Prohíben a las vocalías electorales recibir fondos de gobiernos locales

Mireya Cuéllar Ť Para ``fortalecer la autonomía'' del IFE y ``transparentar'' la relación que las delegaciones del órgano electoral tienen con los gobiernos estatales, el IFE, los 31 gobernadores y el regente de la ciudad de México firmaron un convenio de colaboración, que en su clausulado prohíbe a las vocalías del IFE recibir recursos directos de los gobiernos de los estados.

Asimismo, las juntas locales ejecutivas o vocalías no podrán usar personal en tareas electorales que sea contratado y pagado por el gobierno estatal con adscripción al IFE. Con estas medidas, el IFE pretende terminar con una ``tradición'' de seis años -desde su fundación-, según la cual sus delegaciones estatales negociaban y recibían directamente recursos de los gobiernos locales.

En un acto protocolario de firma de convenios, efectuado en la sede del IFE, al cual asistió una veintena de gobernadores y el regente Oscar Espinosa Villarreal, el presidente del Consejo General, José Woldenberg, dijo que la gran tarea del Estado, los partidos y la sociedad mexicana es consolidar el consenso en la vía electoral como la forma legítima de disputar y transmitir el gobierno y el Congreso.

Lo que se juega en estos años, añadió, es que las fuerzas políticas de la nación reconozcan las elecciones como el procedimiento natural de su disputa y su convivencia.

Las elecciones ``son el único camino cierto hacia el futuro político de México; la única respuesta frente a la pluralidad'', apuntó.

Durante su discurso -el único del acto- Woldenberg expresó que la organización de las elecciones es una responsabilidad compartida, porque el IFE debe encargarse del padrón y la logística, pero a las autoridades estatales toca ayudar en la recopilación de la información del Poder Judicial y del Registro Civil, así como proporcionar recursos materiales, financieros y espacios físicos para llevar a buen término la función electoral.

El hecho de que ahora los recursos financieros que los gobiernos estatales aporten para el proceso se entreguen a través de la Dirección Ejecutiva de Administración del IFE -para que ésta los distribuya a las vocalías- ``es una medida que aumenta la transparencia de nuestras relaciones y redunda en el fortalecimiento de nuestra autonomía'', explicó a un auditorio que no incluyó a ninguno de los gobernadores panistas.

No sólo los panistas consideraron innecesario asistir a la firma de convenio, también lo hicieron algunos priístas como Otto Granados, de Aguascalientes; Mario Villanueva, de Quintana Roo; Benjamín Clariond, de Nuevo León, y Víctor Cervera, de Yucatán.

El tema de los convenios provocó hace un par de meses una disputa entre consejeros electorales. Algunos de ellos consideran que les resta autonomía tener que recurrir a los gobiernos estatales para solventar los gastos de la elección.

En una entrevista al final del acto, el consejero Emilio Zebadúa consideró que, ante la cercanía del proceso y los recursos de que dispone el IFE, de momento lo único que se puede hacer es transparentar el proceso de transferencia, pero que el ideal a mediano plazo es que el IFE disponga de recursos suficientes para distribuir a sus oficinas estatales y distritales.

En tanto, el secretario ejecutivo del IFE, Felipe Solís Acero, comentó que están tratando de reducir ``hasta donde sea posible'' el hecho de que muchos contratos de arrendamiento de las oficinas del instituto en los estados los hacen directamente el gobierno y los arrendatarios. ``Somos una institución joven que no ha podido consolidar propiedades -no llegan a 10 las escrituradas a nombre del IFE en el país-'', puntualizó.

El IFE requiere 333 oficinas en todo el país para operar, sin contar las del Registro, que normalmente están aparte, porque necesitan mucho espacio para montar su infraestructura.

En 1994, recordó Solís, la institución inició un proceso mediante las vocalías para que los gobiernos de los estados donaran terrenos donde se construyeran las oficinas del IFE. El proyecto era construir en 1995 y 96 pero, la situación económica hizo que se redujera drásticamente el presupuesto.

Continúa en algunos estados la situación irregular

En Nayarit, el vocal ejecutivo del IFE, Antonio Herrera, informó que el gobierno del estado les entrega 120 mil pesos mensuales -en dinero y especie-, que son destinados al pago de 12 inmuebles, 30 líneas telefónicas y 3 mil litros de gasolina.

Además, hay 19 trabajadores del IFE -cuyos salarios están incluidos en la cantidad total-, denominados ``auxiliares administrativos'', que reciben el pago del gobierno del estado.

Los inmuebles del IFE en Nayarit son rentados y los contratos los hace el gobierno estatal.

En Durango, el vocal Carlos Estrada, dijo al corresponsal de La Jornada que no recordaba la cantidad exacta del personal que es contratado por el gobierno estatal y adscrito al IFE; pese a ello, mencionó que ``al menos dos secretarias son parte de la nomina de la administración estatal''.

En Sonora, en abril salió a relucir que personal del RFE es contratado por la Secretaría de Planeación de Gasto Público estatal.

En Chiapas, la corresponsalía verificó que el chofer del vocal Mario Villegas Nájera es pagado por el gobierno, que también provee del parque vehicular a la institución. (Jesús Narváez, Emanuel Salazar, Angeles Mariscal, Juan José León y Víctor Hernández Tamayo, corresponsales).