Trasladan a la casa de la muerte a Ramón Martínez; desoyen a la SRE

Claudia Herrera Beltrán, David Aponte y agencias Ť El mexicano Ramón Martínez Villarreal fue trasladado ayer a una celda especial, conocida como ``la casa de la muerte'', de la prisión de Florence, en Arizona, en espera de ser ejecutado con una inyección letal mañana miércoles a las 12:05 horas.

En tanto, la cancillería mexicana se inconformó ayer con la decisión de la Junta de Clemencia Ejecutiva de Arizona que se negó a recomendar al gobernador del estado la conmutación de la sentencia o la suspensión de la pena de muerte.

A su vez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos envió una carta al gobernador de Arizona, Fife Symington, pidiéndole que suspenda la ejecución de Ramón Martínez hasta que se determine si hay o no violaciones a los derechos humanos del mexicano, quien padece retraso mental y sufre de esquizofrenia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el viernes pasado, una vez que conoció la decisión de la Junta de Clemencia, interpuso una demanda civil ante un juez federal por violación de convenciones internacionales.

Asimismo, la SRE se declaró sorprendida de que no hayan funcionado los múltiples recursos legales que interpuso la defensa del mexicano ante diversas cortes estatales y federales, y que la junta no haya considerado la condición de retraso y enfermedad mental de Martínez Villarreal.

Además, se quejó contra la determinación de la Junta de Clemencia porque ésta ``limita'' la acción del gobernador de Arizona para atender la petición que le formularan en favor del mexicano tanto el canciller José Angel Gurría como el gobernador del estado de Durango.

La cancillería informó que el defensor de Martínez Villarreal buscará que un juez más se sume a la opinión de dos jueces estadunidenses que cuestionan la procedencia de la referida ejecución, además de que se evalúa la posibilidad de tener una nueva audiencia ante la Junta de Clemencia.

A su vez, defensores de derechos humanos de México informaron a Symington que solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que se detenga la aplicación de la pena de muerte y se investigue si se cometieron irregularidades en el proceso de Ramón Martínez, de 51 años de edad.

Advierten en su misiva que en ``los dictámenes psiquiátricos se acredita que el sentenciado es incapaz de comprender el alcance de la pena de muerte, y consideramos que su ejecución constituiría una violación al espíritu y a la letra de la legalidad de su país''.

Visitan familiares a Irineo Tristán, también condenado a la pena capital

Alejado de los demás reos, el duranguense Martínez Villarreal esperaba ayer la muerte. Fue sentenciado a la pena capital en mayo de 1983 tras ser declarado culpable del asesinato de dos rancheros (uno de ellos mexicano) en el sur de Arizona, el 14 de octubre de 1992.

En tanto, a un mes de su ejecución, el mexicano Irineo Tristán recibió ayer la visita de su familia, mientras abogados y autoridades mexicanas enviaron notas en apoyo al Departamento de Estado. Por tercera ocasión en cuatro años las autoridades texanas fijaron fecha de ejecución para Tristán Montoya, y todo parece indicar que finalmente recibirá la inyección letal el próximo 18 de junio. Su única opción es que el gobernador George W. Bush le conceda la clemencia o la conmutación de la pena de muerte.