Como se ha dicho antes en este espacio, la autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE) no adquirió vigencia con su sola inscripción en la ley, sino está aún en construcción. Hay en ese sentido un empeñoso esfuerzo de todos los consejeros del Consejo General y de miles de consejeros estatales y distritales en todo el país, por lo general con la activa participación de las estructuras operativas del IFE, en algunas de las cuales ha habido focos de resistencia, explicable ante el nuevo marco legal que las rige y que las subordinó a las decisiones de los consejos respectivos. Es de esperarse que, donde exista, sea una resistencia pasajera.

Ahora bien, contra los objetivos de transparencia y credibilidad militan actores políticos casi siempre identificados con el régimen de partido de Estado y que, habituados a viejos controles muchas veces ilegítimos, golpean al IFE y a sus consejeros, intentan debilitarlo y pugnan por mantener en sus estructuras a funcionarios dúctiles, dispuestos a las fraudulencias de antes. En este caso se sitúa el estado de Quintana Roo, donde el vocal ejecutivo nombrado por el IFE, José Carlos Germán Silva Suárez, ha sido impugnado por el Partido Revolucionario Institucional y cuestionado por integrantes de las juntas ejecutivas local y distritales de la entidad.

La principal objeción del PRI es que Silva actuó en la anterior elección federal como representante del Partido de la Revolución Democrática en una casilla de Cancún. Aunque este hecho es real, esa pasada representación no lo inhabilita para su actual cargo, en el que ha sido ratificado por la autoridad electoral. El PRI impugnó tal ratificación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la misma instancia que recientemente, a solicitud del PRI, revocó dos relevantes acuerdos del Consejo General del Instituto. Pues bien, el Tribunal rechazó en febrero la impugnación priísta contra Silva, como lo ha precisado el consejero Mauricio Merino (La Jornada, miércoles 14 de mayo de 1997, p. 2).

Independientemente de las acciones por la vía legal, fuerzas afines al PRI han hostilizado al vocal ejecutivo del IFE en Quintana Roo, hostilidad que alcanzó el sábado 10 de mayo al propio presidente del Instituto, José Woldenberg. Haya sido una agresión verbal y física como informó David Sosa, corresponsal de La Jornada, o un incidente menor en versión del IFE, no puede haber duda de que se trató de expresiones hostiles contra Woldenberg, seguramente patrocinadas por el gobernador Mario Villanueva Madrid. Es decir, lo que no se obtuvo por la vía legal se busca por medio de la presión y la amenaza.

Es el gobernador el principal responsable de las acciones contra Silva, porque no quiere en Quintana Roo a un vocal ejecutivo electoral sobre quien carezca control. Daría lo mismo si el vocal fuera otro y no Silva. Si no estuviera bajo su control, Villanueva lo impugnaría por la vía de los hechos.

En realidad, en este conflictivo asunto, no le importa tanto al gobernador quién llegó a presidir al IFE local como quién dejó de hacerlo. Y el que salió, Antonio Hoy Manzanilla, gozaba de la confianza del gobernador, pero fue objetado fundadamente por el PRD y el PAN, por lo cual el IFE lo removió.

El IFE afronta en Quintana Roo una de esas fuerzas dinosáuricas que practican el caciquismo y se resisten a retroceder aun cuando miren que los tiempos ya son otros.

Algunos conocedores de la vida política quintanarroense no encuentran extrañas las acciones contra Silva --cuya renuncia ha sido demandada por integrantes de las juntas local y distrital y descartada por el IFE-- porque obedecen evidentemente a los propósitos caciquiles de Villanueva Madrid, quien ha repetido contra el vocal ejecutivo el esquema de impugnación y acoso usado contra otros representantes de instituciones federales nombrados sin su anuencia, e incluso contra dirigentes estatales del PRI. Y es posible que en este mismo esquema se ubiquen las amenazas recibidas por Tulio Arroyo, representante de Alianza Cívica en Quintana Roo (La Jornada, viernes 16 de mayo de 1997, p. 2).

Es claro que el caciquismo quintanarroense debe ser frenado.

Pablo Chapa Bezanilla, cuyos presuntos delitos no han sido probados, tiene derecho a un juicio justo y a garantías que lo protejan de obvias amenazas contra su vida. Pero más allá del destino que le aguarde, su caso, distinto pero sumable al de Mario Ruiz Massieu y a los de otros ex funcionarios de la Procuraduría General de la República, prueba el deplorable estado en que se halla la procuración de justicia en este país.