Investigará el fiscal general de Perú a un asesor de Fujimori, por enriquecimiento ilícito

Ansa, Dpa, Afp y Reuter, Lima, 19 de mayo Ť El fiscal general de Perú, Miguel Aljovín, anunció este lunes que investigará personalmente a Vladimiro Montesinos, asesor del presidente Alberto Fujimori, quien ha sido denunciado por congresistas de oposición de enriquecimiento ilícito.

Aljovín dijo a la radioemisora CPN que ya estudió los argumentos de los congresistas y que mañana comenzará de manera formal las pesquisas. Por lo pronto el fiscal, considerado independiente respecto al Ejecutivo, se ha negado a anticipar conceptos y a revelar a qué personas citará para interrogarlas.

Los parlamentarios acusaron el vienes pasado a Montesinos ante el Ministerio Público después de que la oposición fracasó en su intento de que el gobierno revelara ante el Congreso las fuentes de ingresos económicos del asesor.

Según el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi, Montesinos deriva sus ingresos de la práctica de la abogacía y no está obligado revelar sus fuentes, pero para la oposición, que aseguró que Montesinos tiene un poder ilimitado dentro del gobierno, incluso igual al del presidente Fujimori, es riesgoso que no se conozca quiénes son los supuestos clientes del asesor de inteligencia, pues éste maneJa información confidencial del Estado.

También recuerdan entre los antecedentes de Montesinos los vínculos con narcotraficantes --a los que sirvió como abogado--, sospechas de tráfico de influencias, un proceso por traición a la patria derivado de la supuesta venta de secretos a Estados Unidos, y rumores de que es un agente activo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En otro ámbito, diputados opositores denunciaron al gobierno del presidente Fujimori ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por pretender desaparecer al Tribunal Constitucional y derogar las garantías constitucionales de los ciudadanos peruanos.

Los legisladores acusaron al gobernante partido Cambio 90, con mayoría en el Congreso, de presentar una acusación constitucional contra cuatro de los siete miembros del Tribunal -que se oponen a la reelección de Fujimori-- a fin de desaparecer el TC.

Los jueces están contra la ley de reelección, al estimar que la Constitución de 1993 prohíbe dos reelecciones consecutivas. El oficialismo, sin embargo, sostiene que de acuerdo a la ley sobre interpretación del artículo constitucional de la reelección, si Fujimori se postula de nuevo no debe tomarse en cuenta su primer gobierno (1990-95) porque se inició antes de que se promulgara la Carta Magna.

Los cuatro magistrados enfrentan la acusación de haber querido hacer pasar su posición personal respecto a la ley de interpretación como un pronunciamiento del tribunal en pleno.

Los jueces, que consideran inaplicable esa ley, aseguraron que la posición es de todo el Tribunal, pues los otros cuatro magistrados se declararon impedidos para votar en este caso.

En tanto, Sendero Luminoso amenazó con desatar una ola de atentados y asesinatos de gran envergadura contra distintas autoridades y empresas vinculadas a capitales extranjeros, según reveló un supuesto mando militar de ese grupo durante un programa de televisión transmitido la noche del domingo.

El miembro de Sendero Luminoso, cuya identidad no fue revelada, aseguró que Oscar Ramírez Durand remplazará al encarcelado líder del grupo, Abimael Guzmán, y ya está reconstruyendo la organización, en especial con jóvenes.

Este día, la policía desactivó una bomba que fue colocada por Sendero en un céntrico puente peatonal junto con una bandera roja con la hoz y el martillo. Un oficial de la unidad de desactivación de explosivos de la policía dijo que este tipo de actos senderistas son para celebrar sus 17 años de lucha armada y mantener su presencia en Lima.

En tanto, el general Máximo Rivera Díaz, ex jefe de la policía antiterrorismo y uno de los 26 acusados de descuido en la vigilancia que permitió la toma de rehenes en la residencia del embajador japonés por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, fue interrogado hoy por un tribunal militar. El ministro del Interior, general César Saucedo, acusó a 19 oficiales y a siete suboficiales de negligencia y desobediencia por no tomar las medidas de prevención y seguridad que hubiese evitado la toma de la mansión.

Riviera, quien asumió la jefatura de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), en julio de 1996, fue relevado de su cargo a principios de año por uno de los 72 rehenes que pasaron más de cuatro meses en manos del MRTA, por lo cual no podía ejercer su cargo.