Subrepticiamente, por la puerta trasera, a través de la oficialía de partes, el panista Francisco Barrio, gobernador del estado de Chihuahua, envió al Congreso local una iniciativa para reformar diversos artículos del Código Civil y de Procedimientos Civiles que, de aprobarse, legalizaría el despojo masivo de miles de deudores hipotecarios.
El mismo día en que Vicente Fox denunciaba el ``regaño'' sufrido a manos del subsecretario de Gobernación, Rafael Rodríguez Barrera, por favorecer a los deudores y no tomar medidas concretas para acelerar los juicios en favor de la banca, en Chihuahua se conoció el texto de la iniciativa del gobierno del estado. Tan discretamente lo hicieron, que ni siquiera los diputados del Partido de Acción Nacional sabían de la existencia de tal propuesta.
Ante la protesta de diversos sectores, y sólo hasta entonces, la administración estatal reconoció que había sufrido las presiones de Fovi y Fonhapo para proponer las reformas con el fin de agilizar los juicios hipotecarios, como condición para que el gobierno chihuahuense pudiera acceder al financiamiento para la construcción de 6 mil viviendas.
En su descargo, varios funcionarios expresaron que las reformas propuestas son un ``machote'' que les entregaron, al igual que a otras ocho entidades del país. Por ello, a fin de cumplir con las fechas de la subasta, decidieron enviar su iniciativa a la Cámara de Diputados.
De aprobarse, alteraría profundamente los procedimientos judiciales, en un estado en donde los niveles de cartera vencida con elevadísimos.
No tiene desperdicio la Ley Barrio: establece que con la sola presentación de la demanda el juez nombrará depositario de la finca al deudor y éste tendrá tres días para aceptar tal designación. Si se niega, procederá el lanzamiento inmediato. Además, el juez puede cambiar al depositario en cualquier momento y sin necesidad de avisar al deudor. Si el demandado se opusiera, cometería el delito de desobediencia a mandato de autoridad y, por esa vía, un problema de carácter civil se enrumbaría al terreno de lo penal.
No para ahí la cosa. El deudor cuenta solamente con cinco días para contestar la demanda, y tiene derecho a una ``única audiencia indiferible'', para presentar sus pruebas; las cuales, además, están plagadas de requisitos difícilmente posibles de cubrir en ese lapso. En cualquiera de los casos: No contestar la demanda, hacerlo extemporáneamente o no llenar los requisitos de las pruebas, el juez dictará sentencia definitiva y le concede al deudor 30 días para desocupar la vivienda.
Sin desperdicio, la ley propuesta por Francisco Barrio admite que las hipotecas se puedan realizar por medio de escritos privados, es decir, sin la participación de un fedatario público.
No esconden sus propósitos la iniciativa y quienes la promueven. Así lo dicen en la exposición de motivos: ``Para que el Fovi canalice recursos de su programa (de vivienda)..., así como para que la banca comercial pueda administrar esos fondos... es necesario reformar el Código de Procedimientos Civiles. Reforma que busca disminuir el costo y agilizar el proceso judicial para la adjudicación de garantías hipotecarias''.
No hay, no puede haber confusión en saber quiénes son los promotores reales de esta iniciativa de ley. La Secretaría de Hacienda y Fovi ofrecen, a los gobiernos estatales, el señuelo del financiamiento de alrededor de 50 mil viviendas, a cambio de acelerar los procesos judiciales y despojar a los deudores de sus viviendas.
Las modificaciones propuestas agreden profundamente al Estado de derecho y violan diversos preceptos constitucionales, pues sólo el Congreso de la Unión puede legislar en lo referente a las operaciones de comercio y las actividades de intermediación y servicios financieros, entre las que se ubican legalmente las operaciones bancarias.
Nubarrones muy negros se le presentan al Partido de Acción Nacional en Chihuahua. El mismo día en que iniciaba la campaña electoral, con la presencia de su líder nacional, salió a la luz pública la Ley Barrio. ¿Habrán calculado el costo político de tal iniciativa?
Por lo pronto, la sesión de la Cámara de Diputados del 15 de abril se abarrotó de barzonistas, de los obreros de la planta local de la Ford y de los poseedores de vehículos extranjeros. No pintan bien las cosas para el blanquiazul al arranque del proceso electoral.