SRE: desde enero, deportación selectiva de mexicanos en Chicago
David Aponte Ť La cancillería detectó un caso de ``deportación y expulsión selectiva'' de trabajadores migratorios en la jurisdicción del consulado en Chicago. A partir de enero de 1997, el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) lleva a cabo redadas en fábricas y empresas donde laboran los connacionales y el 80 por ciento de los detenidos son de origen mexicano, informó el cónsul Leonardo French Iduarte.
Los abogados consultores de la representación consular, organizaciones no gubernamentales y legisladores estadunidenses de origen mexicano preparan una demanda legal por ``discriminación'' en contra del SIN, por considerar que los agentes no aplican de manera igualitaria las leyes migratorias y están enfocados a un grupo étnico.
Desde que entraron en vigor los aspectos más agresivos de la ley antiinmigrante, conocida como Acta de 1996, este es el primer caso de deportación selectiva en contra de migrantes mexicanos residentes en el área de Chicago.
Como rasgo principal, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) encontró que el SIN recibe supuestos avisos anónimos de los centros de trabajo que ocupan principalmente mano de obra mexicana.
``Efectivamente hay redadas (de agentes del SIN) en donde trabajan mexicanos. El departamento de Protección del consulado labora al 100 por ciento para proteger los derechos humanos y laborales de los connacionales'', dijo el cónsul en Chicago.
En conversación telefónica, explicó que la jurisdicción de esa zona del estado de Illinois alberga inmigración europea y mexicana, 50 por ciento de cada una de ellas. Sin embargo, los consulados europeos no han tenido ningún reporte de deportaciones o salidas voluntarias de los migrantes provenientes de Europa, indicó.
Actualmente, poco más de un millón de connacionales residen en la jurisdicción del consulado en Chicago. Los migrantes son originarios de Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Durango, principalmente, según las estadísticas de la propia representación consular.
Ffrench dijo que el número de mexicanos deportados o repatriados en los primeros cuatro meses de 1997 no es equiparable con los detenidos de otras nacionalidades. Ante el reclamo de organizaciones no gubernamentales y los representantes populares estadunidenses de origen mexicano, los oficiales del SIN argumentaron que los agentes de Migración actúan con base en denuncias anónimas.
Incluso, las autoridades del SIN mencionaron que los pitazos llegan de personas que hablan en inglés con acento en español. ``Son acciones de los propios hispanos con residencia legal que no quieren que haya hispanos indocumentados en la región, porque deprimen los salarios de los trabajadores documentados.
``Con dolor sabemos que en ocasiones las denuncias están relacionadas con rencillas personales'', según la información del Servicio de Inmigración y Naturalización.
El cónsul Ffrench mencionó que 500 mexicanos han sido detenidos en las re-dadas del SIN en los últimos cuatro meses, en la jurisdicción consular de Chicago. La cifra contrasta con los mil 400 connacionales repatriados en 1996. De tal forma que ``tendremos una cifra sensiblemente superior en el año en curso'', dijo.
Por ahora, los abogados consultores del consulado, las organizaciones no gubernamentales de apoyo a los migrantes, los legisladores locales Luis Gutiérrez y Jesús García y el concejal Ricardo Muñoz recaban las evidencias de la posible ``deportación selectiva'' para determinar la posibilidad de presentar una demanda legal en contra del SIN.
La acción jurídica por discriminación, denominada class action, estaría fundamentada en que los agentes migratorios no aplican las leyes de manera igualitaria y están enfocados a un grupo étnico, en este caso a los migrantes mexicanos, desde hace algunos meses, explicó el cónsul.
Ante esta nueva situación, la representación consular ha reforzado el área de protección y ha asumido una mayor vigilancia en cuanto a las repatriaciones de los connacionales, agregó.
La SRE también ha tomado conocimiento de este primer caso de detenciones selectivas. La demanda legal contra el SIN, oficina que depende del Departamento de Justicia, estaría apoyada por la cancillería, de acuerdo con reportes de la subsecretaría de Asuntos Bilaterales.