Reformas política y administrativa

``Democracia para un buen gobierno'' se llama la plataforma política para el Distrito Federal que el Partido Acción Nacional (PAN) presenta al electorado para el trienio 1997-2000. El proyecto de gobierno panista plantea edificar instituciones democráticas que frenen la inseguridad, violencia, pobreza, corrupción, quebranto del orden jurídico, insuficiencia en la prestación de servicios y dificultades para cumplir con derechos esenciales como empleo, vivienda y educación.

En caso de encabezar el gobierno de la capital del país, su candidato, Carlos Castillo Peraza, propone un programa que consta de dos ejes fundamentales:

Una reforma política que garantice la democracia y la división de poderes al promover la participación ciudadana, la responsabilidad gubernamental y la legitimidad de origen y de ejercicio de autoridades.

Una reforma administrativa que redistribuya adecuadamente funciones gubernamentales y los recursos presupuestales entre los órganos ejecutivos centrales, desconcentrados y descentralizados del gobierno del Distrito Federal.

Gobernabilidad. La plataforma política de Castillo Peraza expone que la característica identificada bajo el término gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de atención a demandas ciudadanas por parte de la autoridad constituida y que se traduce en la conservación de la paz y el orden público.

``Esta característica debe considerarse al momento de diseñar y aplicar las políticas y acciones gubernamentales. Toda acción de gobierno implica potenciales costos políticos que pudieran minar las capacidades de la administración y convertir sus acciones en sucesos que en un momento dado pueden resultar más perjudiciales que benéficos.

``La viabilidad de la acción gubernamental no se concreta sólo en la conservación de las condiciones de estabilidad y orden''. Argumenta que es preciso que el nuevo gobierno oriente sus acciones bajo los principios siguientes:

--Procurar que sus acciones se encaminen a la generación de bienes públicos.

--Considerar en todos los casos la opinión de los ciudadanos a los que afecte la acción gubernamental, y

--Rescatar la validez del principio de autoridad, a fin de encauzar constructivamente los esfuerzos de la ciudad, fundado en una vocación que conjunte la capacidad y obligación de servir, abandonando los criterios que le han permitido a algunos gobernantes ejercer la política como oportunidad de dominio y lucro indebido.

Seguridad y Justicia. Redimensionar el papel de las instituciones de seguridad pública y fortalecer la participación ciudadana en esa materia, aduce el PAN, constituyen los factores claves para hacer más eficiente ese sector. Por lo que se proponen los siguientes cambios legales:

--Reformar integralmente la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal para que este ordenamiento quede estructurado en concordancia con las reformas en la materia efectuadas en 1994 y a la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el ámbito de la aplicación de la justicia, la plataforma panista destaca que se requiere una transformación completa ``en atención a que su inefectividad contribuye a fijar una imagen deficiente de las autoridades responsables de la seguridad pública.

--Abrogar el actual Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica del Distrito Federal y sustituirlo con una ley de justicia cívica para el Distrito Federal, con la finalidad de reorganizar la normatividad de los juzgados cívicos, de actualizar el catálogo de faltas administrativas, además de clarificar los procedimientos para sancionar dichas faltas y prevenir la corrupción de las instancias.

Políticas sociales. El jefe de gobierno en el Distrito Federal tendrá la responsabilidad de responder a las necesidades que le sean planteadas en materia de bienestar social, sin reproducir esquemas paternalistas y clientelares.

--Erradicar el criterio partidista y presidencialista que se le ha conferido a la política de bienestar social; auditar la operación de los programas emprendidos por la última gestión del Departamento del Distrito Federal, y establecer políticas de bienestar social con cáracter subsidiario en los siguientes rubros: tenencia de la tierra y vivienda, infraestructura urbana, salud, educación y programas asistenciales a los grupos marginados.

Derechos humanos y conflictividad social. Actualizar y desarrollar el marco jurídico de la protección a las minorías; establecer condiciones de igualdad en el uso de bienes y servicios públicos, en beneficio de los grupos vulnerables, y promover el respeto y la protección de la vida humana y la dignidad de la persona, desde el momento de la concepción hasta su muerte.

Ambulantaje. ``La falta de oportunidades educativas y laborales, la marginación económica y las dificultades para acceder al comercio formal, han propiciado la búsqueda de recursos para la subsistencia a través de prácticas como el comercio ambulante, prácticas que por sí mismas producen una serie de consecuencias no exentas de conflictividad. Los programas de reordenación del comercio ambulante han resultado ineficaces. Los acuerdos suscritos entre ambulantes y autoridades han sido cumplidos''.

Marchas y manifestaciones. En ese tema, el PAN plantea respetar el derecho de petición y cumplir con la obligación legal de dar respuesta a las solicitudes y consultas dirigidas a las autoridades; promover el respeto del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en lo que se refiere a la obligación de sus habitantes de utilizar las vías y espacios públicos conforme a la naturaleza y destino, así como de ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos, y privilegiar el diálogo como la vía para la resolución de conflictos.

Empleo. La propuesta de Acción Nacional pretende orientar la política de promoción de empleo en las siguientes ramas productivas: de la construcción, manufacturera, turismo y textil no contaminante; fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas a través de un programa de desregulación efectiva, y fortalecer la operación de la Dirección General del Trabajo y Previsión Social del Distrito Federal. (Roberto Garduño).