La liberación de 24 indígenas de El Bosque no se ha cumplido: ONG

Angeles Mariscal y Juan Balboa, corresponsales, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 19 de mayo Ť El gobierno del estado no ha cumplido sus compromisos con los desplazados de la zona norte y mantiene como ``rehenes'' a los 24 indígenas de El Bosque, presos en el penal de Cerro Hueco, aseguraron hoy la defensa y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

El representante del CDHFBC, Pablo Romo, informó que Seguridad Pública del estado incrementó su presencia en el ejido San Pedro Nixtalucúm y, en los últimos días, ha instalado retenes de revisión permanente. Agregó que el gobierno estatal no cumplió su compromiso de liberar el viernes pasado a los 24 tzotziles ``acusados de delitos que no fueron comprobados'' y destacó que de los 800 careos que las autoridades habían programado realizar entre los detenidos y supuestos testigos, ninguno se efectuó.

Los tzotziles fueron aprehendidos luego de que el 14 de marzo efectivos de diversas corporaciones policiacas se enfrentaron contra campesinos de El Bosque, hecho que dejó tres labriegos muertos, seis policías heridos, más de 300 indígenas desplazados y la militarización de la comunidad. Desde entonces, se ha negociado hasta en tres ocasiones la firma de un acuerdo de no agresión como una de las condiciones para liberar a los detenidos. Entre ellas destaca el compromiso del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Noé Castañón, y del director general de Gobierno, Mario Arturo Coutiño, quienes plantearon diversas alternativas jurídicas y políticas que permitieran obtener la libertad de los indígenas.

Primero, el gobierno del estado propuso a las autoridades priístas y al grupo de desplazados de Nixtalucúm una propuesta de reconciliación de cinco puntos, entre los que destaca la agilización del proceso penal de los detenidos y el retiro de las fuerzas de seguridad.

Luego, el 7 de abril, el director general de Gobierno anunció que el Ejecutivo estatal se comprometió a ``obtener información del estado procesal para revisar cuántos reos pueden liberarse bajo fianza o por desistimiento, y cuántos quedarían sujetos al proceso penal''.

Estas propuestas se han visto frustradas debido, entre otras cosas, a que el gobierno del estado no ha podido obtener de la parte priísta la firma del ``Acuerdo de reconciliación para el restablecimiento de la vida comunitaria y la convivencia pacífica con respeto mutuo, libertad política, religiosa y cultural'', que el grupo de desplazados firmó desde el 2 de mayo.

El pasado día 16, el gobierno estatal anunció nuevamente la firma de un acuerdo de no agresión y la salida de los detenidos vía el desistimiento de la parte acusadora; sin embargo, la notificación de salida nunca llegó.

Hoy, las autoridades de justicia informaron que la libertad de los detenidos ``va a tardar todavía algunos días''. Ante ello, el abogado Miguel Angel de los Santos informó que sus clientes están siendo objeto de un ``chantaje político'' para presionar a las partes en conflicto a que pacten la reconciliación.

``El regateo de que son objeto permite ver claramente que los 24 detenidos son, para las autoridades, sólo rehenes políticos; pues jurídicamente la defensa no tiene la menor duda de que se puede obtener la libertad de los detenidos por cuanto en sus expedientes penales quedan claras diversas irregularidades'', dijo.

Mencionó entre éstas ``aberraciones jurídicas'', las declaraciones ``contradictorias'' de la parte acusadora, el cargo de homicidio adjudicado a personas que habían sido detenidas antes que se dieran los hechos y el que el agente del Ministerio Público que integró la averiguación previa es hijo del juez que lleva la causa, convirtiéndose éste en juez y parte.

Por otra parte, el CDHFBC exigió que sean castigados los policías que sembraron las 11 plantas de mariguana descubiertas el sábado pasado en el ejido San Pedro Nixtalucúm. Para observadores presentes el día en el retorno de las 85 familias desplazadas, esta siembra es un delito grave que el gobierno de Julio César Ruiz Ferro tiene la obligación de investigar hasta sus últimas consecuencias.