Las recientes agresiones a la comunidad universitaria fueron denunciadas inmediatamente por la Rectoría a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que respondió identificando a los culpables y dictando las órdenes de arresto correspondientes. Esta acción fue apoyada y aplaudida por la mayoría de los profesores y estudiantes de la UNAM (el CEU la criticó y apoyó a los agresores, mientras el STUNAM no dio color en este asunto, quizá porque la última agresión ocurrió cuando se encontraba en plenas elecciones para renovar su Mesa Directiva). A mí me tocó escuchar una opinión crítica de la decisión del rector Barnés, de denunciar los delitos cometidos en contra de estudiantes universitarios ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, porque eso iba ``en contra de la autonomía universitaria''. Esta era una postura generalizada en los tiempos del rector González Casanova, en que Castro Bustos, un desequilibrado mental y delincuente menor (que fue entrevistado en la Tv por Jacobo Zabludowsky) mantuvo paralizada a la UNAM durante casi un mes mientras Mario Falcón pintaba un gran mural del Ché Guevara en una pared de la Facultad de Ciencias. Para que Bustos se fuera y dejara tranquila a la UNAM se intentó todo excepto lo obvio, que era llamar a la policía para que lo sacara de ahí y lo metiera en la cárcel o en el manicomio, que era donde debía estar, pero eso no se hizo porque iba ``en contra de la autonomía universitaria''.

Creo que la idea de que el territorio ocupado por las instalaciones universitarias está vedado a las autoridades del Ministerio Público o de la fuerza pública tiene dos orígenes: por un lado, el recuerdo de otros tiempos, anteriores a que se ganara la autonomía universitaria, en que no sólo la policía sino hasta el Ejército acudían a dispersar los movimientos estudiantiles, tanto en la calle como en el interior de las escuelas, sumado el recuerdo del 68, en que el Ejército ocupó Ciudad Universitaria y docenas de estudiantes y profesores fueron encerrados en el Campo Militar No. 1; por otro lado, un concepto equivocado del sentido y del alcance de la ``autonomía'' universitaria, que la entiende como ``no sujeta a las leyes civiles y penales del país''. El primer origen mencionado es tan doloroso como real: la presencia de la fuerza pública dentro de los recintos universitarios siempre se ha asociado con gobiernos autoritarios y con represión violenta de protestas de justicia y demandas de mayor democracia; las agresiones policiales y del Ejército contra los estudiantes y maestros universitarios, que precedieron a la concesión de la autonomía en 1929, así como la ocupación de la Ciudad Universitaria por el Ejército en el 68, que culminó con la matanza brutal de Tlatelolco, fueron las respuestas del gobierno a movimientos sociales (universitario el primero, nacional el segundo) que perseguían metas no gratas a las autoridades públicas pero claramente justificadas y justificables por los que protestaban. La persecución de los universitarios no buscaba resolver un conflicto estudiantil interno, sino apagar un movimiento que amenazaba a la raíz misma del poder público. Estos recuerdos se agitan cada vez que se menciona la posibilidad de permitir que la policía ingrese a las instalaciones de la UNAM, aun en aquellos que sostenemos que si bien los problemas universitarios (estudiantiles, sindicales o de profesores) no los debe resolver la policía, también estamos convencidos que los delitos del orden común, como robos, violaciones, agresiones físicas, heridas y asesinatos, sí reclaman la participación de la fuerza pública.

Como parte integral de México, la UNAM está sujeta a la misma Constitución y a las mismas leyes que gobiernan al resto del país; su ``autonomía'' significa que es libre para darse a sí misma la estructura que más le convenga para cumplir con sus funciones en forma óptima, y para darse las autoridades que elija de acuerdo con la Ley Orgánica que la rige. La ``autonomía'' no la pone ni al margen ni por encima de las leyes que gobiernan al resto de las instituciones y de las personas de este país. La ``autonomía'' tampoco significa ``independencia económica'', como algunos han sugerido, ni el hecho de que la mayor parte de su presupuesto provenga del gobierno la cancela, como piensan los cínicos. Después de todo, los fondos que maneja el sector público no son del Estado sino de todo México, de modo que no es el gobierno el que proporciona el subsidio de la UNAM sino la sociedad mexicana, a la que pertenece y de la que no quiere ser ``autónoma'' sino en la medida en que tal estructura le permita servirla mejor.

La denuncia del rector Barnés ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de las recientes agresiones sufridas por estudiantes de la UNAM, dará como resultado que de ahora en adelante nuestra casa de estudios ya no sea tan vulnerable ni esté tan expuesta a ataques y violencias como lo ha sido hasta hoy, o que por lo menos lo sea igual que el resto de las instituciones y las personas de este país, sin que tal beneficio afecte en modo alguno a su autonomía.