El esclarecimiento pleno de lo ocurrido durante el sexenio anterior en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y sus filiales Diconsa, Liconsa e Iconsa es, amén de necesario, inevitable.

Tal esclarecimiento debe darse en dos vertientes. Por una parte, es imperiosa una indagación judicial amplia, imparcial y decidida, que despeje o reafirme las múltiples sospechas y los indicios acerca de malos manejos financieros que podrían dar pie a la persecución de una amplia gama de delitos, desde malversación de fondos públicos hasta lavado de dinero procedente del narcotráfico.

Desde la perspectiva de la procuración de justicia y el combate a la impunidad, el pleno acceso a los documentos y archivos relacionados con las recientes administraciones de Conasupo parece haberse convertido en el nudo gordiano que es preciso desatar, o cortar, para sacar a la luz los núcleos de corrupción en gran escala sobre cuya existencia en el aparato gubernamental existen justificadas y atendibles sospechas. Más aún, del examen legislativo y judicial de tales elementos -y, particularmente, de los vinculados con el paso de Raúl Salinas por las oficinas de esa paraestatal- podrían surgir datos que permitieran lograr avances en las cada vez más enmarañadas y empantanadas pesquisas sobre los sonados homicidios de 1994, así como inculpar o exonerar, de una vez por todas, a políticos y empresarios cuyos nombres han sido mencionados, con o sin fundamento, en el curso de las investigaciones.

Por otra parte, y más allá del ámbito de los procedimientos judiciales, es necesario revisar las decisiones políticas y económicas que condujeron al progresivo achicamiento y pérdida de atribuciones de la paraestatal, la cual, a pesar de presuntas corruptelas, desvíos y latrocinios, desempeñaba un papel fundamental como mecanismo de bienestar social, redistribución de la riqueza y asistencia a los sectores más necesitados de la población, y como instrumento de regulación y estabilización de la producción agrícola nacional.

Ante la importancia de esas tareas, las decisiones sobre la reducción de Conasupo, la desaparición de varias de sus empresas filiales y la liquidación de muchas de sus funciones, habrían debido ser sometidas a un amplio debate nacional previo. En cambio, se trató de determinaciones implantadas por vía administrativa y unilateral, pese a las negativas consecuencias que acarrearon sobre la economía de los grupos más desfavorecidos de la población nacional.

Por los motivos antes expuestos, es claro que el examen público, la revisión parlamentaria y la investigación judicial en torno a los manejos administrativos poco claros y los presuntos delitos cometidos en la administración de Conasupo, así como las decisiones gubernamentales sobre esa institución, son tareas necesarias e ineludibles que habrán de realizarse tarde o temprano, al margen de consideraciones políticas o electorales, y que si la presente Legislatura no reabre la indagación tendrán que hacerlo los legisladores que resulten electos en los comicios del 6 de julio.