Si el invento del cine provocó que la realidad imitara al arte, la administración de Carlos Salinas convirtió a las más atrevidas películas policiacas en filmes rosas dignos de Walt Disney. Los avances de la nueva versión de la Mecánica nacional de la política mexicana, enviados desde Washington, muestran a un ex presidente mexicano en camino de convertirse en el nuevo Noriega.

Durante décadas, la política mexicana fue una versión más de Alí Baba y sus cuarenta ladrones, en la que la administración pública sirvió para forjar fortunas nada despreciables, y la máxima de ``un político pobre es un pobre político'' se convirtió en programa de acción para muchos hombres (y mujeres) del poder. El salinismo, empero, sepultó la metáfora de Aladino como historia de gobierno (seguramente por el carácter premoderno, estatista y proteccionista de la vieja historia) para emprender una reforma mucho más ambiciosa de los mecanismos de acumulación de capital, si es que la versión de su gobierno que se anuncia desde la capital del Imperio es cierta.

En el corazón de esta ``reforma'' se entretejen tanto los negocios realizados al calor de la privatización de las empresas estatales, la desregulación y la apertura comercial, como el de las ganancias del narco. Allí está, sin ir más lejos, el caso de Banca Unión y Cabal Peniche. Los antiguos negocios favorecidos desde el Estado, tales como construcción de obra

pública o elaboración de despensas navideñas, son apenas (a pesar de la magnitud de algunos) una pequeña tienda de abarrotes, al lado de las modernas cadenas comerciales empujadas por el salinismo.

En un país como el México de 1988 (pero también como de 1982) con fuertes problemas de liquidez financiera, y con una enorme frontera con el mercado de estupefacientes más grande del planeta, la cuestión del tipo de relación que el gobierno debe tener con los cárteles de la droga es un asunto sustantivo. Más allá del discurso oficial de combate a la producción y tráfico de enervantes que cualquier administración está obligado a hacer, existen otras variables sobre las que debe actuar el gobierno. Los grandes señores de la droga son fuerzas económicas y políticas reales a las que no es fácil combatir frontalmente, y con frecuencia están enfrentados entre sí. Es relativamente sencillo, en estas circunstancias, que dentro del Estado surjan posiciones que apuesten por tener hacia algunos de esos cárteles una política de contención y entendimiento, y se concentre la lucha sólo sobre otros. Presumiblemente esto mismo recomendó la DEA a su gobierno como política hacia los cárteles de Colombia. Así, dicho sea de paso, se aceitan las arcas del sistema financiero y se mantiene cierto tipo de violencia ``bajo control''.

Los riesgos de esta política son evidentes. El entendimiento facilita la penetración del narco hasta los más altos niveles de los aparatos de seguridad nacional y de la clase política. El encarcelamiento del general Gutiérrez Rebollo y las señaladas denuncias de medios estadunidenses contra altos funcionarios del pasado y del actual gobierno, son apenas la punta del iceberg de los niveles de imbricación entre los mundos de la política y el tráfico de drogas. Entre otros muchos casos debiera investigarse el papel del cártel del Golfo en el financiamiento de la campaña a gobernador de Guerrero de José Francisco Ruiz Massieu, y la función que la urbanización del fraccionamiento Punta Diamante, en Acapulco, desempeñó en el ``pago'' de los apoyos recibidos y el blanqueo de dinero.

La trama de la película del caso Raúl Salinas muestra que la administración de su hermano probablemente siguió hacia algunos cárteles de la droga una política similar, pero que el trato hacia ellos no se limitó a ser canal para amarrar el ``entendimiento'', sino que, además, cobró por el servicio prestado. El desbocado proceso de privatizaciones y de apertura comercial permitió que una parte del dinero del narco fuera lavado ``honorablemente''. Otra vez, el ejemplo de Cabal Peniche y su súbita fortuna (que le permitió, incluso, casi adquirir una empresa como Del Monte), y sus relaciones con importantes políticos del sureste, como Patrocinio González o Roberto Madrazo (¿de dónde provino el escandaloso financiamiento de su campaña a gobernador de Tabasco?), son una pista de este vertiginoso proceso de acumulación y formación de ``prominentes'' empresarios.

En esta versión nacional de El Padrino el final está aún por conocerse. Si en lugar de ser realidad fuera una película policiaca, la complejidad y excesos de la trama la harían poco creíble. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. La política mexicana contemporánea ha puesto algunas cosas en su lugar; finalmente, en este caso el arte tendrá que copiar a la realidad.