Me parece que a don Justo Sierra nunca se le habría ocurrido que su ilustre nombre, asociado a la cultura, a la poesía, a la novela y desde luego a la política, muchos años después de su muerte exiliada (1912) iluminara el nombre de una organización que se autocalifica de sindicato, nada menos que algo así como Sindicato Progresista Justo Sierra de Trabajadores de Servicios de la República Mexicana y que hoy gobierna, con éxitos económicos sorprendentes, el mundo subterráneo de los contratos colectivos en que los trabajadores involucrados no tienen idea de su firma.

Hace unos días, los pilotos de una línea aérea ponían de manifiesto en un desplegado que en la empresa donde prestan sus servicios, sin su conocimiento ¡por supuesto!, se había firmado un contrato colectivo con esa organización cuyo objetivo evidente era impedir que los pilotos, obviamente vinculados a ASPA de México, pudieran exigir un contrato colectivo de trabajo adecuado a sus necesidades.

Esa es una hazaña normal. Pero empieza a ser sospechosa cuando el susodicho sindicato que lleva el nombre de tan ilustre campechano, un hombre de don Porfirio, es dueño absoluto de más de mil contratos que abarcan todas las ramas imaginables. Ahora, con eficacia sorprendente, invade los terrenos, generalmente propicios para el blanquismo contractual, de las empresas farmacéuticas, donde ha logrado un éxito espectacular: imponer un nuevo contrato colectivo de trabajo donde ya existía otro, afiliando con categorías diferentes de las mencionadas en el primero a múltiples empleados de confianza hasta integrar un número notablemente superior al de los viejos sindicalistas. La medida, de evidente salud social, se acompaña de juntas convocadas por la empresa en las cuales se presenta al dirigente sindical de nuevo ingreso con la modesta amenaza de que quien no se inscriba en el Justo Sierra tendrá problemas. Ya han sido despedidos veinte trabajadores de los cuales se ha indemnizado, quién sabe en qué medida, sólo a dos.

Al menos eso dice un interesante documento que ha llegado a mis inquietas manos, suscrito por Ranulfo Acosta y Eladio Pérez, respectivamente secretario tesorero y secretario general del sindicato que durante más de diez años manejó los asuntos colectivos. Curiosamen- te es un sindicato de la CTM que funcionó de manera cabal, con buenas prestaciones que ahora incomodan a los nuevos funcionarios de la empresa, recientemente traspasada a un poderoso grupo farmacéutico que hace derroche sintextico, ¡perdón! sintético, de imaginación para excluir a quienes, representaban cabalmente a los trabajadores.

¡Linda colusión entre la nueva y renovada empresa y los seguidores de don Justo! Ya Miguel Angel Granados Chapa advertía de esto hace tres días.

Pero las cosas no acaban ahí. Porque un poco a la chita callando, al menos para el gran público aunque para los especialistas laborales ya es historia vieja, esa notable organización dedicada al destacado campechano, es la más experta en contratos de esa misma especie, lo que pone de manifiesto la eficacia de nuestra vieja, por las mañas, Ley Federal del Trabajo (LFT), propicia para que se depositen contratos sin que los trabajadores se enteren.

Me cuentan que a don Lorenzo Servitje, un hombre al que admiro de verdad, esa organización le parece fenomenal porque no siendo de izquierda, mantiene un sello de independencia. No sería malo que se informase bien.

Esas cosas no sucederían, por supuesto, si del cielo donde viven los angelitos decisorios, no hubieran descendido a lo largo de los tiempos sugeren- cias, recomendaciones a empresarios con problemas de libertad sindical, registros, tomas de nota, inexistencias para los rivales y otras monerías por el estilo. Contra esa colusión es difícil combatir.

¿No habrá llegado el momento de reformar aunque sólo sea en eso la LFT y exigir que en la formación de un sindicato, en la celebración de un Contrato Colectivo de Trabajo y en la decisión de ir a una huelga se recabe previamente el consenso de una asamblea? Con sólo ese cambio los contratos de protección pasarían a la historia. El problema, obviamente, se encuentra en los compromisos corporativos del sistema político. Sin la menor duda: hay que ganar las elecciones.