y que deben asumir la defensa de los derechos y la integridad de sus propios migrantes.