El encuentro realizado ayer entre el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, gobernadores y representantes de los gobiernos de las 31 entidades federativas, en el cual se firmó un convenio de colaboración y cooperación en materia de organización electoral y administración de los fondos destinados a tal actividad, hace pertinente formular algunas reflexiones sobre el punto en el que se encuentra el desarrollo de las instituciones electorales del país y, correlato obligado, la cultura política de la nación.

Por principio de cuentas, no deben soslayarse los avances logrados en los últimos años en materia de equidad, transparencia y confiabilidad en la organización de los comicios. Las recientes votaciones en Guerrero, estado de México y Morelos, que se saldaron sin conflictos poselectorales de relevancia, dan cuenta de ese avance y constituyen un precedente saludable y auspicioso para las elecciones que se llevarán a cabo el 6 de julio.

En esta perspectiva, el establecimiento de una dirección ciudadana, plenamente autónoma y colegiada en el IFE, representa otro dato positivo.

Por otra parte, no puede dejarse de lado que en la estructura operativa y organizativa de la máxima autoridad electoral federal, tanto en sus representaciones estatales como en su sede capitalina, persisten muchos funcionarios y operadores políticos ligados o cercanos a los sectores que, atrincherados en diversos ámbitos del Estado, en las filas del partido gobernante y en las organizaciones de masas de signo oficialista, querrían mantener contra viento y marea la viabilidad de un sistema político monolítico, corporativo, clientelar y antidemocrático que, en el México de las postrimerías del siglo XX, no da para más.

No debe olvidarse tampoco que tales sectores tienen, en varios de los ejecutivos estatales -algunos de los cuales estuvieron presentes en la reunión de ayer-, a uno de sus núcleos más duros e irreductibles.

Si los sectores mencionados se avienen a respetarlo, el acuerdo firmado ayer en el IFE puede convertirse en una importante contribución a la transparencia en la organización de los procesos electorales y al fortalecimiento de la autonomía de la máxima autoridad electoral del país.

Con todo, debe considerarse que la construcción de la democracia no es un asunto que concierna únicamente a las autoridades -electorales, federales, estatales, municipales o judiciales. Los protagonistas centrales de ese proceso deben ser, en cambio, los propios ciudadanos, tanto los que se afilian a partidos políticos como los que participan en asociaciones cívicas y los que, a título personal, deciden libremente, votan, cuidan su voto y se mantienen dispuestos a señalar y denunciar cualquier intento de distorsión de la voluntad popular.