Inercias y viejas estructuras, en el IFE ciudadanizado

Lo más visible es el Consejo General, pero existe una compleja red con más de 7 mil empleados que empezó a crujir con la agresión que sufrió Woldenberg en Quintana Roo

Mireya Cuéllar Una vieja estructura ligada al PRI y al gobierno, que todavía se resiste a asumirse como un órgano autónomo e independiente --herencia de Emilio Chuayffet y de Arturo Núñez-- es la que operará desde el Instituto Federal Electoral (IFE), los comicios federales del próximo 6 de julio.

Lo más visible del IFE es su Consejo General totalmente ciudadanizado, pero atrás hay una compleja red con más de 7 mil empleados que se extiende a cada uno de los estados de la República y sus 300 distritos electorales federales, en los que está dividido el país para efectos políticos. Son una suerte de 332 ``sucursales'' del IFE a lo largo y ancho del territorio, cuyos ``vocales'', encargados de llevar a la práctica las directrices del Consejo General, son precisamente parte de esa vieja estructura.

El IFE tiene dos columnas vertebrales que conviven y deben tener sincronía: una formada por los órganos de dirección (el Consejo General, los consejos locales y distritales, donde hay consejeros electorales y representantes de partidos) y la otra, encabezada por la Secretaría Ejecutiva del instituto, las direcciones ejecutivas (esto a nivel central) y las vocalías de los estados y los distritos, que son la parte ejecutiva de cada uno de los consejos.

Esta estructura operativa estuvo controlada durante los comicios de 1991 por el ahora secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, quien fue el primer director general del IFE creado por la primera reforma electoral salinista. Después, en las presidenciales de 1994, la administración del aparato estuvo a cargo de Arturo Núñez, el actual candidato del PRI a diputado federal por un distrito de su natal Tabasco.

Felipe Solís Acero, que hoy es el secretario ejecutivo del IFE (ejerce las mismas funciones que antes tenía el director general, sólo se cambió el nombre al puesto) y en cuyas manos está el enorme aparato operativo, llegó al instituto en 1991 y trabajó bajo las órdenes de sus antecesores como director ejecutivo de Organización Electoral.

Los nuevos consejeros electorales aceptaron la propuesta de José Woldenberg --el consejero presidente--, de que Solís Acero se quedará porque no tuvieron alternativa. Quince minutos antes de que venciera el plazo legal para hacer dicho nombramiento, Solís fue aceptado por el consejo, previa expresión de una serie de objeciones.

Y pasó lo que tenía que pasar, para algunos es bueno y para otros no tanto. El secretario ejecutivo del IFE ratificó a casi todo el personal que siempre había estado bajo sus órdenes. Para algunos es bueno porque eso garantiza que el proceso llegará a buen término, dado que son funcionarios con experiencia. Para otros implica también viejas lealtades y maneras de hacer las cosas.

Consejeros atados de manos

En la escala ejecutiva, atrás de Solís Acero están seis direcciones (los consejeros tienen que ratificarlos); dos directores fueron ratificados y el resto son nuevos. Pero aún los nuevos directores, salvo excepciones, se quedaron con los anteriores jefes de área.

Por ejemplo: Clara Jusidman, que es la directora del Registro Federal de Electores, ratificó a todo el personal de esa institución, que le dejaron Carlos Almada y Juan Manuel Herrero.

El director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral es Rubén Lara León, quien heredó el puesto en 1994 de César Bécker Cuéllar, quien invitado por Chuayffet se fue de subsecretario a Gobernación. Rubén Lara llegó al IFE como director de Información y Documentación en 1991. María Eugenia de León May, que administra los dineros del IFE, también es parte del viejo equipo de Chuayffet-Núñez.

La vieja estructura ha empezado a crujir. Y esos crujidos ya alcanzaron a José Woldenberg en Quintana Roo, aunque haya sido tan sólo por unos segundos.

Un punto transitorio introducido por el PRI en la ley electoral prohíbe a los consejeros electorales remover a los vocales ejecutivos de los consejos locales --estatales-- y distritales (estos vocales ejercen a la vez de presidentes de los consejos), salvo aquellos que son impugnados y los acusadores aportan pruebas.

Ese fue el caso de nueve vocales ejecutivos de igual número de estados. Cinco fueron sustituidos con personal que ya trabajaba en la Junta Local y cuatro con gente externa. Donde llegó gente de fuera empezaron los problemas, como en Quintana Roo, el Distrito Federal, Sinaloa y Tlaxcala.

En Quintana Roo el anterior vocal, Antonio Hoi Manzanillo, fue destituido porque la oposición puso en entredicho su autonomía a la hora de conducir los procesos, y confirmó las versiones del PAN y del PRD cuando al dejar el cargo fue nombrado por el gobernador miembro de la comisión estatal que discute el problema limítrofe con Campeche. El nuevo vocal, Germán Silva Suárez, hombre ligado a las agrupaciones ciudadanas, en especial a Alianza Cívica, ha tenido problemas porque parte de la vieja estructura interna que le dejó su sucesor no sólo se le rebela, sino que exige su destitución en cartas dirigidas a Woldenberg.

Y es que Silva exigió al vocal de capacitación en el estado que no volviera a contratar a personal que en 1994 había alterado y falsificado actas para que gente que nunca fue capacitada como funcionario de casilla apareciera en la documentación como si la hubiera recibido. Ese personal fue cesado en su momento y ahora se pretendía volverlos a contratar como ``capacitadores''.

En Tlaxcala ocurrió algo que pudiera parecer hasta cómico. Molesto porque le quitaron a su vocal ejecutivo del Consejo Local, el PRI lo nombró entonces su representante ante dicho órgano. Víctor Estrada Guevara fue removido del cargo de vocal y a la semana ya era secretario adjunto del Comité Directivo Estatal del PRI en Tlaxcala y representante de ese partido ante el órgano electoral.

Tal descaro molestó tanto a la oposición que empezaron las impugnaciones. Víctor Estrada jamás pudo protestar como representante del PRI y finalmente su nombramiento fue retirado. Sigue ejerciendo sólo como secretario adjunto del CDE.

En Sinaloa, a Rogelio Castro Rojo lo despidieron los consejeros, pero aún no terminaba de entregar el puesto de vocal ejecutivo cuando ya lo habían nombrado asesor del secretario general de Gobierno. Siempre había trabajado en la estructura electoral, antes estuvo en el RFE.

En el Distrito Federal, la Junta General Ejecutiva decidió nombrar, 20 días antes de que se integrara el nuevo Consejo General del IFE, que traería cambios en la estructura local, a 40 coordinadores ejecutivos, uno por distrito. Los nuevos consejeros revisaron sus expedientes y casi todos habían tenido relación de varios años de trabajo en el PRI o con actuales delegados políticos, 36 de ellos fueron despedidos al vencerse el contrato temporal que tenían.

Este último caso todavía está en litigio. Los despedidos acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e impugnaron sus despidos. ¿Qué sentido tenía contratar personal clave en la operación del proceso 20 días antes de que nosotros llegáramos?, se pregunta el consejero electoral Jesús Cantú.